En las últimas semanas en Nicaragua, la violencia cometida por adolescentes fuera de las escuelas ha acaparado la atención de padres, docentes y el Ministerio de Educación (Mined). Este fenómeno preocupa a la sociedad porque, aunque la identidad estudiantil ha intensificado en los últimos días sus campañas contra el bullying en redes sociales, la percepción de impunidad entre los jóvenes agresores aumenta los riesgos de incidentes graves, incluso la muerte.
En este Diver-Check te explicamos qué consecuencias legales enfrentan los adolescentes que agreden a otros y cómo la correcta aplicación de las medidas socioeducativas puede proteger y rehabilitar a los menores, evitando la criminalización temprana.
¿Quién es considerado niño y quién adolescente?
Según el artículo 2 del Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua, se considera niño o niña a toda persona que no haya cumplido los 13 años de edad, y adolescente a quienes tengan entre 13 y 18 años no cumplidos.
A partir de los 18 años cumplidos, una persona deja de ser considerada adolescente y responde penalmente bajo las normas aplicables a los adultos, como ocurre en el caso de Didier Alexandro Martínez Gómez, quien está siendo procesado luego de que, presuntamente, junto a otros jóvenes, agredieran a un estudiante de secundaria en el municipio de Chichigalpa. Hoy está siendo acusado por robo agravado con violencia e intimidación, así como por homicidio en grado de frustración.
¿Qué pasa cuando un menor comete un delito?
La ley establece que cuando un menor de edad es señalado de cometer un delito o se acusa formalmente debe ser remitido a las autoridades administrativas competentes, garantizando la protección integral, se respeten sus derechos, libertades y garantías. Eso significa, tener un juicio justo, derecho a la defensa, y es que, para el Estado, el principio central de la norma es que el Estado prioriza el interés superior del niño y del adolescente, pues “es el bien protegido”, indica un abogado penalista consultado por DIVERGENTES en condición de anonimato.
Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, los menores de 13 años que cometan un delito no enfrentan un proceso dentro de la justicia penal juvenil. La ley establece que están exentos de responsabilidad penal y, por tanto, no pueden recibir sanciones que impliquen privarlos de su libertad.
En el caso de los adolescentes, la legislación establece que cualquier proceso judicial debe de desarrollarse bajo la Justicia Penal Especial del Adolescente, tanto en la etapa procesal como en la ejecución de las medidas, a cargo de autoridades y órganos especializados.
Sin embargo, el especialista en derecho considera que las diferencias entre el sistema penal juvenil y el de los adultos generan debates sobre la aplicación de la ley y la misma percepción de impunidad.
“Los mismos fiscales y defensores públicos juegan con el tema de las edades y crean mayor impunidad. Es necesario que se aplique la norma, que es más rigurosa con los mayores de edad, pero es menos rigurosa para los niños y adolescentes, pues gozan de privilegios que permiten evadir sus responsabilidades al cometer un delito”, afirma.
Su calificación legal del delito o falta cometida será determinada por el Código Penal de Nicaragua y las leyes especiales.
¿Qué derechos tiene un adolescente durante el proceso?
La ley protege su identidad y privacidad, por lo que se prohíbe divulgar información o datos que permitan identificarlos.
Además, la madre, padres o tutores pueden participar durante el proceso judicial, ya sea para apoyar la defensa o aportar información relevante sobre el entorno y las condiciones de vida del adolescente. Esto busca que las autoridades no solo analicen el presunto delito, sino también factores personales, familiares y sociales antes de tomar una decisión, dice el abogado.
Si un adolescente de entre 15 y 18 años llega a enfrentar una medida que restrinja su libertad, ya sea temporal o definitiva, no puede permanecer en instalaciones para y con personas adultas.
Incluso en casos de detención en flagrancia, el Código de la Niñez establece que debe ser trasladado a centros destinados exclusivamente para adolescentes.
¿Qué pasa si el adolescente huye?
La ausencia del adolescente no detiene completamente el proceso. Es decir, aunque la persona investigada no esté presente, las autoridades encargadas pueden continuar recabando pruebas y ordenar la localización de este.
El proceso se mantiene suspendido hasta que esté presente, pero si este no lo hiciere se interrumpirá la prescripción de la acción penal, hasta que cumpla los 18 años de edad.
¿Puede evitarse un juicio?
Aunque la ley obliga a las autoridades a investigar y actuar ante delitos cometidos por adolescentes, también contempla excepciones.
En algunos casos, un juez puede limitar o incluso detener el proceso si la participación del adolescente fue menor, si él mismo resultó gravemente afectado por lo ocurrido o si continuar con la acusación no tendría un efecto relevante frente a otras medidas ya impuestas.
La ley también contempla la conciliación, un acto jurisdiccional voluntario que también se da entre los adolescentes, con el fin de lograr un acuerdo para la reparación, restitución de pago del daño causado por el adolescente, este proceso no aplica para los delitos cuya pena merezca medidas de privación de libertad.
¿Qué medidas puede recibir un adolescente?
Según el penalista, si se comprueba que el adolescente cometió un hecho delictivo, de acuerdo al Código de la Niñez se orientará medidas socioeducativas orientadas a la rehabilitación y no únicamente al castigo.
Estas pueden incluir orientación y apoyo socio familiar, advertencia o amonestación, la libertad asistida, prestar servicios a la comunidad y reparar los daños a la víctima. También pueden aplicarse las medidas de supervisión, como evitar el contacto con determinadas personas, instalarse en un lugar de residencia, matricularse en un centro educativo que le enseñe una profesión u oficio, inscribirse a un programa ocupaciones y abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas.
En algunos casos también puede ordenarse un tratamiento de desintoxicación y en el último caso, según el abogado, se envían medidas de privativas de libertad, ya sea en su domicilio, durante tiempo libre o en centros especializados.
¿Cuándo un adolescente puede perder su libertad?
La privación de libertad es una de las medidas más severas previstas por la ley y se aplica en casos de delitos graves, entre ellos homicidio, asesinato, violación, lesiones graves, robo y tráfico de drogas, entre otros, dice el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Sin embargo, a diferencia del sistema penal para adultos, el objetivo no es únicamente sancionar, sino también buscar la rehabilitación y reintegración del adolescente.
La ley establece que un adolescente enviado a un centro especializado no puede permanecer bajo esta medida por más de seis años. Además, un juez puede valorar otros factores antes de decidir si mantiene o modifica la medida, como los esfuerzos del joven por reparar el daño causado, su entorno familiar, su situación social o las posibilidades de continuar sus estudios o incorporarse al trabajo.
Los adolescentes que enfrentan una medida privativa de libertad no son enviados a cárceles para adultos. Deben permanecer en centros especiales destinados exclusivamente para menores de edad, separados por edad y por su situación judicial.
Incluso si una persona cumple los 18 años mientras permanece en el centro, la ley establece que continuará en una instalación especializada y mantendrá un programa orientado a su rehabilitación. Antes de abandonar el centro, también debe recibir acompañamiento profesional y apoyo familiar para facilitar su reintegración a la sociedad.
La ley y la realidad de los adolescentes
“La norma es hermosa”, dice el abogado consultado. Pero considera que el principal problema está en su aplicación. “La ley existe pero no se cumple, es lo que vemos a diario en las calles con niños y adolescentes cometiendo delitos”.
El penalista señala que los centros especializados para adolescentes nunca han cumplido completamente con el propósito para el cual fueron creados, y es que, mientras el sistema penal de adultos se enfoca en la retribución y el control, el sistema especializado se rige por el principio del interés superior del niño y el adolescente. “Su objetivo principal no es el castigo, sino la educación, la protección y la reintegración social, pero nunca lo ha habido”, dice.
El abogado agrega que existe una adultización del sistema, “pues los adolescentes deben estar en un centro especializado con un enfoque 100% educativo y psicopedagógico, pero el principal penal se encuentra en el complejo penitenciario de Tipitapa, administrado por la Dirección del Sistema Penitenciario, con policías sin capacitación pedagógica o psicológica, simplemente sigue el patrón de formación rígida y represiva que se usa con los reos adultos”.
Sostiene que otro de los problemas en Nicaragua, es que la falta de presupuesto limita las posibilidades reales de rehabilitación. “Se necesita inversión económica con la contratación de psicólogos, trabajadores sociales, educación de calidad, espacios modernos y no que solo envíen a los pasantes a brindar consultas o acompañamientos a los menores sin una supervisión adecuada, porque eso es lo que pasa. El centro está lleno de pasantes que si bien no es adecuado para su formación como profesional pero no tienen la experiencia de tratar con un menor que cometió un delito, que viene de una familia complicada, violenta”.
Una psicóloga clínica consultada por DIVERGENTES en condición de anonimato coincide y asegura que muchos programas disponibles para adolescentes presentan deficiencias. “Para que un joven se rehabilite necesita tener la mente ocupada en ocupaciones de provecho y de crecimiento”, explica.
La situación según el penalista es aún más compleja fuera de Managua debido a la escasez de centros especializados. “Muchos de los adolescentes terminan en prisión preventiva en delegaciones policiales improvisadas en las mismas cárceles locales, además de que ya se conoce el hacinamiento que existe, entonces los chavalos absorben la cultura carcelaria en un instante”.
Agrega que, en algunos casos, adolescentes involucrados en delitos menores terminan compartiendo espacios con quienes cometieron delitos más graves. “En lugar de aprender nuevas conductas, el chavalo sale peor. Adopta conductas más violentas, tiene más resentimiento social, entonces al salir, vuelve a las mismas conductas y a cometer delitos”.