Cuatro días después de anunciar la reforma constitucional que establece la pérdida de la nacionalidad para nicaragüenses que adquieran otra, el régimen Ortega-Murillo intentó calmar la polémica y aseguró que esta no tendrá carácter retroactivo. “Deben estar tranquilos”, afirmó el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, al referirse a los nicaragüenses que ya cuentan con doble nacionalidad.
Según explicó el diputado sandinista, el Parlamento solo aplicará la medida una vez que la apruebe en segunda legislatura y entre en vigencia. Sin embargo, el historial del régimen —que ha impuesto decisiones jurídicas sin sustento legal previo— alimenta la desconfianza entre la población y entre quienes ya sufrieron los castigos de su maquinaria punitiva.
Porras intentó calmar la inquietud que se ha extendido entre los nicaragüenses con doble nacionalidad. Sin embargo, la reforma apunta directamente contra la diáspora que huyó de la represión y logró refugiarse y naturalizarse en países como Costa Rica, España o Estados Unidos. También le abre al régimen la posibilidad de despojar de su ciudadanía a cualquier persona que catalogue como “traidor a la patria”, una etiqueta que aplica de forma discrecional y sin pruebas, ni procesos legales formales.
La enmienda a la recién aprobada Constitución OrMu modifica los artículos 23 y 25 de la Carta Magna. Con esta reforma, el régimen obliga a los extranjeros que deseen naturalizarse como nicaragüenses a renunciar a su nacionalidad de origen —excepto si son centroamericanos—, y ordena que los ciudadanos nicaragüenses pierdan su nacionalidad al adquirir otra.
Un historial de retroactividad
La promesa de la dictadura orteguista de no aplicar retroactivamente esta reforma contrasta con los hechos. En febrero de 2023, el régimen Ortega-Murillo despojó de su nacionalidad a 222 presos políticos y los desterró a Estados Unidos en condición de apátridas. Días después, repitió la acción contra otras 94 personas en el exilio. En ese momento, el país no contaba con ninguna reforma constitucional vigente que legalizara esa medida.
El régimen recién publicó la Ley No. 1190 el 22 de enero de 2024 en La Gaceta. Esta ley reformó el artículo 21 de la Constitución para permitir el despojo de la nacionalidad a quienes considerara “traidores a la patria”. Es decir, aprobó el marco legal casi un año después de haber ejecutado la medida, en una clara violación del principio universal de irretroactividad que protege los derechos ciudadanos en cualquier Estado de derecho.
La Constitución de Nicaragua exige que cualquier reforma a la Carta Magna pase por dos legislaturas ordinarias consecutivas para adquirir vigencia. Sin embargo, el régimen ignoró ese procedimiento y comenzó a aplicar la ley de facto desde febrero de 2023, sin contar con un respaldo legal vigente que justificara sus acciones.
Un intento por calmar las aguas
Además, en enero de 2025, durante la ratificación de la nueva Constitución OrMu, el régimen impulsó y aprobó una moción para ampliar el período presidencial de Ortega y Murillo hasta 2028, a pesar de que ambos fueron electos en 2021 para un período de cinco años.
El régimen ejecutó esta ampliación sin consultar al electorado y sin respetar los mecanismos constitucionales establecidos para modificar la duración del mandato presidencial.
El régimen lanzó esta aclaración en medio de un rechazo creciente por parte de juristas y organizaciones de derechos humanos, que ven en la reforma una amenaza directa contra la población exiliada. El jurista Juan Diego Barberena advirtió que el régimen ya ha ignorado los procedimientos legislativos en ocasiones anteriores para aplicar reformas antes de tiempo.
Por su parte, el sociólogo Juan Carlos Gutiérrez alertó sobre el uso de estas disposiciones como justificación para futuras confiscaciones de bienes o nuevas formas de represión política. Aunque el régimen insiste en que no aplicará la reforma de forma retroactiva, la desconfianza persiste entre la diáspora y los sectores críticos. El antecedente de la desnacionalización de más de 300 opositores en 2023 —sin base legal vigente y con una ley creada después para justificar el castigo— deja en duda cualquier garantía oficial.