Un video en el que un conductor de InDrive es golpeado y arrinconado por taxistas en Managua volvió a encender la disputa entre el transporte tradicional y las plataformas digitales en Nicaragua. El hecho no es aislado: los enfrentamientos entre ambos sectores se repiten en un país donde aplicaciones como InDrive operan sin un marco legal..
Mientras los taxistas sostienen que son los únicos autorizados por ley para brindar el servicio, usuarios defienden las plataformas por considerarlas más económicas, cómodas y, en algunos casos, más seguras. Pero ¿qué dice realmente la normativa nicaragüense? ¿Es legal que estas aplicaciones funcionen en el país?
En este Diver-Check revisamos qué establece la legislación nacional, cuál es la postura del Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma) y la Policía Nacional, y qué países de Centroamérica sí cuentan con regulación para este tipo de plataformas.
El Irtramma ha sido enfático: los conductores que operan mediante plataformas digitales lo hacen de manera ilegal, ya que no cuentan con autorización para brindar servicio de taxi a particulares. Hasta ahora, no existe ninguna iniciativa de ley, ni proceso de consulta pública que busque regular este tipo de aplicaciones en Nicaragua.
InDriver: “no aporta al desarrollo económico del país”
En una entrevista concedida en 2020, Amaru Ramírez, funcionario del Irtramma y actual viceministro del Ministerio de Transporte e Infraestructura, recordó que la Ley 524, Ley General del Transporte Terrestre, establece que todo servicio de transporte público debe estar regulado. Incluso señaló que, a petición del sector taxista, han explorado la posibilidad de crear una plataforma digital, pero únicamente con “taxis debidamente autorizados por el Irtramma”.
Ramírez explicó que InDriver comenzó a operar en 2019 y sostuvo que “no tiene asidero legal en Nicaragua y físicamente no está en Nicaragua, por lo tanto no la hemos podido regular, y esta aplicación está llamando a todos los particulares a que se inscriban y a que presten un servicio…”, dijo Ramírez en una entrevista en Canal 4, que forma parte del medios de propaganda de la dictadura sandinista.
A juicio del funcionario, se trata de una empresa “que no aporta al desarrollo económico del país”, por lo que “no está siendo bien vista ni por el ente regulador, ni por el Estado, ni por los propios compañeros taxistas”.
A finales de 2025, conductores de InDriver denunciaron que agentes de la Policía Nacional y del Irtramma simulaban solicitar el servicio a través de la aplicación y, una vez concluido el traslado, imponían multas y retenían los vehículos.
Pese a los operativos, los conductores de plataformas continúan trabajando, muchos desde el anonimato y concentrándose en puntos específicos de la ciudad. En redes sociales, algunos afirman estar dispuestos a confrontar a taxistas que intenten impedirles operar, lo que ha derivado en episodios de violencia física.
Más allá de la ausencia de un marco legal que regule estas plataformas, el sector de transporte selectivo en Nicaragua está estructurado en cooperativas y sindicatos que históricamente han mantenido vínculos con el Frente Sandinista.
A esto se suma el valor económico de las concesiones. Obtener un taxi legal implica el pago de montos elevados en el mercado informal de cupos; la entrada de plataformas que operan sin concesión impacta ese esquema, al reducir el valor de permisos por los que muchos taxistas pagaron miles de dólares.
Costa Rica: proyecto de ley en trámite y fallos que redefinen la relación laboral
En Costa Rica, las plataformas de transporte como Uber e InDrive aún no cuentan con una ley que las regule. No obstante, existe un texto sustitutivo al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo: la Ley de Transporte Remunerado No Colectivo de Personas y Plataformas Digitales (expediente 23.736), que sigue en trámite.
La iniciativa propone dos modalidades de servicio: el taxi dual —taxis rojos tradicionales que podrían operar también mediante aplicaciones digitales— y el servicio de transporte intermediado por plataformas. Sin embargo, diez años después de la llegada de Uber al país, en 2015, la regulación continúa pendiente. Durante la administración de Rodrigo Chaves el proyecto no ha sido aprobado, mientras el gremio de taxistas mantiene su respaldo a la propuesta que regulará a Uber, DiDi, InDriver y otros.
Aunque estas plataformas operan sin prohibición formal, su presencia no ha estado exenta de controversias. Más allá de las tensiones con el sector taxista y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Uber ha enfrentado demandas interpuestas por sus propios conductores.
Según el medio El Observador, una resolución judicial reciente cuestionó el modelo de operación de la empresa. El Tribunal de Justicia determinó que la plataforma utilizó “la fachada de colaboración” para evitar reconocer la relación laboral con los conductores, a quienes denomina “socios colaboradores”.
Este precedente representa un desafío para el derecho laboral costarricense, en un contexto en el cual las plataformas continúan operando como una alternativa de transporte popular y legalmente tolerada, pero aún sin una regulación definitiva.
Honduras: resistencia gremial y regulación fallida
En Honduras, las plataformas digitales de transporte tampoco fueron bien recibidas por el gremio taxista. En 2019, Rony Figueroa, vicepresidente de la organización gremial Ataxis, advirtió ante el Congreso Nacional que, si se aprobaba una ley para regular estas aplicaciones, el sector se iría a paro. Según los taxistas, las compañías operarían sin pagar tasa vial ni impuestos, mientras ellos sí asumen esas cargas, además de exponerse a la extorsión y mayores costos operativos.
El diputado del Partido Nacional, Leo Castellón, presentó ante la Comisión de Transporte una iniciativa que permitiría a estas plataformas tecnológicas competir con el taxi tradicional. Sin embargo, la propuesta no prosperó y Honduras continúa sin contar con una regulación específica.
Incluso existe un servicio de taxi VIP —transporte privado sin registro oficial— que funciona al margen de las compañías tradicionales. Esta falta de marco legal mantiene el servicio en una zona gris y ha derivado en operativos constantes para verificar permisos de explotación y certificados de operación, a cargo del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).
El Salvador: alta demanda, regulación pendiente
En El Salvador, el servicio de transporte mediante plataformas digitales se asemeja al caso de Costa Rica: opera sin un marco regulatorio específico, pero mantiene una alta demanda entre la población. En 2023, los legisladores iniciaron el estudio de un nuevo marco normativo para regular el servicio que diversas empresas ofrecen a través de aplicaciones digitales, según la página web de la Asamblea Legislativa.
La posible regulación no es un tema nuevo. Desde mayo de 2017, el gremio de taxistas ha protagonizado protestas, al considerar que estas plataformas representan una competencia ilegal. A finales de diciembre de 2025, taxistas se apostaron en las calles de la capital para exigir al Congreso que deseche la propuesta de reforma que busca regular a Uber y servicios similares.
“Les pedimos a los diputados que la manden al archivo porque nosotros somos suficientes para cubrir la demanda de la población”, declaró en rueda de prensa Joaquín Cortés, representante de organizaciones de taxistas. Agregó que al menos 7000 conductores podrían quedar sin empleo y que sus ingresos han disminuido desde la llegada de la compañía.
Mientras el debate legislativo continúa, algunas instituciones avanzan en acuerdos operativos. La Autoridad del Centro Histórico (Aplan) informó que trabaja con Uber en una carta de entendimiento para definir puntos de encuentro en la periferia del centro histórico y reducir la congestión vehicular en las principales calles.
Guatemala: sin ley ni consenso, las apps siguen funcionando
En Guatemala tampoco existe una ley específica que regule las plataformas digitales de transporte, aunque su uso es amplio entre la población. El gremio de taxistas ha manifestado su rechazo a una eventual regularización en condiciones que, según sostienen, les generan desventajas, e incluso se ha reunido con autoridades municipales y del Gobierno sin que se haya alcanzado una resolución concreta.
En 2018 se registraron protestas bajo el argumento de competencia desleal. Abner Flores, representante del gremio de taxistas en la capital, señaló que, conforme a las leyes vigentes, los conductores y vehículos que “transportan personas de forma remunerada” deben someterse a controles exhaustivos, pagar cuotas municipales y cumplir requisitos como no tener antecedentes penales. Es decir, según el gremio la operación de plataformas genera una omisión legal frente a la supervisión de tarifas, condiciones laborales, obligaciones fiscales y estándares de seguridad.
Ante este escenario, las autoridades debaten propuestas que incluyen registro obligatorio de conductores, pago de impuestos y licencias especiales. Sin embargo, la falta de consenso y la presión de distintos sectores han frenado cualquier avance, por lo que las plataformas siguen operando en un vacío regulatorio.
Panamá: la excepción regulada en Centroamérica
Panamá es el único país de Centroamérica que cuenta con una regulación específica para las plataformas digitales de transporte, a través del Decreto Ejecutivo 331, que reglamenta el Servicio de Transporte de Lujo ofrecido mediante Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
No obstante, en febrero de 2024 la Asamblea Nacional avanzó al segundo debate del Proyecto de Ley 986, que busca derogar ese decreto y establecer un nuevo marco regulatorio. La propuesta pretende encasillar a las plataformas bajo la categoría de transporte de lujo, diferenciándose del taxi convencional, pero imponiendo reglas más estrictas que las vigentes. El proyecto continúa en discusión.
El panorama en Centroamérica muestra una tendencia común. Las plataformas digitales de transporte operan, en la mayoría de los países, en zonas grises legales. Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala han debatido iniciativas sin concretar marcos regulatorios definitivos, mientras Panamá es la excepción con una normativa vigente, aunque también en revisión.
En Nicaragua, el escenario es distinto. No solo no existe una propuesta de regulación, sino que las autoridades han calificado abiertamente como ilegales a estas plataformas y respaldan los operativos contra sus conductores. El conflicto, además, trasciende lo jurídico pues involucra intereses económicos ligados a concesiones de taxi, una estructura gremial con conexiones políticas y violencia.