El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes de forma unánime la iniciativa de Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER, por sus siglas en inglés). El proyecto de ley implica, entre otras cosas, una revisión formal del Ejecutivo para determinar la continuidad de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta), así como la investigación de inteligencia sobre las actividades rusas en Nicaragua, especialmente sobre la venta de armas al país centroamericano.
“Este es un día de acción enérgica. El Senado está diciendo que la paranoia de Daniel Ortega de perder en las urnas no es excusa para el desmantelamiento sistemático del sistema democrático de Nicaragua. Hoy dejamos claro que la descarada táctica de Ortega de encadenar a cualquiera que se atreva a desafiarlo no dará sus frutos, y de hecho, nuestro compromiso de entregar esperanza y oportunidades al pueblo de Nicaragua apenas está comenzando”, expresó Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
La Ley RENACER continúa su camino dentro del Congreso de Estados Unidos y el siguiente paso es su discusión en el pleno de la Cámara de Representantes. Si logra la aprobación de ambos partidos, la legislación será enviada a la oficina de Joe Biden para su firma y puesta en vigencia.
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La aprobación del proyecto de ley se traduce en nuevas sanciones y medidas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y su círculo más cercano. También promueve que el gobierno de norteamericano amplíe la coordinación de sanciones con Canadá y la Unión Europea.
Las voces críticas del Senado
“Al poner de relieve la espiral de situación en Nicaragua, no dejaré de pedir el fin de la persecución política, incluidos los esfuerzos para silenciar a los líderes de la oposición como Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Los gobiernos de nuestro hemisferio y del mundo deben solidarizarse con los ciudadanos de Nicaragua y contra la consolidación de una tercera dictadura en América Latina”, dijo el senador demócrata Bob Menéndez.
Por su parte, el senador demócrata Chris Murphy aseguró que esta ley permite “atacar a los funcionarios nicaragüenses que buscan descarrilar el proceso electoral del país y proteger la democracia… El Senado de los Estados Unidos envía una señal clara de que estamos con el pueblo nicaragüense, y espero que este proyecto se convierta en ley”, aseguró.
Esta medida, la de mayor trascendencia en contra del régimen Ortega-Murillo, propone “nuevas iniciativas para monitorear, informar y abordar la corrupción por parte del gobierno y la familia del presidente nicaragüense Daniel Ortega”.
El senador demócrata Tim Kaine, miembro de alto rango y presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental y quien también lideró la iniciativa de la Ley RENACER, aseguró que el gobierno de EE.UU. debe continuar tomando medidas “contra el régimen de Ortega por sus continuos arrestos de rivales políticos y violencia contra líderes de la oposición”.
La legislación recién aprobada también contempla una revisión de posibles sanciones bajo la Ley de Lucha contra los Adversarios de Estados Unidos a través de Sanciones (CAATSA) y requiere informar sobre los abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses en comunidades rurales e indígenas.
También amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y reafirma la exención legal existente para proyectos humanitarios.
Para el politólogo Claudio Hernández, lo que diferencia a la Ley RENACER de las otras leyes o sanciones aprobadas contra el régimen de Ortega, es que “está orientada a reforzar esos mismos mecanismos de presión de los que dispone Estados Unidos, y trabajar en conjunto con otras potencias para generar mayor presión, incluyendo el retirar los beneficios fiscales que Nicaragua tiene con el CAFTA, de la misma manera que en Europa ya se habla de considerar sacar al país del Acuerdo de Asociación”.
Departamento de Estado restringe 50 visas
El Departamento de Estado impuso este seis de agosto restricciones de visado a 50 familiares inmediatos de representantes de la Asamblea Nacional de Nicaragua y fiscales y jueces nicaragüenses.
De acuerdo al comunicado, estas personas “han contribuido directamente a las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua que no cumplen con las condiciones para elecciones transparentes, libres y justas con las que todos los Estados miembros de la OEA se han comprometido en virtud de la Carta Democrática Interamericana”.
El 12 de julio el Departamento de Estado también anunció la restricción de visa contra 100 legisladores, jueces, fiscales y familiares nicaragüenses de estos funcionarios.