Después de más de cinco horas de allanamiento en su morada, la dictadura Ortega-Murillo ha impuesto arresto domiciliado a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, según informó esta tarde su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro. No se tiene mayor información sobre el estado de la precandidata, quien sigue detenida junto a su hija y el personal de la vivienda. La policía de la Dirección de Auxilio Judicial mantiene el cerco y el control de la vivienda. Impiden que familiares y periodistas puedan acercarse al perímetro.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó este miércoles la captura de Cristiana Chamorro, precandidata presidencial acusada por el Ministerio Público por los delitos de “gestión abusiva y falsedad ideológica”, ambos conexos con el delito de lavado de dinero, bienes y activos. La jueza sandinista Karen Chavarría Morales, titular del juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, fue la encargada de ejecutar el allanamiento en la casa de Chamorro y su posterior detención. La orden se materializó con el allanamiento de su vivienda minutos antes del mediodía, cuando ella tenía planeado brindar una conferencia de prensa para referirse a su inhabilitación ordenada la noche anterior por el gobierno.
La solicitud de detención fue a pedido del Ministerio Público a través de un escrito presentado en los juzgados capitalinos, en el que también solicitó la tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para Chamorro, quien “una vez aprehendida y puesta a la orden de la autoridad judicial”, se le realizará la respectiva audiencia. Decenas policías de las tropas especiales irrumpieron en la vivienda, ubicada en Carretera Sur, cuando Cristiana Chamorro se encontraba adentro del inmueble, según confirmó uno de sus familiares.
Los oficiales cercaron la casa y no dejaron a familiares de la precandidata presidencial ingresar. “Esto es un allanamiento y nadie puede ingresar o salir”, dijo uno de los oficiales, quienes en las afueras coordinaban su trabajo con paramilitares del gobierno. Los civiles sandinistas reportaban a los periodistas que llegaban a dar cobertura, y de inmediato eran expulsados para impedir documentar el allanamiento y detención de Cristiana Chamorro.
Recibe nuestro boletín semanal
Más antimotines llegaron a mediodía hasta la vivienda de Chamorro, ubicada sobre la carretera sur en Managua. Los oficiales no permitieron la cobertura de los periodistas y replegaron a los periodistas hasta 500 metros del sitio. Durante la expulsión la periodista Michelle Polanco, de Canal 10, y Walkiria Chavarría, de Canal 14, fueron agredidas por los antimotines. El objetivo policial es impedir que los reporteros documenten el allanamiento y traslado de la precandidata presidencial. Además, los paramilitares comenzaron a agredir a algunos reporteros.
La orden de captura en contra de Cristiana Chamorro ocurre un día después de haber formalizado su intención de inscribirse en el proceso de selección de candidatos a presidentes del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Cristiana Chamorro fue inhibida por medio de un comunicado del Ministerio Público obediente a Daniel Ortega y Rosario Murillo, que alega que no está “en pleno goce de sus derechos civiles y políticos” por encontrarse en un proceso de supuesto lavado de dinero. El bloqueo de facto de la precandidata pone en una nueva encrucijada a la oposición, que deberá decidir si rechaza por completo las inhibiciones o sorteará un proceso electoral que hasta ahora carece de transparencia y competitividad.
Almagro: “Este nuevo atentado imposibilita la existencia de elecciones”
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, compartió en su cuenta de twitter un comunicado que rechaza el proceso de inhabilitación de la candidatura política de Cristiana Chamorro. “Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles, y este nuevo atentado a la democracia verificado ayer imposibilita más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes en el país”, dice el comunicado que recalca que acciones como las que está tomando el régimen restan toda credibilidad política al Gobierno y a los organizadores del proceso electoral.
Sobre la utilización del Ministerio Público, las medidas cautelares y pre cautelares, y el manejo politizado de la justicia y la proscripción de facto de candidatos, el comunicado señala que son violatorios de la Carta Democrática Interamericana, de los instrumentos en materia de derechos humanos y de pactos internacionales de los cuales Nicaragua es parte.
“Este proceso de violaciones sistemáticas y reiteradas al Estado de Derecho y de las libertades fundamentales deslegitiman el proceso electoral aún antes de la ocurrencia del acto mismo”, refiere el comunicado.
La Secretaría hizo un llamado a la inmediata liberación de los presos políticos, a poner fin a las tácticas de intimidación y amedrentamiento contra opositores, a la restitución de las libertades civiles y políticas, y a reconducir al país hacia la democracia a través de elecciones libres, plurales, justas, transparentes y con observación internacional.
Oposición urge sanciones por arremetidas del régimen
La Coalición Nacional a través de un comunicado repudió las acciones del régimen orteguista, contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro. “Llamamos a la comunidad internacional a implementar los mecanismos y sanciones urgentes para doblegar a la dictadura”, reza la misiva.
También pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA), que le aplique al régimen el artículo 20 de la Carta Democrática, al cumplirse este 31 de mayo el plazo que dio ese organismo a la dictadura Ortega-Murillo para realizar verdaderas reformas electorales.
Por su parte el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), condenó la orden de captura contra Chamorro y la escalada represiva contra los y las periodistas. “El pueblo nicaragüense debe estar claro de que estas acciones del régimen son un desesperado esfuerzo para tratar de sumir a la ciudadanía en el temor y la desesperanza”, detalló en un comunicado.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó que “prohibir arbitrariamente a la líder de la oposición Cristiana Chamorro, refleja el miedo de Ortega a unas elecciones libres y justas. Los nicaragüenses merecen una democracia real”.
Los precandidatos presidenciales de la oposición también se pronunciaron sobre la acción judicial y policial contra la precandidata opositora: “Cerremos filas con Cristiana Chamorro”, escribió Arturo Cruz.
Félix Maradiaga, precandidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo que varios miembros fueron impedidos de movilizarse por la Policía cuando se disponían a llegar a la casa de Cristiana Chamorro.
“Todos a protestar desde las casas, calles, barrios y ciudades. O nos unimos todos en esta lucha o nos cuelgan por separado”, escribió en Twitter, Juan Sebastián Chamorro.
Cosep y Amcham reaccionan
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), dijo a través de un comunicado que las actuaciones del sistema de justicia de Nicaragua se están ejecutando con objetivos políticos en beneficio del partido Frente Sandinista.
“Esto evidencia la falta de voluntad del Gobierno de realizar elecciones libres, justas, transparentes, competitivas y observadas en nuestro país y así obtener ventajas partidarias que les permitan mantenerse ilegítimamente en el poder”, señala el comunicado.
El Cosep también recordó a las autoridades del Ministerio Público, que deben garantizar el debido proceso de la ley como la garantía de presunción de inocencia tanto para la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, como para la periodista María Lilly Delgado, corresponsal de Univisión, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, estos últimos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
“Es nuestra obligación denunciar ante la nación y la comunidad internacional que las actuaciones del sistema de justicia constituyen acciones graves que impiden la solución a la actual crisis sociopolítica, el restablecimiento de la paz y la democracia en nuestro país”, finaliza el Cosep.
La Cámara de Comercio Americana (Amcham), condenó los atropellos del régimen a las libertades y afirma que las consecuencias pudieran sentirse por toda una generación en desempleo y pobreza. Además, que ahuyentaría la confianza, inversión local y extranjera en Nicaragua.
“Amcham espera que se revoque la persecución penal en contra de Cristiana Chamorro y los demás hombres y mujeres de prensa, y que prevalezca el respeto, la prudencia y la cordura por el bien de todos los nicaragüenses”, dice el escueto comunicado.
Información en desarrollo.