Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Reclusión prolongada, táctica para silenciar a defensores de derechos humanos

Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos. Foto cortesía.

Dawit Isaak es eritreo y sueco. Fue encarcelado hace 20 años en Eritrea —un Estado de partido único—, según los informes porque el periódico en el que trabajaba publicó llamamientos al diálogo democrático pacífico y a convocar elecciones en ese país.

Seguimos sin saber qué presuntos delitos cometió, y nunca ha sido sometido a juicio. También se dice que ha sido torturado, que está recluido en una prisión remota conocida por sus terribles condiciones, que ha estado recluido en régimen de incomunicación.

Dawit Isaak sólo es uno de un número desconocido de defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos durante largos periodos en todo el mundo por su defensa pacífica de los derechos de otras personas. Esta semana presentaré mi último informe (States in Denial: The Long Term Detention of Human Rights Defenders) (Estados que niegan. La detención prolongada de defensores y defensoras de los derechos humanos) ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el uso generalizado y durante periodos prolongados de esta táctica para silenciar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, y preguntaré públicamente a los Estados por qué niegan que hacen esto.

Lodkham Thammavong es defensora de los derechos humanos y fue condenada a 12 años de prisión en 2017 en un juicio sin garantías en la República Democrática Popular de Laos. Se había manifestado pacíficamente en Tailandia en relación con abusos contra los derechos humanos en su Laos natal, y fue detenida poco después de regresar a su país.

Ella y sus colegas, según los informes, fueron obligados a hacer confesiones falsas, exhibidos en una televisión nacional para pedir disculpas por ser traidores, y privados de su derecho a representación letrada. Lodkham Thammavong fue declarada culpable de diversos cargos de formulación imprecisa, como “traición a la nación, propaganda contra el Estado, y reuniones vinculadas a causar desorden social”.

Hay muchos más condenados a largas penas de cárcel, y aunque se desconoce el verdadero alcance de este problema, en todos los continentes hay defensores y defensoras de los derechos humanos que cumplen al menos 10 años de privación de libertad. Algunos son famosos, otros relativamente desconocidos, pero es probable que sean condenados por cargos falsos de “terrorismo” o “traición” en juicios sin garantías, como sucede en Nicaragua.

A muchos defensores y defensoras los tienen recluidos en duras condiciones, les han obligado a confesar delitos que no han cometido, y se les niega el acceso regular a sus familias. Algunos están enfermos y se les priva de atención médica adecuada. Otros corren el riesgo de ser condenados a muerte, y algunos han muerto en la cárcel mientras cumplían largas condenas.

Los efectos de la detención prolongada para los defensores y defensoras pueden ser devastadores: para sí mismos, para sus familias, para sus comunidades y para las sociedades civiles a las que pertenecen.

Defensoras de los derechos de los pueblos indígenas en Honduras, Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Sarina Mejía Solórzano se enfrentan a sanciones de 10 años o más en prisión. Su detención tuvo lugar un día antes de la celebración de la audiencia de supervisión de cumplimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos Comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz y sus miembros. Es decir, pueden haber sido detenidas por su labor como defensoras de derechos humanos en el marco de la supervisión de una sentencia emitida por un tribunal internacional. Si se condena a las defensoras, las comunidades garífunas se encontrarán en una situación de riesgo aún más peligrosa que la que ya tienen.

Todos los Estados miembros de la ONU —entre ellos algunos que forman parte del Consejo de Derechos Humanos— niegan que encarcelen a defensores y defensoras de los derechos humanos. Cuando planteo estos casos a las autoridades, a menudo dicen que la persona de la que hablo no es defensor o defensora de los derechos humanos sino terrorista. Pero conozco la diferencia. De hecho, fue por mi experiencia durante decenios en esta área por lo que la ONU me nombró relatora especial para asesorar a la organización acerca de quién es, y quién no es, defensor o defensora. Pero cuando planteo casos de defensores y defensoras encarcelados en su propio país, las autoridades suelen escudarse en la negación.

En ocasiones hay un aluvión de trabajo de incidencia y de atención en relación con un caso cuando un defensor o defensora es detenido o condenado, a veces con una cobertura mediática y un trabajo de incidencia internacionales de gran intensidad. Amnistía Internacional y otras ONG aportan datos detallados e irrefutables sobre defensores y defensoras, y dedican ingentes recursos a trabajar por su liberación. Pero incluso cuando se trata de los defensores y defensoras más destacados, la atención acaba por diluirse con el paso de los años a medida que nuevos casos exigen atención.

Muchos defensores y defensoras que cumplen largas condenas se sienten olvidados o abandonados.

Las judicaturas corruptas, la tortura, la legislación imprecisa y los juicios sin garantías permiten estas condenas, pero la razón fundamental por la que los defensores y defensoras están recluidos en detención prolongada es que los Estados quieren encarcelarlos, y pueden hacerlo.

Pero encarcelar a defensores y defensoras de los derechos humanos es una línea roja que ningún Estado debería cruzar. Cuando me dirija a los Estados miembros de la ONU esta semana, les recordaré que es inmoral, ilegal, inexcusable y deshonroso, que pone en evidencia su falta de resolución para cumplir las normas internacionales que se han comprometido a respetar, y suscita serios interrogantes sobre sus intenciones de acatar los acuerdos internacionales que han firmado.

Mientras tanto, cientos de defensores y defensoras continúan en la cárcel, cumpliendo —o en riesgo de cumplir— largas penas de prisión. Lamentablemente, los esfuerzos del gobierno de Suecia no han sido lo bastante enérgicos a la hora de tratar de conseguir la liberación de su ciudadano Dawit Isaak. Tampoco el gobierno de Dinamarca ha hecho lo suficiente para presionar por la liberación de su ciudadano y defensor de los derechos humanos Abdulhadi Al Khawaja, encarcelado de por vida en Bahréin tras ser torturado y declarado culpable en un juicio sin garantías de cargos falsos de terrorismo.

Seguiré planteando estos y muchos casos más, en Irán y China, en Vietnam y Egipto, en Arabia Saudí y en Emiratos Árabes Unidos, en Turquía y Bielorrusia, Honduras y en cada país donde defensores y defensoras de los derechos humanos estén encarcelados injustamente. Los Estados tal vez prefieran seguir negando lo que hacen, pero esta semana les recordaré que deben poner en libertad a todo defensor o defensora de los derechos humanos que tengan en la cárcel, de forma inmediata y sin condiciones.

* La autora es Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos. 

Ir Arriba