La nueva orden dada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU), de exigir a las universidades públicas y privadas que informen al órgano rector los movimientos migratorios de su personal educativo, administrativo y directivo, reafirma la “paranoia” de la pareja presidencial y su “mentalidad cavernaria” de querer controlar a los académicos en Nicaragua, consideraron especialistas en educación.
La circular emitida por el CNU a sus rectores, con fecha del cuatro de agosto, señala que la decisión fue tomada con base al numeral 14 del artículo 58 de la Ley 89 de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. Sin embargo, dicha disposición no refiere que el personal debe reportar al órgano rector su movimiento migratorio.
El artículo en mención lo que dice textualmente es que el CNU podrá “requerir a las Instituciones de Educación Superior (IES) la información necesaria para su mejor desempeño y el de la Educación Superior”, interpretado por la dictadura como un control político sobre los empleados e instituciones públicas, afirmaron los expertos.
El documento del CNU exige a los rectores también reportar “formalmente” el nombre completo de la persona que va a entrar o salir del país, su identificación o número de pasaporte, país de procedencia o destino, fecha de entrada o salida del país, motivo de la visita, así como la duración de la misma.
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A juicio del exrector y expresidente del CNU, Ernesto Medina, esta nueva orden del régimen reafirma la “concreción” de lo que se temía con la reforma a la Ley 89, que es darle al órgano rector poderes para que anulen, no solo la autonomía universitaria, “sino también los derechos establecidos en la Constitución a todos los ciudadanos”.
“La Constitución Política de Nicaragua establece que tenemos la plena libertad para viajar dónde queramos dentro o fuera del territorio nacional. Esto solo cae en una mentalidad cavernaria que quiere controlar hasta los respiros de los académicos”, indicó Medina.
Dicho esto, el catedrático cree que con esta acción el régimen convierte al CNU en un “comisario político” que transformará las universidades en instrumentos partidarios del gobierno.
“Desde que analizamos las reformas a la Ley 89 señalamos la ambigüedad que tenían muchos de sus artículos reformados, que están diseñados a convertirse en un ejecutor de la violación a todas las libertades básicas que hacen una universidad como la libertad académica, de pensamiento, de investigación”, señaló el exrector.
Reportar visitas de académicos
La nueva disposición del CNU también obliga a los rectores informar la entrada al país “del personal académico científico que recibe la universidad en ocasión de eventos y/o para la realización de actividades contempladas en los planes, programas y proyectos que llevan a cabo”.
Medina cuestionó en qué puede mejorar el desempeño de la educación el hecho de querer fiscalizar quién visita la universidad en el marco de convenio o cooperación.
“Esto va a provocar un daño enorme en las universidades, porque un académico jamás va aceptar que un funcionario anónimo, sin ninguna capacidad científica ni técnica le esté preguntando a qué viene al país”, refirió Medina.
Otro experto en educación, quien prefirió no ser citado, manifestó que este control de visitas de académicos busca evitar que estos no conozcan los “desastres existentes en el sistema educativo” o las situaciones deplorables en las que viven los nicaragüenses en medio de la represión y ataques gubernamentales.
“Al tener conocimiento de quiénes entran o salen (del país) tienen garantizado, al propio estilo de la seguridad del Estado en época de los ochenta, el poder de expulsar a las personas, aprisionarlas, o en el peor de los casos, despedirlos, desterrarlos, o amenazarlos fuertemente si suelta alguna información”, expresó la fuente.
El pasado 29 de marzo el Parlamento nicaragüense, controlado por Ortega, aprobó la reforma a la Ley 89, en la que desapareció a la Universidad Centroamericana (UCA) de la lista de universidades privadas que conforman el CNU. En dicha reforma, la dictadura también despojó a los centros de educación superior de la autonomía que gozaban.
Paranoia y fuga de cerebros
La fuente consultada bajo anonimato señaló que esta disposición del régimen, de controlar el movimiento migratorio de los trabajadores de universidades, demuestra la “paranoia” de las autoridades por la información que podrían tener sus empleados y denunciar a la dictadura en países donde se les brinde asilo.
“Dejar salir a sus trabajadores es un riesgo alto por lo que saben, y las pruebas en contra de la dictadura que pueden aportar a los países que dan asilo. Ese detalle hace que se tenga que retener pasaportes, o como en este caso, vigilar a más no poder a sus sirvientes”, indicó la fuente académica.
El catedrático agregó que otro de los factores de este control es para evitar “la fuga de cerebros” de profesionales que no están de acuerdo con las acciones del régimen Ortega-Murillo en materia de derechos humanos, libertades públicas, así como la expulsión de estudiantes durante el 2018 y los despidos injustificados de docentes.
“Muchos de los docentes están cansados de las humillaciones y atropellos a su dignidad, y en cuanto puedan saldrían del país”, señaló la fuente, quien advirtió que esta posible fuga de cerebros atentaría contra la naturaleza de las universidades, “ya que solamente se quedarían los fieles seguidores de los Ortega-Murillo”.
El experto finalizó señalando que el CNU, como brazo operador de los dictadores, ha quedado como una institución que, “en vez de velar por la educación autónoma a nivel superior, simplemente sirve como una organización espía, que siente la paranoia de sus amos, y la réplica en todas partes”.