Rodrigo Chaves dice no al Acuerdo de Escazú y se decanta por posible exploración de gas natural

La oposición de las cámaras empresariales de Costa Rica ha frenado la ratificación de este tratado regional, el primero a nivel mundial que está orientado a proteger a defensores ambientales y promover la participación ciudadana. Una postura que se ve blindada con el gobierno entrante de Rodrigo Chaves

El presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chaves. EFE/Jeffrey Arguedas

A unos pocos días de tomar posesión de la presidencia de Costa Rica, Rodrigo Chaves ya enfrenta su primera controversia en el plano ambiental: descartó que su administración se suscriba al Acuerdo de Escazú, un tratado internacional para la defensa medioambiental. Asimismo, el nuevo mandatario dijo a los empresarios que “puedan estar tranquilos”, al mismo tiempo que existe la posibilidad de exploración de gas natural en territorio tico. 

El anuncio hecho por el ministro designado para el medioambiente, Franz Tattenbach, causó alarma y reproches entre defensores del ambiente, ya que “contradice la política ambiental y de derechos humanos que el país ha liderado en los últimos años”. Es decir, el sello de Costa Rica ante el mundo. 

“El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país”, sostuvo Chaves. “Es muy preocupante que, en un momento en que necesitamos reactivación económica, haya la posibilidad de retrasar de manera injustificada y arbitraria proyectos de inversión. No es lo que el país necesita”, remarcó.

En tanto, Tattenbach, resaltó que, la exploración del gas “no es peligrosa si se hace bien y que depende del costo beneficio”. “Creo que el presidente Chaves ha sido claro en eso, estamos en total acuerdo que el petróleo no es de recibo con las tendencias que hay de la sustitución a otros combustibles, el gas natural podría ser un poco interesante como un combustible de transición, pero hay que estudiarlo”, refirió el nuevo ministro del ambiente en una entrevista en el diario La República

La oposición de las cámaras empresariales de Costa Rica ha frenado la ratificación de este tratado regional, el primero a nivel mundial que está orientado a proteger a defensores ambientales y promover la participación ciudadana. 

Según una carta enviada a la Asamblea Legislativa el 25 de febrero por diversas cámaras empresariales costarricenses, el Acuerdo de Escazú “atenta contra la urgente reactivación económica y la estabilidad de cientos de miles de empleos en todo el país, contribuyendo aún más con el índice de desempleo y pobreza”. 

Además, en la misiva señalan que el “contenido del Acuerdo se encuentra cargado de vicios jurídicos e imprecisiones, daña la seguridad jurídica, violenta el principio de presunción de inocencia, contiene vicios de inconstitucionalidad, imprecisiones y desaciertos de fondo altamente riesgosos para la estabilidad del sector productivo”. Todos estos puntos planteados por las cámaras han sido cuestionados y desmentidos por expertos, quienes han llamado a los empresarios públicamente a debate, para abordar el tema, sin obtener una respuesta. Los empresarios tampoco responden a las consultas de los medios de comunicación. 

A juicio de Mario Peña, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), quien también es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y corresponsal nacional del Centré International de Droit Comparé de l’environnement (CIDCE), las razones dadas por las cámaras empresariales y el presidente para oponerse al tratado no tienen ningún soporte. Asegura que el Acuerdo de Escazú no incluye ninguna medida a favor de los derechos humanos y el ambiente que no esté ya vigente en el marco legal costarricense.

“Al contrario, Escazú es un Acuerdo de mínimos que otorga a los Estados un amplio margen de discrecionalidad para cumplir con sus obligaciones de forma gradual y progresiva y que, en varios temas, remite directamente a la legislación interna de los Estados y representa el mayor avance del multilateralismo y la democracia ambiental regional de las últimas décadas”, sostuvo Peña.

Las declaraciones de Chaves en contra del Acuerdo de Escazú, el cual solo ha sido ratificado por doce de los 33 Estados de América Latina y el Caribe, borran la ilusión que existía entre defensores de derechos humanos y organizaciones que trabajan en la protección del ambiente de que el tratado llegue nuevamente a debate a la Asamblea Legislativa, ya que hasta el 31 de julio será su equipo de Gobierno quienes controlen la agenda del Parlamento. 

El rechazo al Acuerdo de Escazú y el nombramiento de Tattenbach (un economista agrícola que ha sido fuertemente criticado y a quien se le atribuye la frase: “La empresa privada no es necesariamente enemiga del ambiente, pero si existen ambientalistas enemigos de la empresa privada”) como titular del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) dan una señal del rumbo que tomará Costa Rica con respecto a su política ambiental y de derechos humanos en los próximos cuatro años, alertan ambientalistas.  

Respaldo a Escazú

Vista de la zona boscosa de las montañas de Paosito, al noroeste de San José (Costa Rica). El Acuerdo de Escazú, considerado el primer gran pacto medioambiental de Latinoamérica y pionero en la protección de los ambientalistas, pero su ratificación en Costa Rica enfrenta un panorama nada alentador a pesar de que lleva su nombre por la ciudad costarricense donde fue firmado. EFE/Jeffrey Arguedas

La oposición a la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado que pretende establecer una hoja de ruta para la democracia ambiental de Latinoamérica y el Caribe, a juicio de expertos, podría pasarle factura a Costa Rica, un país que gracias a su política ambiental ha logrado un crecimiento económico, especialmente a través del turismo.

“La ratificación y efectiva implementación del Acuerdo de Escazú proporcionará un marco de políticas públicas propicias para el desarrollo sostenible, la conducta empresarial y la protección de los defensores de derechos humanos”, aclaró Germán Zarama, analista de políticas y punto focal para América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual Costa Rica es parte. 

Para Patricia Madrigal, abogada especializada en derechos humanos y medioambiente, y una de las negociadoras del Acuerdo de Escazú, la incidencia de las cámaras empresariales ticas ha propiciado que se manifiesten distintas expresiones en contra del tratado. No obstante, asegura que ni en materia ambiental, jurídica o económica se ha identificado una razón que amerite no ratificar y no hacerlo afecta todo el esfuerzo que ha hecho Costa Rica en los últimos años. 

“Hay una afectación internacional, además del liderazgo que el país ha tenido para la elaboración del texto del Acuerdo de Escazú que lleva hasta el nombre del cantón, porque ahí se cerraron las negociaciones. Sin embargo, el sector privado ha manifestado que eso no es razón suficiente para ratificar este acuerdo y nos tiene en la posición en la que estamos”, refiere Madrigal.  

Otra de las voces de la Cepal que ha aclarado que el Acuerdo de Escazú no afectará las inversiones es la exsecretaria ejecutiva Alicia Bárcena. Ella ha afirmado que este tratado no es un freno para el crecimiento económico, como lo han hecho ver las cámaras empresariales costarricenses. 

“El Acuerdo de Escazú no conspira contra la inversión o el crecimiento, pero sí procura un crecimiento diferente, un crecimiento que esté más abocado a la igualdad y a la sostenibilidad ambiental, de eso se trata, de un cambio de paradigma y un cambio de visión”, resaltó Bárcena.

Para Franklin Paniagua, exviceministro del Minae, el Acuerdo de Escazú es la oportunidad de Costa Rica para hacer la transición a una economía verde, lo que le daría al país muchas ventajas competitivas ante la “economía de los próximos años”. 

“Lo que corresponde a una ruta de una economía verde y descarbonizada es una ética diferente, unos valores y una posición de dónde y cómo se hace el capitalismo. La transición hacia esa economía verde, hacia una serie de valores éticos y de forma de hacer negocios diferenciada, que se engloba muy bien en el Acuerdo de Escazú, lo que nos da es ventajas competitivas como país y como región”, afirmó Paniagua. 

El rechazo de Rodrigo Chaves al Acuerdo de Escazú se da el mismo día en que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados chilena, aprobó por mayoría la adhesión al tratado regional, el primer paso de un largo camino legislativo que le espera para la ratificación. Chile y Costa Rica fueron los países impulsores de las negociaciones de este pacto, que se cerraron en marzo de 2018.

*Este trabajo fue producido en el marco del proyecto sobre la COP1 del Acuerdo de Escazú de Climate Tracker y FES Transformación.