“Reabrir caso Jesuitas es un avance importante en la lucha por la Justicia en El Salvador”

El sacerdote jesuita Andreu Oliva celebra la decisión del fiscal de reabrir el caso, pero espera un actuar «coherente» para que el caso «no se utilice políticamente». «Si realmente se llega a determinar quiénes son los que organizaron y decidieron la masacre en la universidad y son condenados, según nuestras leyes, el mensaje que se estaría dando es que ya no hay más impunidad en El Salvador y que los crímenes de lesa humanidad y de guerra pueden ser juzgados», resaltó.

Un camarógrafo camina frente a una pintura dedicada a San Óscar Romero y seis sacerdotes jesuitas asesinados el 16 de noviembre de 1989, el 6 de enero de 2022, en San Salvador. EFE

 La orden de reabrir el proceso penal por la masacre de 6 padres jesuitas —5 de ellos españoles— y 2 mujeres representa un «avance importante en la lucha por la Justicia» en El Salvador, dijo el sacerdote jesuita Andreu Oliva, quien espera de la Fiscalía un actuar «coherente» y que el caso «no se utilice políticamente».

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenó que el proceso penal por la masacre se reabra tras admitir un amparo presentado por el fiscal general, Rodolfo Delgado. El Constitucional, que también ha dado 10 días a la Sala de lo Penal para que «modifique» una resolución de 2020 en la que cerraba el caso, señaló en una resolución dada a conocer el miércoles que se «violó el derecho de acceso a la Justicia de las víctimas».

«La decisión la recibimos con agrado en el sentido de que se responde a una demanda de justicia y de verdad, que en el caso de la masacre de la UCA desde que tuvo lugar, tanto la Compañía de Jesús como la UCA y los familiares de las víctimas han reclamado», manifestó el también rector de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando de soldados de elite mató a los religiosos y a las mujeres en el campus de la UCA.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema dictó en 2020 el cierre del proceso penal y también ordenó «que no se investiguen a los señalados como autores intelectuales de la masacre». Por lo anterior, el fiscal general, Rodolfo Delgado, presentó en noviembre del año pasado un amparo ante la Sala de lo Constitucional para que se revisara la resolución en la que se ordenó el cierre del proceso penal.

Para Oliva la decisión de la Sala de lo Penal de cerrar el caso fue en «contra de la ley salvadoreña y contra el derecho a la verdad y a la Justicia que tiene el pueblo salvadoreño y las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos». Señaló que con la decisión del Constitucional de ordenar reabrir el caso «lo que está ocurriendo es que se está dando la razón a lo que nosotros siempre hemos defendido, que había que conocer la verdad y había que aplicar la Justicia en este caso y en todos aquellos casos que han habido en El Salvador, especialmente los cometidos durante el conflicto armado y que siguen en la impunidad».

«Creo que es un avance importante en la lucha por la verdad y la justicia de parte de todos aquellos que estamos en contra de la impunidad y que creemos que la verdad y la justicia son fundamentales para construir un futuro de paz en el país», subrayó. Apuntó que es una buena oportunidad para que la Fiscalía investigue y pruebe «la participación de los que están señalados en el caso como autores».

Los señalados como posibles autores intelectuales de los asesinatos son el expresidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes y Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, condenado en España.

El sacerdote jesuita aseguró que «mucho del trabajo (de investigación) está avanzado porque en la Audiencia Nacional española ya se ha hecho una investigación sobre el caso».

La Audiencia Nacional española condenó en septiembre de 2020 a 133 años de cárcel al excoronel Inocente Montano por ser el responsable de planear y ordenar, junto a la cúpula castrense y el entonces presidente Cristiani, los asesinatos de cinco jesuitas españoles.

El papel de la Fiscalía

 Una biblia perteneciente a uno de los seis sacerdotes jesuitas asesinados el 16 de noviembre de 1989, en San Salvador. EFE

Oliva señaló que espera que «si la Fiscalía comenzó el proceso con la demanda de amparo, sea coherente y que también haga la investigación pertinente, sino sería algo totalmente contradictorio y que podría haber sido una búsqueda de una mejor imagen para el fiscal».

«Esperamos que si él (el fiscal) puso esa demanda será coherente y va a poner a trabajar bien a la Fiscalía para que se investigue el caso, de lo contrario lo que tendríamos es algo que no respondería a lo que espera el pueblo salvadoreño», acotó. Señaló que si la Fiscalía no actúa con debido proceso «la sociedad civil, las organizaciones que velan por los derechos humanos y por el acceso a la justicia, la universidad, la Compañía de Jesús y los familiares van a señalar si se dan irregularidades en el proceso».

«Evidentemente que vamos a estar atentos a que el proceso se haga de acuerdo a lo que establece la normativa salvadoreña y a los códigos procesales establecidos y que se hagan las cosas bien (…) no tendría ningún sentido para nosotros si este caso se utilizara políticamente», sostuvo.

Oliva subrayó que espera que «realmente sea un caso que responda a los principios de la Justicia y que a la vez no sea el único caso que se aborde en El Salvador de graves violaciones a los derechos humanos, de crímenes de guerra y de lesa humanidad».

Para el sacerdote jesuita «si realmente se llega a determinar quiénes son los que organizaron y decidieron la masacre en la universidad y son condenados, según nuestras leyes, el mensaje que se estaría dando es que ya no hay más impunidad en El Salvador y que los crímenes de lesa humanidad y de guerra pueden ser juzgados».

Los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron asesinados por un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército salvadoreño. También asesinaron a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos. 

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