La organización ambientalista Fundación del Río denunció que a inicios de febrero, envió una comunicación a la Dirección General de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos (Digercanp) y a la Dirección General del Consejo Carrera Judicial (CCJ), ambas entidades de la Corte Suprema de Justicia, solicitando una investigación y sanciones contra la red de abogados y notarios involucrados en la comercialización ilegal de tierras indígenas y afrodescendientes en Nicaragua.
Estas instancias del Poder Judicial, subordinada directamente a la copresidencia matrimonial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no han emitido ninguna respuesta, ni tomado medidas al respecto, pese a que ha transcurrido un mes desde el envío de la denuncia.
En una nota de prensa emitida por Fundación del Río, se explica que la directora de la Digercanp, Marling Jarquín Ortega, y la directora general de la CCJ, Fátima del Socorro Rosales González, tienen la facultad de solicitar a la Inspectoría Judicial una investigación sobre el actuar de estos abogados y notarios, pero hasta el momento no han hecho uso de la misma.
Investigaciones realizadas por Fundación del Río en colaboración con DIVERGENTES y el portal Intertextual identificaron 42 transacciones ilegales de tierras comunales. En estas están involucrados al menos 23 abogados y notarios, quienes facilitaron la transferencia fraudulenta de aproximadamente 32 000 manzanas de territorio indígena, incluyendo zonas dentro de áreas protegidas.
La organización sigue recopilando documentos que evidencian más transacciones ilegales. Algunas de estas ventas han alcanzado hasta 10 000 manzanas por transacción, lo que demuestra la magnitud del despojo y la sistematicidad con la que opera este mecanismo fraudulento.
Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, aseguró que la organización continuará utilizando las vías oficiales de denuncia para lograr sanciones contra los abogados y notarios involucrados. Además, advirtió que la inacción del Poder Judicial podría interpretarse como complicidad en estos actos ilegales.
Reiteran llamado a frenar comercio ilegal con tierras indígenas
Ruiz también cuestionó la actitud del régimen Ortega-Murillo, señalando que mientras sanciona a abogados y notarios por motivos políticos, permite que aquellos que facilitan el despojo de tierras indígenas continúen ejerciendo sin consecuencias legales.
“Fundación del Río ha reiterado su compromiso de seguir documentando estos casos y exigiendo justicia para las comunidades afectadas. Asimismo, ha instado a las autoridades judiciales a tomar medidas concretas para frenar la comercialización ilegal de tierras y proteger los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua”, señala la nota de prensa de la organización.
Fundación del Río fue cancelada por la dictadura en diciembre de 2018 como parte de la cacería emprendida por la dictadura sandinista en contra de las organizaciones de la sociedad civil, junto a otras ocho organizaciones, señalada de “promover campañas” y financiar grupos que cometieron “actos para desestabilizar el país” durante las protestas contra el régimen de Daniel Ortega.
En agosto de 2020, la organización denunció la confiscación de seis áreas, que suman un total de 454 manzanas de bosques, correspondientes a dos terrenos rurales, donde se ubicaban áreas de reforestación y regeneración natural, las instalaciones de la Radio Voz Juvenil, además de cuatro áreas de conservación, donde se ubican las reservas El Quebracho, Aguas Frescas, Lapa Verde y la Estación Biológica de Mancarroncito. En todas las propiedades fueron colocadas banderas del Frente Sandinista.