Una circular interna de la Policía Nacional, firmada por el primer comisionado Francisco Díaz —consuegro de Daniel Ortega y actual jefe de las fuerzas policiales—, dejó en evidencia la subordinación total del sistema judicial de Nicaragua al aparato represivo del régimen sandinista, particularmente en lo referente a la incautación y confiscaciones de bienes y propiedades.
Con fecha del 4 de mayo de 2025, el documento establece que toda orden judicial relacionada con embargos, ocupación de propiedades o desalojos por deudas, deberá ser aprobada previamente por la jefatura policial.
“L@s Jef@s previo a la ejecución de órdenes u oficios judiciales que impliquen el embargo, ocupación de bienes por deudas o desalojo de propiedades, deberán estar autorizados por el suscrito y C.G. Victoriano Ruíz Urbina”, se lee en el primer punto del documento.
Ruiz Urbina es el actual jefe de la Dirección de Auxilio Judicial y el responsable de la cárcel El Chipote, el principal centro de torturas de la dictadura sandinista.
Esta disposición no solo representa un nuevo eslabón en la cadena de control autoritario, sino que además viola abiertamente la Constitución Política de Nicaragua. El artículo 167 de la Carta Magna establece que “los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas”.
Pero, la circular subordina esas resoluciones al visto bueno de dos de los más altos mandos policiales, en una interferencia directa con el Poder Judicial. La orden interna, dirigida a todas las delegaciones policiales y jefaturas especializadas del país, instruye que ningún acto judicial que implique el embargo, ocupación o desalojo de bienes puede ejecutarse sin la aprobación de Díaz y del comisionado general Victoriano Ruiz Urbina.
También condiciona la ejecución de órdenes de captura relacionadas con delitos patrimoniales como estafas o estelionatos, incluso si están debidamente emitidas por jueces.
Policía con el poder de vetar a los jueces
“Ninguna circular administrativa puede estar por encima de la orden de un juez, cuyo cumplimiento no está sujeto a la voluntad de los encargados de hacerla cumplir”, advirtió un jurista consultado por DIVERGENTES, quien solicitó anonimato para no sufrir la represalias del régimen de Ortega y Rosario Murillo.
El argumento oficial es realizar una “caracterización” de las personas implicadas y analizar la situación territorial. Sin embargo, en la práctica, este procedimiento otorga a la Policía Nacional —una institución al servicio directo de los codictadores— la potestad de decidir si se cumple o no un mandato judicial, lo cual es inconstitucional.
“Las solicitudes de autorización se fundamentarán con los resultados del levantamiento de la situación operativa, criterios del tendido territorial, caracterización de las personas implicadas y datos de los jueces que emitieron los oficios u órdenes de captura”, establece la circular interna de la Policía.
Justicia intervenida directamente por el régimen
El nuevo procedimiento, según abogados entrevistados, convierte a la Policía en un filtro político-administrativo de la justicia. “Esa circular está anulando al Poder Judicial; porque se está sometiendo a la autoridad judicial a lo administrativo”, señaló un experto en Derecho.
Otro especialista apuntó que la medida “violenta la disposición constitucional de que las órdenes judiciales son de ineludible cumplimiento”, lo que convierte esta directriz en un acto de subordinación institucional sin precedentes.
Los juristas consultados también advierten que esta práctica puede derivar en un sistema de “justicia selectiva”, en el que la ejecución de órdenes judiciales dependerá de intereses políticos o de alianzas con el poder. “Casos de despojo de tierras, ocupaciones ilegales y litigios por deudas podrían resolverse no en los tribunales, sino en oficinas policiales bajo criterios de conveniencia”, afirmó uno de ellos.
Fin de la independencia judicial
La circular policial que centraliza la ejecución de órdenes judiciales se enmarca en un proceso más amplio de control institucional por parte del régimen Ortega-Murillo. Según una publicación del medio Confidencial, solo nueve días después de la emisión de la directriz interna de la Policía, la Asamblea Nacional, bajo control absoluto del oficialismo, aprobó de urgencia una nueva Ley de Carrera Judicial que eliminó de facto los concursos de méritos y oposición como vía de ingreso y promoción dentro del sistema de justicia.
Esta nueva legislación, aprobada el 13 de mayo de 2025, deja sin efecto la normativa anterior vigente desde 2005 y entrega al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, subordinado a la Corte Suprema de Justicia, la facultad de nombrar discrecionalmente a jueces, magistrados, secretarios y asesores judiciales.
De esta forma, la ley consolida la subordinación política de todo el sistema judicial, debilitando aún más cualquier noción de independencia. El abogado y exfuncionario judicial Yader Morazán advirtió en declaraciones a Confidencial que esta reforma “marca el fin de la carrera judicial” en Nicaragua, y que actualmente “el extinto Poder Judicial, lejos de recuperar su independencia, ni siquiera alcanza el estatus de un ministerio de justicia”.
El nuevo marco legal, que también impone un férreo régimen disciplinario interno, reafirma que el sistema judicial actúa como un engranaje más de la maquinaria autoritaria, sin controles externos ni criterios técnicos.