El Estado de Nicaragua está siendo sometido esta semana a maratónicas audiencias en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por parte de Riverside Coffee LLC, empresa que reclama casi 700 millones de dólares en indemnización, por la destrucción masiva de su inversión en el 2018 por parte de paramilitares y fanáticos del FSLN.
Los demandantes culpan al régimen por no haber actuado oportunamente y desalojado a los invasores de la propiedad, a los que identifica en la demanda como fuerzas paramilitares armadas sandinistas.
Este arbitraje de inversiones es el tercero que recibe Nicaragua ante CIADI, después de los de “Shell Brands International AG y Shell Nicaragua SA” (ya concluido) y “The Lopez-Goyne Family Trust” (aún pendiente y relacionado con una concesión petrolera).
Los demandantes Riverside Coffee LLC cuentan con la firma canadiense Appleton & Associates International Lawyers (Toronto) y la demanda va dirigida al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (MIFIC).
Recibe nuestro boletín semanal
La demanda fue registrada por la Secretaría General de CIADI el 2 de abril de 2021, en la que Riverside Coffee invoca el Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana-América Central, CAFTA-DR.
La audiencia sobre jurisdicción y fondo se está celebrando del 1 al 12 de julio de 2024 ante un tribunal arbitral de tres miembros, de manera abierta al público mediante transmisión en vivo, de conformidad con el párrafo 21 de la Resolución Procesal No. 10 del Tribunal de fecha 20 de junio de 2024 y el artículo 10.21.2 del CAFTA-DR, cita la página web del Banco Mundial.
El avance de la demanda
El 31 de agosto de 2020, se recibió en el despacho del entonces titular del MIFIC, Orlando Solórzano, una carta en la que la empresa demandante informaba su disponibilidad de intentar resolver la disputa “de forma amigable, a través de la negociación”, señalando al Departamento de Solución de Controversias de ese Ministerio, como el sujeto interpelado.
Casi siete meses después, se emitió una notificación de arbitraje en la que la compañía detallaba un reclamo inicial de 590 millones de dólares, incluyendo 45 millones por daños morales. Como parte del proceso, se eligió a tres árbitros: un finlandés, nombrado de común acuerdo; una británica, elegido por la demandante; y un belga, nombrado por el Estado nicaragüense, todos con derecho a cobrar 375 dólares por cada hora trabajada en el caso.
Cuando a principios de junio de 2022, cada una de las partes depositó los primeros 150 000 dólares pedidos por el CIADI, y nombró a sus abogados (Appleton & Associates, con sede en Toronto, Canadá, por parte del demandante; y Baker & Hostetler, con sede en Washington, por parte de la demandada), todo quedó listo para seguir adelante con un procedimiento que sienta en el banquillo de los acusados a la Administración de Daniel Ortega.
El 21 de octubre de 2022, el bufete jurídico Appleton & Associates presentó una memoria para documentar su caso, en la que acusa al Estado nicaragüense de haber fomentado la invasión de la Hacienda Santa Fe, de casi 1225 hectáreas de extensión, ubicada en Jinotega, donde había una plantación de aguacate Hass (el más consumido en Estados Unidos), y un bosque de granadillo, una madera preciosa que se utiliza para construir interiores de yates de lujo, por ejemplo.
Cuatro meses y medio después, los abogados del bufete Baker & Hostetler presentaron una contramemoria alegando que la propiedad está invadida desde la década de los 90; que la Policía Nacional no pudo ayudar a los afectados, porque estaba enfrentando la Rebelión de Abril de 2018; y que la empresa no puede demostrar que tenía un exitoso negocio de aguacates, ni que los invasores eran paramilitares.
La línea de tiempo de las invasiones
El 16 de junio de 2018, un grupo de 200 a 300 paramilitares armados ocupó la parte alta de la finca, y tomó posesión de las instalaciones, asegurando que llegaban en nombre del Gobierno, declarando que estaban ahí para quitársela a sus dueños, según la memoria del bufete jurídico Appleton & Associates.
Un mes después, el 16 de julio de 2018, otro grupo de invasores armados liderado por paramilitares ingresó a la parte baja de la hacienda, asegurando que el alcalde sandinista de Jinotega, Leónidas Centeno los había enviado a ocupar la propiedad, después de prometerles que se quedarían con parte de las tierras. Los ilegales terminaron de destruir los aguacatales y los cercos, pasando a buscar el ganado y las ovejas para venderlo o comerlos.
El 10 de agosto de 2018, la gerencia envió otra carta al capitán de la Policía Nacional, William Herrera, reclamando por no haberlos protegido. Un día después, el alcalde Centeno y el comisionado Marvin Castro ordenaron desalojar la hacienda, por lo que unos 550 ocupantes comenzaron a salir, no sin antes saquear lo último que quedaba en la propiedad.
El 17 de agosto, unos 50 invasores armados regresaron a la hacienda, como preámbulo a un nuevo grupo de unos 100 individuos que se presentó al día siguiente y ocupó la propíedad hacienen su totalidad, destruyendo unas 10 000 plantas de aguacate en los viveros, así como más de 1200 árboles jóvenes de nogal negro listos para el trasplante, y la cosecha de granos y tubérculos.
Si bien en agosto de 2021, cuando la demanda ya estaba en marcha, “la República de Nicaragua tomó medidas para desalojar a los paramilitares y otros ocupantes ilegales de la Hacienda Santa Fe”, no se ha devuelto la propiedad a Inagrosa de forma incondicional, por lo que la empresa no puede reasumir el control de sus operaciones.
Lo último sobre la audiencia
Después de seis maratónicas jornadas en que los testigos de la empresa estadounidense Riverside Coffee LLC han atestiguado que los paramilitares que tomaron, saquearon y destruyeron la Hacienda Santa Fe, en Jinotega, mantenían vínculos con gente cercana al régimen Ortega Murillo, incluido el diputado Edwin Castro, el Estado de Nicaragua destinó más de 12 horas para intentar que el perito Renaldy J. Gutiérrez admitiera sin pruebas que la empresa violó leyes ambientales, afectó una reserva silvestre, fuentes hídricas y no tenía permisos para exportar los aguacates que produciría.
Los abogados de la defensa de Nicaragua le cuestionaron al perito Gutiérrez la vigencia de sus conocimientos y validez de su experiencia en el campo legal nicaragüense, ya que según ellos pasaron demasiados años desde que estudió y ejerció el derecho bajo las leyes nicaragüenses. Sin embargo, el perito legal Gutiérrez sostuvo que las leyes siguen siendo las mismas, y que incluso el Código Civil entró en vigencia hace más de cien años.
Además, intentaron que el perito cayera en contradicciones y aceptara que Inversiones Agropecuarias S.A. (Inagrosa), que pertenece a Riverside Coffee LLC, violó las leyes ambientales cuando cambió el uso del suelo de vocación forestal para ampliar a mil hectáreas el área sembrada de aguacates; no veló por la preservación de la Reserva Silvestre Privada, que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) declaró en febrero de 2018 en una zona de la Hacienda Santa Fe; y que entre otras violaciones afectó supuestamente las fuentes hídricas al establecer las plantaciones muy cerca de ellas.
Según el equipo de abogados de la parte acusadora, Nicaragua ha presentado pruebas fabricadas ante el tribunal y en los procedimientos judiciales locales que inició en relación con este arbitraje.
La prueba pericial aportada con esta respuesta confirma que estas acciones internas constituyeron un abuso de derechos conforme al derecho local. La violación generalizada del Estado de derecho en estas acciones constituye una violación del trato justo y equitativo conforme al derecho internacional”, señala un documento presentado durante el juicio.