Las procesiones de Semana Santa dejaron de recorrer las calles en Nicaragua después de 2018. Esa transformación, documentada en los últimos ocho años, contradice la respuesta del régimen sandinista a las declaraciones del vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien afirmó que “la dictadura Ortega-Murillo niega al pueblo de Nicaragua el derecho a profesar su fe”.
El régimen Ortega-Murillo respondió con un comunicado en el que rechaza esos señalamientos y los presenta como parte de una estrategia política contra Nicaragua. El texto afirma que existe libertad para realizar actividades religiosas y que la población participa activamente en celebraciones en todo el país.
Además, desplaza el enfoque hacia Estados Unidos, al que acusa de violaciones a derechos humanos de migrantes. En ese posicionamiento, el Gobierno evita referirse de forma directa a la realización de procesiones en espacios públicos, que es el punto señalado en las declaraciones del funcionario norteamericano.
“FALSO DE TODA FALSEDAD (…) desmentimos categóricamente las acusaciones perversas que han emitido voceros del Gobierno norteamericano (…) en toda Nicaragua se realizan miles de actividades religiosas (…) lo que sí está a la vista del mundo entero es la violenta persecución contra migrantes (…) están crucificando nuevamente a Cristo Jesús (…) hay fariseos que sirven a intereses foráneos (…) la fuerza de la verdad nos hace libres”, se lee en la nota de prensa.
Los registros disponibles permiten contrastar la narrativa oficialista. El séptimo informe Nicaragua: una Iglesia perseguida, elaborado por la abogada y activista por la libertad religiosa, Martha Patricia Molina, documenta que entre abril de 2018 y julio de 2025 se registraron 1010 ataques contra la Iglesia católica y 16 564 actividades de piedad popular prohibidas, entre ellas procesiones y viacrucis . Estas cifras permiten establecer que la restricción de las manifestaciones públicas de fe ha sido sostenida en el tiempo.
Prohibiciones documentadas en ocho años
El informe clasifica estas restricciones dentro de la categoría de “prohibiciones a actividades de piedad popular”, junto con otras formas de hostilidad como asedios a templos y vigilancia de celebraciones . Según el estudio, estas medidas han sido ejecutadas principalmente por la Policía Nacional de Nicaragua.
Este patrón explica el cambio en la Semana Santa. Antes de 2018, las procesiones formaban parte de la vida pública y congregaban a miles de fieles en calles y plazas. En los últimos años, estas actividades han sido canceladas o trasladadas al interior de los templos, sin recorridos públicos.
Un sacerdote que permanece en Nicaragua y solicitó anonimato por razones de seguridad señala que antes de 2018, la Semana Santa se vivía en las calles junto a la comunidad, con procesiones que recorrían barrios y convocaban a familias enteras. Ahora, esas actividades se realizan dentro de los templos.
“La gente sigue llegando, pero ya no es lo mismo. Antes salíamos con ellos, caminábamos los barrios, acompañábamos a las familias en las calles. Ahora no se puede. Todo tiene que ser adentro y con cuidado de lo que decimos. La gente lo siente, porque la fe aquí siempre se ha vivido en comunidad, afuera, y ahora todo es más limitado”, explica.
El comunicado del régimen sandinista se centra en la continuidad de misas y celebraciones litúrgicas, pero omite este cambio que resienten los fieles católicos. La afirmación que existen “miles de actividades religiosas” no incluye la restricción de procesiones, que es el elemento señalado el vicesecretario de Estado de Estados Unidos.
Como parte de esta narrativa que busca imponer la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sus medios de propaganda divulgan la realización de actividades religiosas, omitiendo flagrantemente que las mismas se realizan en perímetros restringidos dentro de iglesias y bajo la vigilancia de agentes del régimen.
Estructura eclesial afectada
El informe también documenta el impacto de estas medidas en la estructura de la Iglesia. Al menos 302 religiosos han sido expulsados, desterrados o forzados al exilio, incluidos obispos, sacerdotes, seminaristas y religiosas.
Como resultado, varias diócesis permanecen sin sus autoridades en el país. El estudio señala que jurisdicciones como Matagalpa, Estelí, Jinotega y Siuna no cuentan con sus obispos debido a estas medidas . Esta situación reduce la capacidad organizativa de la Iglesia y limita la convocatoria de actividades masivas.
El testimonio del obispo Rolando José Álvarez Lagos, incluido en el informe, describe el impacto directo de la represión sobre el clero. Fue detenido en 2022 tras un operativo policial en la Diócesis de Matagalpa, permaneció bajo arresto por dos años y fue desterrado en 2024.
Tras su expulsión del país, describió el deterioro físico y emocional que enfrentó durante su encarcelamiento. “Yo vine, para decirlo en un lenguaje de cuantificación, menos cero en todas mis capacidades psicológicas, psiquiátricas, emocionales, afectivas, sentimentales, morales, espirituales, físicas, somáticas…”
En la misma declaración, señaló que su proceso de recuperación tomó meses fuera de Nicaragua, lo que evidencia las condiciones de abuso a las que fue sometido. Su caso se convirtió en uno de los más representativos del patrón documentado en el informe, que incluye detenciones, expulsiones y restricciones al ejercicio pastoral como parte de las medidas aplicadas contra la Iglesia católica.
Control, vigilancia y silencio
El documento también identifica mecanismos de control que inciden en la práctica religiosa. Entre ellos, la vigilancia a templos, la presencia policial en celebraciones y las limitaciones a la participación de fieles.
Además, advierte que la visibilidad de estas restricciones es limitada por el contexto de control. “El que habla va preso y desterrado”, recoge el informe como advertencia hacia religiosos que denuncian abusos. Este factor reduce la cantidad de denuncias públicas, pero no elimina las restricciones.
Las declaraciones de Landau y la respuesta del régimen generaron reacciones en la red social X. En el mismo hilo donde se difundió el mensaje oficial estadounidense, usuarios afines al Gobierno defendieron la versión oficial, asegurando que las celebraciones se desarrollan con normalidad y rechazando lo que consideran injerencia extranjera. Algunos mensajes incorporaron un tono confrontativo, con referencias a la defensa de la “paz” frente a críticas de otros nicaragüenses.
En contraste, otros usuarios señalaron que las procesiones no se realizan en las calles y que las celebraciones ocurren dentro de los templos bajo vigilancia, tal como ha denunciado en los últimos días la activista por la libertad religiosa, Martha Patricia Molina. También mencionaron la presencia policial en los alrededores de iglesias y limitaciones para la movilización durante actividades religiosas.
Iglesia bajo presión sostenida
El informe de Molina identifica que la restricción de procesiones forma parte de una política más amplia que ha impactado distintas dimensiones de la vida religiosa. Además de las prohibiciones, documenta confiscaciones de bienes, cierres de organizaciones vinculadas a la Iglesia y un sistema de vigilancia que alcanza tanto a sacerdotes como a laicos. También señala que el sistema judicial actúa como respaldo de estas medidas, al no investigar ni sancionar las agresiones.
Este conjunto de acciones permite ubicar la persecución religiosa más allá de la Semana Santa. Las limitaciones a las manifestaciones públicas de fe se inscriben en un esquema de control que se mantiene vigente y que ha reducido los márgenes de actuación de la Iglesia en el país. En ese contexto, las cifras del informe no solo registran hechos pasados, sino que describen las condiciones bajo las que actualmente se desarrollan las actividades religiosas en Nicaragua.