Fueron ocho los disparos que un sicario descargó la mañana del jueves 19 de junio sobre el cuerpo de Roberto Samcam Ruiz, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y férreo opositor de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ocho disparos también recibió Joao Maldonado en el segundo atentado contra su vida, en enero de 2024, en esta misma ciudad: San José, Costa Rica. Un país que, aunque sigue siendo refugio, es cada vez menos seguro para los nicaragüenses que huyen de la represión.
Quizás el número de proyectiles sea una trágica coincidencia sicarial. Pero el violento asesinato de Samcam confirma que no se trata de un hecho aislado, sino que es parte de una estrategia de represión extraterritorial ejecutada por la dictadura copresidencial. Su concreción en suelo costarricense apunta directamente a la Dirección de Inteligencia del Ejército de Nicaragua (DID), según fuentes de seguridad costarricenses consultadas por DIVERGENTES durante el último año.
Al crimen del mayor en retiro este jueves, y el doble intento de homicidio de Maldonado, se suman los asesinatos de Rodolfo Rojas en junio de 2022 y de Jaime Luis Ortega Chavarría en octubre de 2024. Todos ellos originarios de Carazo y parte de la resistencia activa en 2018 en ese departamento, en especial del tranque de Jinotepe, uno al que la policía y los paramilitares les costó demasiado desarticular. Hubo muertos en ambos bandos.
Una alta fuente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica confirmó a DIVERGENTES que, al menos en los dos atentados contra Joao Maldonado y su esposa, hubo una labor previa de inteligencia orientada a perfilar a la víctima y ganarse su confianza. En el segundo ataque, el principal sospechoso, el periodista Danilo Aguirre Sequeira, entabló una relación con Maldonado, le encargó la grabación de unos videos y lo citó en un hotel de San José para entregarle el material y pagarle el monto acordado por el servicio. Tras esa transacción, Maldonado fue baleado.
La ejecución extrajudicial de Samcam también revela que, detrás del gatillero, hubo inteligencia. El sicario no actuó al azar: eligió el día exacto en que reparaban los portones del condominio Naples y, aprovechando la entrada libre, accedió hasta la puerta del departamento del mayor en retiro. Allí le disparó ocho veces a quemarropa.
No es un secreto que, meses antes de su asesinato, Samcam recibió amenazas de muerte directas. Tampoco fueron amenazas aisladas: otros críticos del régimen Ortega-Murillo —incluido Joao Maldonado— también fueron intimidados. Entre las personas amenazadas se cuentan defensores de derechos humanos y activistas políticos cuyos nombres, por razones de seguridad, nos reservamos.
Tampoco es un secreto que Samcam fue uno de los críticos más sistemáticos del Ejército de Nicaragua y su colusión en crímenes de lesa humanidad. Denunció ese entramado mucho antes de que el Grupo de Expertos de la ONU señalara formalmente a la jefatura castrense como pieza clave del aparato represivo Ortega-Murillo. Apenas un día antes de su asesinato, el mayor en retiro participó en el programa Café con Voz con Luis Galeano, en el que abordó la corrupción militar y la capitulación institucional del Ejército ante la copresidenta Rosario Murillo.
Pero más allá de eso, la principal hipótesis que maneja la fuente del OIJ en el caso de Maldonado —y en los asesinatos de otros dos opositores originarios de Carazo— apunta a “motivos políticos”. Danilo Aguirre Sequeira, aunque se presenta como periodista, logra lo que un verdadero periodista perseguido no puede: moverse con total libertad dentro de Nicaragua. Y a pesar de estar solicitado por la justicia costarricense como sospechoso de intento de asesinato, la Policía Nacional nicaragüense no lo captura.
El doble rasero de la Policía sandinista
De hecho, la fuente del OIJ reveló a DIVERGENTES que, en estos casos, la Policía Nacional de Nicaragua ha mostrado cero interés y ninguna colaboración. La diferencia es evidente: días antes de que el artesano Jaime Luis Ortega Chavarría fuera ejecutado en la comunidad de El Quebradón, en Upala, una mujer nicaragüense y su hija fueron asesinadas en un caso no vinculado a motivaciones políticas. En ese crimen, la Policía sandinista sí buscó a las autoridades costarricenses. En los casos con motivación política, guardan silencio y se extravían.
“De inmediato, la Policía de Nicaragua solicitó a la OIJ información y detalles del asesinato de esta nicaragüense y su niña que iban en motocicleta. Sin embargo, con el campesino en Upala ni se inmutaron… ni siquiera preguntaron qué había pasado. Lo que te quiero decir es que, en estos crímenes con presunción política, no hay ningún interés por parte de la Policía de Nicaragua en saber qué ocurrió. Lo mismo sucedió con los dos atentados contra Joao Maldonado: silencio total. Son insistentes con los crímenes comunes”, explicó el funcionario judicial.
El expediente 24-000055-0053-PE, abierto por la justicia costarricense en el caso de Maldonado, mantiene como hipótesis policial que el atentado obedece a motivaciones políticas. Al profundizar en esta línea, la fuente del OIJ resalta el patrón de perfilamiento previo mediante labores de inteligencia. “Sí creo que hay una red del Gobierno de Nicaragua operando parcialmente en Costa Rica. Se elabora un plan que incluye seguimiento y vigilancia, pero no son ellos quienes aprietan el gatillo: contratan a pistoleros ticos para disolver el rastro… y contratar gatilleros aquí es fácil: con 50 mil ó 300 mil colones, en dependencia del objetivo”, asegura.
Sin embargo, otra fuente del Ministerio del Interior de Nicaragua ofrece otra perspectiva a DIVERGENTES: “No operan parcialmente. Hay una red de inteligencia que opera después de la pandemia luego que se normalizó el flujo de personas. Hay gente de inteligencia del Ejército que llegó a Costa Rica y sus colaboradores son nicaragüenses sandinistas que tienen años residiendo en Costa Rica. Han utilizado el modelo policial comunitario informativo y preventivo para crear una red que coopera y opera con totalidad en Costa Rica, como que fuera Nicaragua”.
En ese sentido, la fuente del OIJ vincula esta modalidad de crímenes políticos con la grave crisis de seguridad que atraviesa Costa Rica, donde el sicariato —alimentado por el narcotráfico y las disputas territoriales entre bandas— se ha vuelto una práctica cotidiana. Casi a diario se reportan “pasadas de cuenta” que mantienen al límite las cifras de homicidios. “En Nicaragua saben de esto y de la facilidad de contratar a un gatillero que mata por dinero, sin conocer las verdaderas motivaciones. Entonces, cuando logramos detener a alguien, es realmente difícil obtener más información, como sucedió con los gatilleros de Joao. Además, muchas veces contratan a los gatilleros por medio de intermediarios ticos, lo que disuelve aún más el rastro”, sostiene la fuente.
Las pesquisas de la fuente del OIJ, por el tipo de perfilamiento aplicado a las víctimas, apuntan a “gente que sabe lo que hace, con entrenamiento y coordinación casi que de inteligencia militar”. Cuando le preguntamos por el nombre de un militar en retiro que, según una fuente sandinista, lideraría la célula represiva en Costa Rica, respondió que es una posibilidad. Sin embargo, advirtió que el OIJ, al ser un ente judicial, tiene limitaciones para investigar hechos que comprometan la seguridad nacional costarricense. En ese punto, nos recomendó dirigirnos a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), adscrita a la presidencia de Rodrigo Chaves. Pero ha sido imposible obtener una respuesta de esa dependencia.
Tras el segundo intento de asesinato contra Joao Maldonado, el Gobierno de Costa Rica rechazó categóricamente la existencia de “células organizadas y controladas por el Gobierno nicaragüense” operando en su territorio. Sin embargo, la fuente del OIJ admite que, después del primer atentado en 2021, la atención institucional al caso fue escasa. El seguimiento policial fue limitado, a pesar de las señales que apuntaban a una posible motivación política.
Joao Maldonado era testigo protegido de la Fiscalía de Costa Rica. Se le había advertido que nadie debía conocer su lugar de residencia y que, en caso de revelarlo, debía hacerlo con extrema cautela. Sin embargo, a pesar de esa supuesta protección del Estado, fue baleado por segunda vez en plena vía pública, ya que la víctima decidió acudir a la cita con Aguirre Sequeira.
El gobierno de Rodrigo Chaves, hasta ahora, ha prestado escasa atención a la represión extraterritorial del régimen Ortega-Murillo en suelo costarricense, pese a que esta ya ha sido advertida por el Grupo de Expertos de Naciones Unidas. Horas después del asesinato de Roberto Samcam, la expresidenta Laura Chinchilla expresó su indignación “ante la actitud de descuido e indolencia que ha tenido la DIS frente a las amenazas que han recibido los nicaragüenses exiliados o refugiados en Costa Rica”.
Ante este creciente clima de inseguridad por razones políticas, “es imperativo que el gobierno de Rodrigo Chaves asuma con mayor firmeza su responsabilidad en la protección de los refugiados, especialmente aquellos que han recibido amenazas de muerte directas”, opinan exiliados. La dictadura Ortega-Murillo, con su brazo represivo extendido más allá de las fronteras nicaragüenses, se ha convertido en un problema no solo regional, sino iberoamericano: Roberto Samcam es el primer desnacionalizado y naturalizado español asesinado en suelo costarricense.