Es una comparación muy fuerte la que ha hecho este jueves en Ginebra Jan-Michael Simon, experto y presidente del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés), del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes han concluido que Daniel Ortega y Rosario Murillo comandaron crímenes de lesa humanidad. A la luz de las pruebas recabadas en su informe, el jurista alemán dijo que todos los elementos encontrados en el caso de Nicaragua, “por desgracia”, se pueden ver en los juicios de Núremberg contra los nazis.
Los juicios de Núremberg fueron un conjunto de procesos judiciales realizados por iniciativa de las naciones aliadas vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial, en los que se determinaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del tenebroso régimen de Hitler en los diferentes crímenes y abusos contra la humanidad.
“La instrumentalización de la justicia para deshacerse de opositores con un objetivo, un motivo, que en este caso claramente solamente político, ocurrió en Núremberg y Nicaragua”, dice a DIVERGENTES Simon vía telefónica desde Suiza, al lado de la exfiscal colombiana Ángela Buitrago, quien integra el grupo de expertos, creado expresamente con el fin de investigar abusos cometidos por la dictadura desde abril de 2018.
El contundente informe no sólo se limita a documentar lo ocurrido durante las protestas sociales de 2018, sino que analiza la más reciente oleada represiva de anular la nacionalidad a 317 nicaragüenses, en otro acto de características similares a las tratadas en el proceso de Núremberg. En ese sentido, el Grupo de Expertos ha emplazado a la comunidad internacional a invocar la justicia internacional contra la pareja presidencial y los responsables de la masacre, bajo un principio universal de violaciones a los derechos humanos, a pesar que Nicaragua no reconoce el Estatuto de Roma.
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En esta entrevista con DIVERGENTES explican el alcance del informe presentado ante los países de Naciones Unidas este dos de marzo y los próximos pasos a seguir.
¿Cuál es la principal diferencia de su informe con el realizado por el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también deja entrever la comisión de crímenes de lesa humanidad?
Ángela Buitrago: Una de las diferencias fundamentales de nuestro informe es la profundización en otros fenómenos que se han generado dentro de la espora de violencia desde el año 2018 hasta hoy en día. El mandato de la CIDH tuvo un plazo reducido y, por lo tanto, su mayor énfasis es en el tema de las muertes y los asesinatos realizados durante el periodo del 2018. Si bien es cierto que también analiza elementos de contexto y elementos de cierres de espacios cívicos, no llega a profundizar en responsabilidad ni en la rendición de cuentas, que es un aspecto fundamental también que nosotros tenemos dentro de nuestro mandato.
Eso nos llevó a ampliar elementos de investigación que el grupo consideró relevantes para demostrar no solamente el fenómeno de la violencia, sino también la forma cómo se instrumentaliza a las instituciones para consolidar la manutención del poder y la eliminación de cualquier clase de oposición o de posición contraria al gobierno. De igual manera, nos tocó también analizar un fenómeno que fue de los últimos, que tiene que ver con la deportación forzada y con la pérdida de nacionalidad. La CIDH tampoco tuvo que ver ahí, porque efectivamente no había sucedido para esa época. Esto tiene repercusiones muy hondas en términos de destierro, de pérdida de nacionalidad, de pérdida de otros derechos y sobre todo, también de la condición de apátrida en que se convierten los nicaragüenses a través de esta decisión. Desde ese punto de vista, también lo que significa para sus familias, para su entorno y para el tema de subsistencia digna en todos los términos, que significa también tener un arraigo.
Me llama la atención que el informe señala la responsabilidad directa de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Otros organismos han hecho informes, pero no se han atrevido a señalarlos con tanta claridad. ¿En qué basan estos señalamientos directos?
Ángela Buitrago: Mira, los señalamientos directos, en particular, se basan en haber tenido la prueba de la forma cómo realizan la planeación, la instrumentalización y el resultado de control y agresión frente a los derechos de los nicaragüenses. La posibilidad de nombrarlos desde el punto de vista de la responsabilidad individual, pero también de la responsabilidad del Estado por ser precisamente los que realizaron todas las actividades represivas. También frente a las estructuras del Estado. Eso nos permitió llegar a través de la prueba a determinar cuáles fueron las realizaciones en torno a la instrumentalización de la justicia para las mismas detenciones; en el tema particular de las ejecuciones extrajudiciales, en donde tenían indiscutiblemente, a través de una reforma legal, la coordinación directa de la Policía. Respondían a órdenes directas y tenemos documentos inclusive de la forma como se estructuró el “Vamos con todo” de la vicepresidenta Rosario Murillo, que llevó sin lugar a dudas a actuaciones que no solamente excedían la posibilidad de la institucionalidad, sino actuaciones conjuntas con grupos pro gobierno que permitieron la ejecución y el asesinato de muchas personas en Nicaragua.
Sorprende, por el pesado significado histórico, la alusión del presidente de los expertos en la conferencia de prensa sobre que “todos los elementos que se ven en Nicaragua, desgraciadamente, se pueden ver en los juicios de Núremberg”. ¿Puede ampliar sobre eso?
Jan-Michael Simon: Para estos casos, tanto los responsables por los crímenes cometidos durante la segunda guerra mundial en Alemania, es decir los ventilados en el Tribunal de los Aliados, y también los casos del Tribunal militar de Estados Unidos, aplicando la ley del Consejo de Control número diez y el artículo seis, tienen todos los elementos que están presentes en el caso de Nicaragua… es decir, la instrumentalización de la justicia para deshacerse de opositores con un objetivo, un motivo, que en este caso claramente es solamente político. En el caso de Núremberg también había un aspecto racial. Obviamente que acá no está presente, al menos no visiblemente. Segundo, también tenemos los casos de quitar la nacionalidad masivamente a personas y luego la confiscación de sus bienes, que también ha sido tratado en los juicios de Núremberg. Todos esos elementos que ustedes van a encontrar en los juicios, y muy en particular en lo que se llama el caso del Tribunal Militar de Estados Unidos en Núremberg, es un ejemplo muy claro de que no estamos frente a un caso único.
Yo he escuchado en algunas entrevistas a expertos que estaban comparando el caso de Nicaragua, en cuanto a su magnitud, con lo que hizo el régimen militar de Pinochet con el caso de Orlando Letelier; comparando las cifras nicaragüenses y diciendo que éstas hoy han sido mucho mayor que en el caso de Chile. Y eso es absolutamente cierto. Pero obviamente, comparando y con las cifras que se han cometido en el caso de la Alemania nazi, también son cifras que hay que tomarlas en cuenta. Lo que quiero decir con todo esto es que el momento en el cual se crea el tipo penal de crímenes de lesa humanidad, en muchísimos de sus elementos, coincide con la situación en el momento de Núremberg. Y ocho décadas después llegamos a la misma conclusión en el caso de Nicaragua.
El informe sube la parada en el sentido de la justicia internacional. Es decir, aunque Nicaragua no reconoce el Estatuto de Roma, ustedes hacen un llamado enérgico a la comunidad internacional para abrir procesos y hablan de que cada país podría hacerlo. ¿Es posible?
Cualquier país que tenga el tipo penal de crímenes de lesa humanidad introducido en su orden jurídico interno, es decir su Código Penal, puede abrir procesos. Y son la gran mayoría de países los que han ratificado el Estatuto de Roma, incluso miembros de Naciones Unidas. Esto va asociado también a una cláusula de jurisdicción que abre el camino a ejercer bajo el principio de universalidad… es decir, es indistinto de la nacionalidad de la víctima. Puede ejercer su jurisdicción y es más, no en muchos pero en varios casos, las víctimas tienen nacionalidad de otros países y por lo tanto los países pueden ejercer con base en el principio de protección o en el principio de personalidad pasiva. Depende un poco del punto de vista y en el ángulo cómo se ve esto. Ni siquiera se necesita la calificación de crímenes de lesa humanidad para poder ejercerlo, sino basta con que hayan sido violados sus derechos humanos.
Su mandato termina hoy, ¿qué sigue con el grupo? ¿van a seguir trabajando?
Nuestro informe corto está en la página web y ustedes pueden ver lo que queremos profundizar en el futuro. Vamos a querer profundizar sobre todo en el tema de los mandos medios responsables en la comisión de delitos de lesa humanidad. Vamos a ampliar nuestra investigación en materia de violaciones a los derechos humanos de indígenas y campesinos. Y también vamos a querer ver el tema del vínculo entre este tipo de violaciones que están descritas en nuestro informe y la corrupción que supuestamente sigue y está presente en el caso del Gobierno de Nicaragua.