Una ola de redadas policiales en los departamentos de Carazo, Granada, Masaya y Rivas ha dejado 22 personas detenidas en los últimos días, en operativos marcados por allanamientos violentos, saqueos, uso de técnica canina y detenciones nocturnas, según denunció y documentó el Monitoreo Azul y Blanco (MAB).
En Carazo, el operativo masivo se desplegó en varios barrios y comunidades —incluyendo zonas urbanas cercanas a centros educativos— apenas días después de que el régimen Ortega-Murillo confiscó el Colegio San José, propiedad de la Congregación Hermanas Josefinas. La expropiación, anunciada por la copresidenta Rosario Murillo, estuvo acompañada de un discurso que acusó sin pruebas a la institución religiosa de haber servido como “centro de torturas” durante las protestas de abril de 2018.
La confiscación del colegio, rebautizado por el régimen como “Centro Educativo Bismarck Martínez”, se inscribe en una serie de incautaciones de propiedades de la Iglesia católica y de opositores.
El MAB reporta que, entre las personas arrestadas en esta nueva ola represiva, se encuentran excarcelados políticos, participantes en los tranques de 2018, exiliados retornados, artistas, empresarios y líderes comunitarios. En varios casos, las detenciones se produjeron en horas de la noche o la madrugada, luego de cateos repetidos en las viviendas, y estuvieron acompañadas de robo de bienes.
Entre los detenidos identificados en esta ofensiva figuran el expreso político y exiliado Óscar Velásquez Sánchez, el pintor Marvin Campos Chavarría y su hijo, el ingeniero Marvin Campos Aburto; María José Rojas Arburola, hija del asesinado opositor Rodolfo Rojas; el empresario agropecuario Renato Ortiz y su padre Joaquín Ortiz; Chester Cortés, del barrio Cementerio; el tatuador Darwin Ayerdís –desaparecido desde su captura en julio–, así como Mario Rodríguez Serrano y Halder López Luna, este último arrestado tras presentarse voluntariamente a la Policía.
También se han documentado asedios y vigilancia policial contra personas que no han sido detenidas pero que comparten el perfil de liderazgo comunitario o disidencia política. El patrón, sostiene el MAB, confirma una estrategia sistemática de represalia contra el exilio y criminalización de la protesta de 2018.