La madrugada de este jueves 5 de septiembre, 135 presos políticos nicaragüenses fueron liberados y enviados a Guatemala, según informó un comunicado firmado por Jake Sullivan, Consejero de Seguridad Nacional de la Administración Biden.
Entre los liberados figuran 13 miembros de la organización cristiana Puerta de la Montaña (Mountain Gateway, con sede en Texas), además de laicos católicos, estudiantes y otros ciudadanos cuyas identidades aún no han sido reveladas.
El comunicado emitido por Estados Unidos agradeció al Gobierno de Guatemala por su “liderazgo y generosidad” al aceptar a los ciudadanos nicaragüenses, y subraya que “nadie debería ser encarcelado por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales de libre expresión, asociación y práctica de su religión”.
Horas más tarde en una conferencia de prensa el Consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, declaró que el Congreso de Estados Unidos mantenía gestiones para la liberación de los 13 miembros de la organización cristiana Puerta de la Montaña, y en una decisión unilateral el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sumaron a la lista a otros 122 presos políticos.
Una vez en Guatemala, las personas liberadas tendrán la posibilidad de solicitar vías legales para reconstruir sus vidas en Estados Unidos o en otros países, a través de la iniciativa de la Oficina de Movilidad Segura del presidente Biden.
El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris extendieron su gratitud al presidente guatemalteco Bernardo Arévalo por su liderazgo en la región, particularmente en el manejo de gestiones humanitarias y la defensa de la libertad democrática.
90 días para regularizar situación en Guatemala
En conferencia de prensa en la Cancillería de Guatemala, se informa que los presos políticos excarcelados tendrán 90 días para regular su situación migratoria en el país, mientras deciden si van a optar por el programa Movilidad Segura ofrecido por el Gobierno de Estados Unidos u otros como destino final.
Erick Jacobstein, subsecretario adjunto para Centroamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, explicó en la conferencia que por razones de seguridad y legales se decidió mantener bajo hermetismo la lista de excarcelados y que desconoce si de parte de la dictadura orteguista en Nicaragua, se desnacionalizará a estos reos de conciencia, como han ocurrido en casos anteriores.
El régimen orteguista mantiene silencio total sobre esta operación. Jacobstein calificó como un “lamentable error” si se procede a desnacionalizar a estos nicaragüenses excarcelados y dijo que Estados Unidos mantiene la puertas abiertas a las negociaciones por la salida de más presos políticos, aduciendo que son personas que fueron encarceladas sólo por hacer valer sus derechos civiles.
Señaló que el rol de Guatemala en la operación es porque “es un socio importante para Estados Unidos y un líder en la región en la gestión de migración”.
El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, comenta que Guatemala está comprometida en apoyar en un tema humanitario, pero aclaró que este proceso fue una situación puntual y que no se esta negociando que Guatemala se convierte en un país receptor de programas como el de Movilidad Segura, como es el caso de Costa Rica.
Pastores de Puerta de la Montaña fueron acusados de “lavado de dinero”
“Este es el día por el que hemos estado orando y creyendo en Dios”, dijo Jon Britton Hancock, fundador y presidente de Puerta de la Montaña. “Miembros del Congreso, del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Nacional trabajaron incansablemente para lograr su liberación de su injusto encarcelamiento”, publicó The New York Times tras la liberación de los pastores.
Hancock, que fue acusado pero nunca detenido, consiguió que miembros del Congreso, en particular el representante Robert Aderholt, republicano de Alabama, instaran a la liberación de los ministros.
Marisela Mejía, de 34 años, ministra y administradora de Puerta de la Montaña, acababa de dar a luz cuando fue detenida. Ella y su esposo, Walner O. Blandón, pastor principal de la misión, fueron condenados a 15 años de prisión y a una multa de 80 millones de dólares cada uno. Sus dos hijos, ambos nacidos en Estados Unidos, se quedaron con familiares en Nicaragua durante el encarcelamiento de sus padres y se les permitió reunirse con ellos en Guatemala.
El destierro de estos presos políticos ocurre en un contexto de creciente represión a la libertad religiosa en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado la persecución contra líderes religiosos y organizaciones cristianas.
Desde el estallido de la crisis sociopolítica en 2018, la Iglesia católica, en particular, ha sido blanco de agresiones por su rol en la mediación del conflicto y su postura crítica hacia el Gobierno.