Costa Rica reduce su presupuesto social mientras compra tabletas y licencias; El Salvador confía la salud y la educación digitales a alianzas público-privadas y a la inteligencia artificial. Dos caminos distintos hacia la misma pregunta incómoda: ¿qué Estado se está construyendo cuando nadie está mirando? ¿qué chances tienen las democracias de controlar un tecno-estado?

Hay palabras que esconden ideologías. Ayer se hablaba de “privatización”, con todo el ruido que la palabra arrastraba; hoy se habla “modernización”, algo que no molesta a nadie y que suena a eficiencia, a futuro, a mejor servicio para toda la población. Bajo ese rótulo se están tomando importantes decisiones que definirán qué puede hacer el Estado centroamericano durante las próximas décadas.

Empecemos por los números. El Proyecto de Presupuesto 2027 de Costa Rica reduce el presupuesto total del Gobierno Central en torno a un 1,5% en términos nominales, y eso que solo el pago de los intereses de la deuda cuesta hoy unos ¢180.000 millones. Dentro de la política social hay ganadores y perdedores: el FODESAF, el fondo que financia la política social y los programas contra la pobreza aumenta en su conjunto; pero disminuyen los recursos que por esa vía llegan al IMAS, el Instituto Mixto de Ayuda Social, para atender la pobreza y la pobreza extrema, al igual que los giros a Avancemos, el programa de becas que evita que adolescentes de escasos recursos abandonen el colegio. También se reportan recortes en programas del PANI, el Patronato Nacional de la Infancia.

Hasta aquí, la historia conocida: ajuste fiscal, recursos escasos, programas sociales obligados a competir entre sí por sobrevivir. 

Sin embargo, este mismo proyecto de presupuesto tiene otra cara. En partidas recientes aparecen inversiones crecientes en servidores, equipo informático, licencias de software, ciberseguridad, automatización y sistemas de información. El Ministerio de Trabajo presupuesta tabletas para sus inspectores laborales y aplicaciones para administrar bases de datos; Educación aumenta recursos en licencias y herramientas de automatización. Por supuesto que nada de esto es malo en sí mismo: una inspección laboral equipada trabaja mejor; un sistema integrado evita que una persona entregue cinco veces los mismos papeles; un Estado moderno necesita tecnología.

La pregunta es qué ocurre cuando esa inversión tecnológica crece justo mientras se contienen el gasto y el empleo públicos. ¿Será que se dibuja un Estado débil en fuerza de trabajo, sin contrapesos, sin sindicatos, y a la vez se promueve un tecno-Estado en el que los gobiernos y las grandes plataformas tecnológicas se entrelazan para ejercer el poder, vigilar, administrar y ofrecer servicios esenciales a la ciudadanía? 

Para responderlo es relevante mirar hacia El Salvador, gobernado por un aliado político y referente de quienes ocupan hoy la Casa Presidencial. De hecho, las diferencias enormes en las condiciones sociales e institucionales de estos países no han impedido que el gobierno costarricense admire y busque implementar el modelo de seguridad de Bukele.

Allí, el gobierno imprime un renovado impulso a las alianzas público-privadas —los APP: contratos en que actores privados financian, construyen u operan servicios que eran del Estado— dentro de una agenda más amplia de desregulación y de participación privada en sectores como salud, educación y agua. Esa estrategia se extiende con fuerza al mundo digital: la telemedicina pública se despliega mediante la plataforma Doctor SV, que opera con apoyo de inteligencia artificial desarrollada en colaboración con Google Cloud, y se anuncia que el sistema educativo incorporará a Grok, el modelo de la empresa xAI, como tutor personalizado para un millón de estudiantes de escuelas públicas.

En Costa Rica el gobierno no se queda atrás. El Instituto Nacional de Aprendizaje y Open English, lanzaron públicamente el programa “Hello Brete” para el aprendizaje del inglés. Esta iniciativa, que costará 74 millones de dólares en 4 años, reogió masivamente datos sensibles y ya reporta 99.000 mil deserciones, casi la mitad de las personas matriculadas este año, por problemas con la plataforma advertidos por personas expertas desde el inicio.

Ante este cuadro, la vieja discusión entre Estado grande y Estado pequeño se queda sumamente corta. Podríamos estar ante un Estado que cambia radicalmente de forma. Mientras recorta transferencias y aprieta los programas sociales, fortalece otras capacidades: compra equipos, digitaliza trámites, delega la operación de servicios en socios tecnológicos y deja cosas imp. La discusión del presupuesto costarricense nos anima a hacernos una pregunta importante: ¿y si el Estado no solo estuviera reduciendo capacidades, sino decidiendo en silencio cuáles capacidades fortalece y cuáles capacidades les entrega a plataformas trasnacionales?

Esta pregunta lleva a otras: ¿quién es dueño del algoritmo que ayudará a definir qué atención médica recibe una paciente o qué es lo que deben estudiar niños y niñas? ¿Qué democracia será capaz de regular y marcar la cancha a las grandes plataformas tecnológicas? ¿Qué ocurre con los datos de un millón de estudiantes cuando el contrato termina, o cuando la empresa decide que el servicio cuesta más? ¿Con qué capacidad técnica fiscalizará el Estado a su socio privado si precisamente redujo el empleo público que podía hacerlo? 

La privatización de funciones históricamente estatales no necesariamente llega hoy acompañada de leyes de privatización discutidas en el Congreso. Más bien aparecen de la mano de cosas que aparentan ser técnicas e inocuas como las actualizaciones de software y contratos llenos de detalles en letra muy chica.

Por supuesto que no se trata de demonizar la tecnología ni de promover un Estado que se niegue a digitalizarse: para una familia rural una consulta remota puede hacer la diferencia entre ser atendida o no serlo; el uso de IA para interpretación de imágenes médicas allí adonde no llegan especialistas, puede ser decisiva para identificar un cáncer. El problema no es la tableta del inspector, sino las características del proceso: hay decisiones de enorme alcance sobre lo público que están siendo adoptadas en el entre línea de un rubro presupuestario y de contratos corporativos, sin que media transparencia ni debate público sobre lo que está pasando.

Lo que está en juego no es el tamaño del Estado, sino su contenido: qué debe poder hacer solo, qué puede compartir con otros y qué jamás debería entregar. Esa discusión existe y tiene dónde ocurrir: en la discusión del presupuesto, en las comisiones que revisan las alianzas público-privadas, en los informes de las instituciones supervisoras. Lo mínimo que podemos exigir es que estas decisiones se tomen a la luz del día, con cifras sobre la mesa y tiempo para examinarlas. Que nadie nos diga dentro de diez años que el Estado cambió de manos mientras estábamos mirando una pantalla.