La primera recomendación que recibió Sonia cuando buscó ayuda psicológica en el Hospital Primario Nilda Patricia Velasco de Zedillo, en Ciudad Sandino, fue acudir a una clínica privada. La segunda, cuando regresó para preguntar por el servicio gratuito en ese centro de salud, fue que tendría que esperar hasta seis meses para conseguir una cita.
Ninguna de las dos opciones resolvía su problema. Sonia, de 35 años, estaba desempleada y atravesaba un episodio de depresión después de enfrentar dificultades económicas y un divorcio en septiembre de este año. Las consultas privadas que encontró costaban entre 50 y 75 dólares, una cantidad que no podía pagar.
Según relata, el médico que la atendió incluso le desaconsejó utilizar el servicio psicológico del hospital porque consideraba que la atención era deficiente. Desde entonces, Sonia intenta sobrellevar sus problemas emocionales mediante el ejercicio físico, sin haber conseguido el tratamiento profesional que buscaba.
La experiencia de Sonia contrasta con los compromisos anunciados por el Ministerio de Salud (Minsa) para ampliar la atención de salud mental en Nicaragua. En agosto de 2026, apenas un mes antes que ella buscara ayuda, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que las autoridades sanitarias se habían comprometido a fortalecer los servicios comunitarios, capacitar al personal y mejorar el seguimiento de los pacientes.
Sin embargo, no está claro con qué recursos se cumplirán estos compromisos. Una revisión de DIVERGENTES al presupuesto del Minsa para 2026 encontró que, aunque la institución dispone de 27.7 millones de córdobas, la distribución entre sus cinco principales programas no identifica cuánto dinero se destina específicamente a los servicios psicológicos y psiquiátricos.
La falta de información no se limita al presupuesto. Los documentos públicos revisados tampoco permiten establecer cuántos especialistas trabajan actualmente en el sistema público, cuánto esperan los pacientes para conseguir una consulta o qué resultados han tenido las medidas anunciadas para ampliar la cobertura.
Los compromisos del Minsa ante la OPS
El 4 de agosto de 2026, la OPS informó sobre una misión técnica realizada en Nicaragua para evaluar los avances en salud mental y definir nuevas prioridades de atención.
Durante la visita, encabezada por Renato Oliveira e Souza, jefe de la Unidad de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas de la OPS, representantes del organismo se reunieron con autoridades sanitarias y conocieron experiencias de atención en establecimientos especializados.
Según el comunicado oficial de la OPS, el Minsa reafirmó su compromiso de fortalecer la atención comunitaria, integrar los servicios de salud mental en el primer nivel de atención y mejorar la capacidad del personal sanitario.
Entre las prioridades también figuraron la actualización de normas y protocolos, el fortalecimiento de los registros clínicos y el desarrollo de una estrategia nacional de “telesalud” que permita realizar consultas especializadas a distancia.
La misión incluyó visitas al Centro de Atención Psicosocial de Granada y al Centro Nacional de Atención de Salud Mental Infanto-Juvenil, donde la delegación conoció el funcionamiento de los servicios y las experiencias de sus equipos de trabajo.
¿Cuántos psicólogos y psiquiatras tiene el Minsa?
En junio de 2026, la ministra de Salud, Meyling Brenes, informó que 7083 médicos trabajaban en la red pública de Nicaragua. Sin embargo, en medio de la política de opacidad informativa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Minsa sigue divulgando cifras parciales.
No ha publicado datos nacionales actualizados que permitan conocer cuántos de esos médicos son psiquiatras ni cuántos psicólogos trabajan en los establecimientos públicos de salud.
En agosto de 2025, el ministerio anunció un programa de capacitación para fortalecer la atención de pacientes con trastornos mentales. El plan contemplaba formar equipos de facilitadores en los 19 Sistemas Locales de Atención Integral en Salud (SILAIS), que posteriormente capacitarían a 395 trabajadores entre psiquiatras, psicólogos, médicos generales, personal de enfermería y otros profesionales.
La formación incluía técnicas de intervención, rehabilitación psicosocial y cuidados de pacientes psiquiátricos. Sin embargo, la cifra de 395 trabajadores no permite establecer cuántos especialistas están disponibles para atender a la población, cómo se distribuyen territorialmente ni cuánto deben esperar los pacientes para conseguir una consulta.
Los centros especializados y el acceso a las consultas
La red pública de salud de Nicaragua cuenta con 79 hospitales y 153 centros de salud, según datos publicados por el Minsa. En estos establecimientos se brindan distintos servicios médicos, incluida la atención de salud mental, además de la que ofrecen los centros especializados.
Entre estos últimos figuran los Centros de Atención Psicosocial (CAPS), que suman alrededor de 19 en todo el país, según informó el viceministro de Salud, Enrique Beteta, durante el I Congreso Internacional de Salud Mental, celebrado el 8 de octubre de 2026. La cifra representa un aumento respecto a los 16 centros reportados por el Minsa en el 2023.
Según las proyecciones del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), Nicaragua tenía unos 6.9 millones de habitantes en 2025. Con los aproximadamente 19 CAPS reportados recientemente, esto equivale a un centro especializado por cada 365 600 habitantes.
Una hospitalización de tres días que se extendió a diez
Carla, hermana de un joven diagnosticado con esquizofrenia, denuncia que su familiar sufrió agresiones de otros pacientes y malos tratos del personal durante su primer ingreso al Hospital Psiquiátrico de Managua.
Su hermano comenzó a presentar alteraciones de salud mental alrededor de los 28 años. Tras acudir al hospital, recibió el diagnóstico y los médicos recomendaron internarlo durante tres días para observación. Sin embargo, permaneció 10 días en un pabellón junto a pacientes que, según Carla, presentaban trastornos psiquiátricos más graves.
Después de recibir el alta, el joven contó a su hermana que también se había sentido maltratado por el personal médico.
“Yo sentía que me estaban interrogando como si fuese un criminal. No entiendo por qué me hablaban así. Es cierto que me decían cosas que yo no recuerdo haber hecho, pero me hablaban como si les estuviera mintiendo, en lugar de darme apoyo o seguridad”, recuerda Carla que le dijo su hermano.
Desde 2020, el Minsa cuenta con una Norma de Atención en Salud Mental que establece criterios para el ingreso hospitalario, el tratamiento y el seguimiento de pacientes con trastornos mentales, así como responsabilidades del personal médico. Sin embargo, Carla desconoce qué procedimientos se aplicaron durante el internamiento de su hermano y si el hospital tomó alguna medida ante las agresiones que denuncia.
Más propaganda, menos datos de salud mental
Las dificultades para evaluar la capacidad actual del sistema público contrastan con la información que el propio Minsa divulgaba en años anteriores.
En 2019, el ministerio registró 18 104 pacientes con enfermedades mentales y 130 825 atenciones relacionadas con esos diagnósticos. Estas cifras fueron publicadas en 2020.
El Minsa también detallaba los motivos de las consultas de salud mental. Entre 2017 y 2018, los trastornos de ansiedad representaron el 25% de las consultas, los problemas relacionados con la niñez el 24% y los cuadros depresivos el 17%.
Dos años después, el Plan Institucional de Corto Plazo 2022 estableció metas específicas para la atención de salud mental. Entre ellas figuraban 42 011 atenciones psicosociales en los CAPS y 58 308 atenciones con medicamentos gratuitos para pacientes con enfermedades psiquiátricas.
En mayo de 2023, las autoridades volvieron a divulgar cifras específicas. Reportaron 299 155 atenciones de salud mental acumuladas entre 2022 y mayo de ese año, de las cuales 292 143 correspondían a adultos atendidos en los CAPS y 7012 a menores de 15 años en el Centro Nacional de Salud Mental Infantil, ubicado en Managua y especializado en la atención de niños y adolescentes.
Las estadísticas de enfermedades psiquiátricas también continuaron apareciendo en el Mapa Nacional de Salud. Para 2024, los registros oficiales contabilizaron 24 742 casos, frente a 14 594 en 2020, lo que representa un aumento del 69.5% en cuatro años.
Sin embargo, los documentos institucionales más recientes revisados por este medio no presentan una actualización equivalente de las atenciones realizadas en los CAPS, los pacientes que reciben medicamentos o el cumplimiento de las metas establecidas en 2022.
Mientras el Minsa divulga cada vez menos datos sobre la atención de salud mental, el régimen Ortega-Murillo utiliza las inauguraciones de centros de salud para promover su propaganda política. En las imágenes difundidas de estas actividades, el personal sanitario aparece con banderas y símbolos partidarios sobre sus uniformes.
Minsa fija indicadores, pero oculta resultados
La normativa de Atención en Salud Mental vigente también estableció mecanismos para evaluar aspectos esenciales de los servicios.
Entre los indicadores figuraban las actividades de promoción y prevención, la disponibilidad de personal médico capacitado, el abastecimiento de psicofármacos y la existencia de camas destinadas a pacientes con trastornos mentales en establecimientos de segundo nivel.
La normativa estableció metas de cumplimiento y mecanismos de seguimiento periódico. Sin embargo, en los documentos públicos revisados no se localizaron resultados recientes y comparables de estos indicadores que permitan establecer su nivel de cumplimiento.
El presupuesto no detalla la inversión
A la falta de información sobre especialistas y cobertura se suma la ausencia de una asignación diferenciada para salud mental en la estructura general del presupuesto del Minsa.
El Presupuesto General de la República de 2026 asigna al ministerio 27.7 millones de córdobas, distribuidos entre cinco programas.
Los dos principales son Atención de Salud Hospitalaria, con 13.1 millones de córdobas, y Atención Integral en el Primer Nivel, con 11.6 millones.
Los restantes recursos corresponden a promoción y prevención, actividades centrales y sedes locales.
En esta clasificación, la salud mental no aparece como un programa presupuestario independiente. Por tanto, la distribución general no permite identificar cuánto se destina específicamente a consultas psicológicas, atención psiquiátrica, medicamentos especializados o funcionamiento de los CAPS.
La digitalización y seguimiento de los pacientes
El fortalecimiento de los registros clínicos es otra de las prioridades del Minsa y la OPS. En su informe anual de 2025, el organismo señaló que se incorporó un componente de salud mental al expediente clínico electrónico para mejorar el seguimiento de los pacientes, aunque no precisó cuántos establecimientos lo utilizan.
Un reciente reportaje de DIVERGENTES documentó casos de pacientes cuyos expedientes o resultados médicos se extraviaron, lo que los obligó a repetir exámenes. Estas fallas pueden afectar especialmente a quienes requieren tratamientos prolongados y consultas periódicas, como ocurre con los pacientes psiquiátricos.
La OPS también ha destacado experiencias positivas de atención comunitaria, como la de un joven de Granada que recibió acompañamiento especializado en un CAPS. Sin embargo, estas experiencias contrastan con las dificultades denunciadas por Sonia, quien no consiguió atención psicológica en un hospital público, y Carla, quien cuestiona las condiciones de hospitalización de su hermano.
Sin datos actualizados sobre la cobertura, los tiempos de espera y la capacidad de los servicios, resulta difícil evaluar si los compromisos del Minsa se traducen en mejoras para los pacientes.