Asamblea Sandinista impone cerco a los bancos: más control y sanciones

El régimen de los Ortega-Murillo aprobó un kit de leyes cuyo fin es controlar más el sistema financiero. Proponen multar al director, representante, gerente, ejecutivo principal, funcionario, administrador de prevención de los riesgos, auditor interno o cualquier otro empleado de una institución bancaria «que divulgue o informe al cliente que su transacción está siendo analizada o considerada para un posible reporte de operación sospechosa de lavado de dinero, o que le informe que se presentará o se presentó dicho reporte».


La aplanadora de diputados sandinista en la Asamblea Nacional aprobó este martes una reforma a la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no bancarias y Grupos Financieros, que entre cosas establece ampliar las sanciones a esas entidades y a sus funcionarios con multas que van en un rango entre 20 mil a 500 mil unidades de multas. Se trata de un kit de leyes cuyo fin es fiscalizar y controlar más el sistema financiero.

Las reformas aprobadas por el parlamento son la Ley 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de otras instituciones financieras (SIBOIF); la Ley 561, Ley General de Bancos e Instituciones Financieras no bancarias y grupos financieros; y la Ley 587, Ley de Mercado de Capitales.

En la iniciativa el cuestionado Ejecutivo sandinista propone multar al director, representante, gerente, ejecutivo principal, funcionario, administrador de prevención de los riesgos, auditor interno o cualquier otro empleado de una institución bancaria «que divulgue o informe al cliente que su transacción está siendo analizada o considerada para un posible reporte de operación sospechosa de lavado de dinero, o que le informe que se presentará o se presentó dicho reporte». También a los que alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas, correspondencia u otro documento cualquiera o que oculten o eviten que se conozca de los mismos o destruyan estos elementos, con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización, supervisión o inspección, según el texto.

Los Ortega-Murillo proponen sancionar a los funcionarios con una multa equivalente entre dos veces y ocho veces su salario mensual, «sin perjuicio de las demás sanciones que la legislación establezca», de acuerdo al proyecto.

En el caso de los directores, la multa será mayor, y en el caso de que las infracciones sean muy graves o reincidentes, el superintendente de bancos podrá ordenar la remoción definitiva del cargo del infractor.

El régimen Ortega-Murillo pidió al Parlamento, donde los sandinistas tienen mayoría absoluta, aprobar esa iniciativa con carácter urgente. En julio de 2018, el régimen dictó las leyes 976 y 977, con las que entregó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), acceso a datos de personas y empresas, y las reformó en 2019 para convertir a los abogados en informantes, o para controlar las remesas internacionales cuyo monto excediera los 500 dólares.

Petición a la GAFI

En su exposición de motivos, el Gobierno explicó que solicita esa enmienda porque «el Estado de Nicaragua ha expresado su firme compromiso de luchar contra el crimen organizado y en contra del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva con el objetivo de proteger la economía nacional». También para fortalecer su ordenamiento jurídico y la acción supervisora de las autoridades, y que el sistema financiero del país «se robustezca, siendo este capaz de evaluar, gestionar y mitigar los riesgos a los que se encuentra expuesto».

Asimismo, el el régimen indicó que el marco sancionador en lo relativo a las multas para los sectores regulados y supervisados por la Superintendencia de Bancos fue elaborado en el 2005, «cuando la realidad del país y del sistema financiero era muy distinta al de la actualidad, razón por la cual debemos proceder a la actualización».

«Nicaragua debe seguir avanzando a fin de alcanzar niveles similares al de los países del área en cuanto al establecimiento de sanciones que sean efectivas, proporcionales y disuasivas para nuestro sector financiero, lo que se ha establecido como una deficiencia de parte del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI)», señaló.

El Gobierno aseguró que junto con la GAFI establecieron, a través de un plan conjunto, «las mejoras necesarias en ese sentido, entre ellas establecer una gama de sanciones que permita contar con un régimen sancionatorio realmente efectivo, disuasivo y proporcional».

En Nicaragua operan siete bancos privados: Banco de la Producción (Banpro), Banco Centroamericano (Bancentro-Lafise), Banco de América Central (Bac), Banco de Finanzas (Bdf), Banco Ficohsa, Banco Avanz, y Banco Atlántida de Nicaragua.

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