A menos de 20 días para las próximas elecciones presidenciales en El Salvador, Nayib Bukele ya se vislumbra como el gran favorito para agenciarse los comicios. El presidente de El Salvador tiene el 70.9% de intención de voto para las elecciones del próximo 4 de febrero de 2024, en las que buscará su reelección, a pesar de los señalamientos de que la misma es inconstitucional.
Bukele es el primero en varias décadas en buscar la reelección en ese país. Según el estudio del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), Bukele lidera la intención de voto, y ninguno de los otros cinco candidatos en competencia supera el 3% de intención de voto.
Expertos señalan que la Constitución salvadoreña no habla sobre la reelección únicamente en el artículo 152, sino que hay otros cuatro artículos que hacen referencia a la forma y sistema de Gobierno. A pesar que Bukele ha ignorado estos artículos, también ha realizado otras acciones para allanar su camino hacia la reelección.
La toma de la Asamblea Legislativa
Desde su llegada a la presidencia el 1 de junio de 2019, Nayib Bukele, ha profundizado su poder político a través de estrategias que han erosionado el Estado democrático y de derecho.
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El 28 de febrero de 2021, el oficialismo logró alcanzar la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, lo que le permitió aprobar leyes sin negociar con la oposición y renovar en su totalidad a la Sala en lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos fallos le habían sido adversos.
El impacto de esta medida no tardó en verse, cuando los nuevos jueces habilitaron la reelección presidencial, pese a que está expresamente prohibida por la Constitución.
Durante sus dos primeros años de gobierno, Bukele debió coexistir con un poder legislativo dominado por la oposición. Las tensiones no tardaron en hacerse visibles.
Blandiendo denuncias de un supuesto bloqueo a su agenda de gobierno, el 9 de febrero de 2020, tropas del Ejército Nacional irrumpieron en el edificio legislativo durante una sesión extraordinaria, con el objetivo de forzar la aprobación de un crédito internacional destinado a financiar el plan de Bukele contra el crimen.
Las controversias se acentuaron tras la llegada de la pandemia de Covid-19, dado que la Asamblea, con competencia exclusiva para declarar el Estado de emergencia, se negó a extenderlo en el mes de mayo de 2020.
Haciendo caso omiso, el Poder Ejecutivo decretó la prórroga y, con ello, la restricción al derecho a circular o reunirse, entre otras prohibiciones. La controversia escaló a la Sala de lo Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de la medida y de otros decretos derivados, pese a lo cual, el Gobierno bukelista persistió en la misma línea de acción.
La toma de la Corte Suprema de Justicia
Fortalecido legislativamente, no tardaron en verse nuevas señales de erosión del sistema de pesos y contrapesos institucionales de parte de Bukele. El 1 de mayo de 2021, los nuevos asambleístas votaron a favor de destituir a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, Raúl Melara.
El argumento fue que los magistrados habían actuado “contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población”, en una clara referencia a los fallos que revocaron los decretos presidenciales vinculados a la cuarentena durante la pandemia. La remoción del Fiscal General se justificó por sus supuestos vínculos con el partido opositor ARENA, lo que afectaría su imparcialidad e independencia.
Nada de esto pasó desapercibido para la comunidad internacional. Esto se hizo evidente en las fuertes críticas planteadas por la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Sin embargo, Bukele respondió a los cuestionamientos con la frase “estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”.
La destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, resultó en la sustitución por jueces afines al presidente Nayib Bukele, saltándose el procedimiento constitucional.
El 31 de agosto de 2021, la Asamblea aprobó una nueva Ley de la Carrera Judicial, que jubila automáticamente a jueces que tengan más de 60 años o más de 30 de carrera. Según medios locales, esto alcanzó a más de 200 magistrados, lo correspondiente a un tercio de los jueces del país.
Tercer acto: el Tribunal Supremo Electoral no se opone a la orden de la Sala Constitucional
La Sala de lo Constitucional que instaló el propio Bukele autorizó el 3 de septiembre de 2021 su reelección presidencial inmediata, cruzando una línea que los críticos del proyecto de Nuevas Ideas —el partido político del mandatario— habían advertido con preocupación.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) salvadoreño anunció el 4 de septiembre la decisión de acatar la orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de que se permita la inscripción para competir por una reelección presidencial, con la única condición de que el presidente en funciones renuncie seis meses antes del mandato.
En aquel fallo, los magistrados ordenan al Tribunal Supremo Electoral permitir “que una persona que ejerza la Presidencia de El Salvador y no haya sido presidente en el período inmediato anterior, participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.
“La Sala de lo Constitucional de El Salvador —que Bukele cooptó en mayo de este año— acaba de permitir que Bukele se presente a una reelección. El mismo libreto que usaron Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras. La democracia en El Salvador está al borde del abismo”, expresó José Miguel Vivanco, quien fue director de Human Rights Watch.
“Después de discutirlo con mi esposa Gabriela y mi familia, le anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido que seré candidato a la presidencia de la República”, dijo Bukele durante una alocución con motivo de la conmemoración de la independencia de El Salvador, el 16 de septiembre de 2022.
El 9 de julio de 2023, el Partido Nuevas Ideas oficializó la candidatura de Nayib Bukele para los comicios de febrero de 2024. El 30 de noviembre de 2023, Bukele obtuvo en el Parlamento el permiso que le da vía libre para ausentarse seis meses del cargo y comenzar la carrera por su reelección. La petición fue aprobada de manera exprés por 67, de los 84 diputados.
¿Qué dice la Constitución salvadoreña?
La Constitución de El Salvador señala en el artículo 154 que el período presidencial es de cinco años y comienza y termina el 1 de junio, “sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.
Pasado ese período, la Asamblea Legislativa está llamada a “desconocer obligatoriamente al Presidente de la República o al que haga sus veces cuando terminado su período constitucional continúe en el ejercicio del cargo”, agrega el artículo 131.
La Carta Magna también sostiene en el artículo 88 que “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno”, y agrega, en el artículo 75, que quienes “suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”, pierden los derechos ciudadanos.