Familiares de presos políticos han lanzado un llamado de emergencia por la salud de los reos de conciencia que empeora cada día dentro de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote. “Realmente los están matando de hambre, ese es el patrón que vemos en todas las personas que están detenidas”, dijo César Dubois, esposo de Suyén Barahona, una de las presas políticas de la dictadura.
Barahona, presidenta de la Unión Democrática Nicaragüense (Unamos, antes Movimiento Renovador Sandinista), pierde en cada visita más libras de peso. Los médicos ya no le informan sobre su estado, por lo cual es más difícil de conocer su condición. Ahora, llegan hasta la celda en la que se encuentran y no le dicen nada sobre el diagnóstico. Dubois explicó que de las catorce bebidas semanales que les entregan, solo tiene acceso a tres. “El tema de los alimentos es grave, la atención médica es deficiente, no le entregan las medicinas a tiempo ni en forma, sino como ellos quieren”, denunció.
“Lo que está haciendo la dictadura en las cárceles, es intentar matar de manera lenta a nuestras presas y presos”, agregó por su parte Héctor Mairena, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), uno de los grupos que adversan al régimen.
Por ello, los familiares de presos políticos han hecho un llamado a la comunidad internacional tras una nueva ronda de visitas que autorizó la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, que desde mediados de 2021 encerró a más de cuarenta nicaragüenses en una oleada represiva contra las voces críticas del país.
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Las enfermedades, según denuncian los familiares, se han extendido a agravamientos de problemas cardíacos y de presión arterial, mal abordaje de la salud mental, problemas de salud dental y lesiones corporales. La mayoría de los detenidos han sido sometidos a un estricto régimen de aislamiento, en el que tienen poco acceso al sol y no son atendidos de manera pertinente.
Quemaduras y lesiones en la piel
El abogado Róger Reyes, integrante de la UNAB que fue condenado a diez años de cárcel por el supuesto delito de “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”, presentó quemaduras en el rostro debido a la aplicación de una pomada para manchas en la piel que fue solicitada por las mismas autoridades y no aplicó de manera adecuada. “Lo encontré con el rostro quemado, la nariz, los cachetes, los pómulos y frente tenían una quemadura de segundo grado”, relató a este medio su esposa, Fernanda Guevara.
Reyes encarna uno de los casos más dramáticos de este grupo de detenidos, pues ha registrado pérdida de memoria y problemas emocionales que ameritan cuidados psiquiátricos. Los traumas del abogado han llegado hasta el punto de no recordar cómo fue su captura ni varios episodios familiares. “Él se encuentra firme, creyendo en Dios. Lo siento más enfocado en su fe que en la político. Él sabe que no ha hecho nada malo”, reiteró Guevara.
A más de diez meses de su encierro, el líder estudiantil Lesther Alemán presenta problemas de presión arterial. El mismo padecimiento también lo sufren Juan Lorenzo Holmann, director de La Prensa; y el cronista deportivo Miguel Mendoza, según denunciaron sus familiares.
En el caso de Víctor Hugo Tinoco, exvicecanciller de Nicaragua, su depresión se ha agudizado debido a que por tres semanas no recibió su tratamiento prescrito para la ansiedad. En el caso de Violeta Granera, miembro del Consejo Político de la UNAB, ha perdido la mayoría de sus piezas dentales, según denuncian los familiares.
En el caso de Walter Gómez, funcionario de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), ha perdido varias libras de peso que puede comprometer su salud. Su esposa, María Consuelo Céspedes, denunció a Artículo 66 que se encuentra “demacrado, pálido y decaído de ánimo”. “En cada visita son cinco u ocho libras menos de peso. Es un esqueleto”, denunció.
Piden atención médica especializada
Los familiares de presos políticos instaron a que se respeten los derechos de los detenidos bajo las Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas. También solicitan atención médica especializada, apropiada y oportuna, el cumplimiento de un régimen de visitas conforme a la ley, la entrega de material de lectura y Biblias, mejores condiciones de higiene, luz y ventilación; así como el cese de celdas de 2×2 metros en los casos de Miguel Mendoza, Juan Lorenzo Holmann, Medardo Mairena, Yader Parajón, Freddy Navas y Michael Healy. Y el cese de aislamiento en el caso de Tamara Dávila, Suyén Barahona, Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil.
La situación de los reos de conciencia eleva la preocupación de los familiares, quienes temen que se repita una muerte como la que sucedió al comandante Hugo Torres Jiménez, fallecido tras varios meses en los que su salud se deterioró. Y es que más de una decena de presos políticos son personas de la tercera edad que padecen enfermedades crónicas. Uno de ellos es Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijo de la expresidenta Violeta Barrios, a quien el régimen le impuso casa por cárcel el primero de mayo.