El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, tiene programado tomar posesión este domingo 14 de enero de 2023, tras meses de incertidumbre luego de los obstáculos legales que le han puesto funcionarios del Gobierno saliente. Especialistas indican que esos intentos legales y obstaculizaciones no cesarán, cuando Arévalo asuma el cargo este fin de semana.
Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, anunciaron este lunes su gabinete entrante, en una señal de tener confianza de que al final podrán asumir sus cargos. En efecto, la Corte Constitucional guatemalteca, ordenó el pasado 14 de diciembre que se debe realizar la ceremonia este próximo domingo.
La investidura del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León contará con la presencia del rey de España, Felipe VI, así como otros 10 jefes de Estado, confirmaron fuentes oficiales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco detalló que asistirán a la investidura de Arévalo de León los presidentes de México y Chile, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Boric, respectivamente.
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También estarán en Guatemala los presidentes Rodrigo Chaves, de Costa Rica; Xiomara Castro, de Honduras; Gustavo Petro, de Colombia; Santiago Peña, de Paraguay; Daniel Noboa, de Ecuador y Laurentino Cortizo, de Panamá, además del primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, y la primera ministra de Aruba, Evelyn Weber-Croes.
De igual forma, también arribarán al acto de investidura los cancilleres de Taiwán, República Dominicana, Perú y Portugal.
El Ministerio de Relaciones Exteriores también confirmó la presencia en el acto de cambio de mando de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Almagro ha seguido de cerca y vigilado el proceso de transición después de los reiterados intentos del Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala por revertir el triunfo electoral de Arévalo de León.
La investidura del nuevo presidente tendrá lugar a las 14:00 hora local (20:00 GMT) y marcará el inicio del Gobierno de Arévalo de León, ganador de los comicios en 2023 encabezando al partido progresista Movimiento Semilla.
El inicio de los bloqueos
El máximo tribunal de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, anunció el 1 de julio de 2023 que revisaría dos recursos legales contra los resultados de las primera vuelta celebrada el 25 de junio de 2023, mientras diversos sectores del país expresaron su inconformidad al respecto.
Uno de los recursos interpuestos ante la Corte de Constitución fue realizado por nueve partidos políticos, incluidos Vamos y UNE, en “contra del Tribunal Supremo Electoral”.
Finalmente, el 12 de julio, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala oficializó los resultados de las elecciones, donde la exprimera dama Sandra Torres y el académico Bernardo Arévalo de León, avanzaron a la segunda vuelta presidencial. Minutos antes, el Ministerio Público había informado que un juez suspendió legalmente a Semilla por supuestas irregularidades en su creación jurídica.
El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Guatemala realizó el 13 de julio un allanamiento al Tribunal Supremo Electoral. El allanamiento tuvo lugar en la sede de la entidad, en el centro de la Ciudad de Guatemala, y según fuentes oficiales, los fiscales ingresaron a la sección de Organizaciones Políticas del Tribunal.
La Corte de Constitucionalidad, emitió un dictamen ese mismo día, en el que anuló cualquier suspensión en contra de la agrupación política socialdemócrata Semilla.
En esa misma línea, el Tribunal Supremo Electoral indicó que no tomaría en cuenta la orden del Ministerio Público y que Semilla estaría en la segunda vuelta presidencial el 20 de agosto de la mano de su candidato, el académico Bernardo Arévalo de León.
El 20 de julio se dio un nuevo allanamiento en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, en otra acción por el caso en contra el partido político Movimiento Semilla.
De manera consecutiva, el 21 de julio, la Fiscalía allanó la sede del partido Semilla. El fiscal Rafael Curruchiche, a cargo del caso contra Semilla, confirmó a medios locales que el operativo en la sede del partido fue autorizado por el juez de primera instancia penal Fredy Orellana, y el principal objetivo era secuestrar documentos vinculados a supuestas anomalías en la formación de la agrupación política en 2018.
La tormenta luego de la segunda vuelta
Guatemala decidió el 20 de agosto un cambio de rumbo, con la elección del académico Bernardo Arévalo de León como su nuevo presidente para el período 2024-2028 y un nuevo rechazo a la candidatura de la exprimera dama Sandra Torres Casanova, el tercero en fila.
Arévalo de León obtuvo 2.4 millones de votos en total, la cifra más alta en la historia de Guatemala. Torres acumuló 1.5 millones de papeletas a su favor, en un balotaje que contó con un 55% de abstencionismo. El presidente electo expuso esa noche que “las urnas se han expresado” y “lo que el pueblo grita es basta ya de tanta corrupción”.
El 28 de agosto, en rueda de prensa, los magistrados del Tribunal Electoral dijeron no estar “al tanto” de la decisión de suspender a Semilla, ordenada por uno de sus empleados, el Registrador Nacional de Ciudadanos, Ramiro Muñoz.
La suspensión del Movimiento Semilla fue notificada formalmente, según confirmó la organización política, mientras los magistrados indicaron que se encontraban “sesionando” durante las últimas horas, y no conocían sobre el caso de manera oficial.
El 30 de agosto, el Congreso de la República de Guatemala, dirigido por el oficialismo, desconoció al partido Movimiento Semilla y declaró a los diputados de su bancada como independientes, en un movimiento más contra la organización política, que ya acumulaba una investigación judicial y varios intentos de suspender su personalidad jurídica.
La decisión del Congreso, que limita la posibilidad de los legisladores de Semilla de ocupar cargos parlamentarios de peso, llega luego de una notificación de la Fiscalía acerca del proceso penal contra el partido por presuntas anomalías en la recolección de firmas para su creación.
“Se está viendo un golpe de Estado en curso”
El 1 de septiembre, Arévalo denunció que se está “viendo un golpe de Estado en curso” por las recientes acciones en contra de su partido, a poco menos de cinco meses de su investidura. Arévalo de León acusó en rueda de prensa a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a un juez penal y a la Junta Directiva del Congreso, presidida por el partido oficial, como los promotores del golpe de Estado.
El 4 de septiembre el presidente electo de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, y el mandatario saliente, el derechista Alejandro Giammattei, se reunieron para iniciar un proceso de transición.
Al día siguiente, el 5 de septiembre, el presidente electo Arévalo de León y la vicepresidenta electa Karin Herrera, recibieron su credencial como fórmula ganadora de las elecciones presidenciales, durante un acto en la sede del Tribunal Supremo Electoral.
Una semana después, el 12 de septiembre, la Fiscalía allanó por tercera ocasión la sede del Tribunal Supremo Electoral del país centroamericano, en el departamento de Registro de Ciudadanos.
El 18 de septiembre, simpatizantes se congregaron para manifestar su apoyo al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y su vicepresidenta, Karin Herrera, quienes presentaron un recurso de amparo para pedir formalmente la destitución de la fiscal general Consuelo Porras.
Ese mismo día, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro exigió al Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala que deje de perseguir judicialmente al Movimiento Semilla del presidente electo.
El 25 de septiembre el Ministerio Público de Guatemala solicitó el retiro de la inmunidad de ocho magistrados del Tribunal Supremo Electoral en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la compra de un programa informático para transmitir los resultados electorales de los últimos comicios.
La Fiscalía de Delitos Administrativos afirmó que varios magistrados del órgano electoral cometieron presuntamente al menos tres delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad por la adquisición del programa Transmisión de Resultados Preliminares (TREP). Tres de ellos tuvieron que huir del país, luego que les fueron retiradas sus inmunidades.
Fiscalía vuelve a la carga en contra del Movimiento Semilla
La Fiscalía nuevamente allanó la sede del tribunal electoral de Guatemala el 29 de septiembre para requerir las actas del proceso electoral que llevó a la presidencia a Bernardo Arévalo.
El Ministerio Público de Guatemala retomó el 16 de noviembre sus acciones en contra del presidente electo, Bernardo Arévalo, y su partido político, Movimiento Semilla, esta vez por un supuesto caso de daños al patrimonio de la universidad estatal, la Universidad de San Carlos (USAC).
La Fiscalía informó que solicitó el retiro de la inmunidad con la que cuenta Arévalo de León y también la vicepresidenta electa, Karin Herrera, a quienes señala por usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita. En rueda de prensa, el Ministerio Público acusó a Arévalo y Herrera de participar en 2022 en la toma a la fuerza del campus de la USAC, en rechazo a las elecciones celebradas ese año en la casa de estudios superiores.
El 7 de diciembre Arévalo de León lideró una nueva marcha junto a indígenas, políticos de diferentes partidos y organizaciones civiles para exigir el respeto a los resultados electorales de 2023, ante la intención del Ministerio Público (Fiscalía) de revertirlos.
Al día siguiente, el 8 de diciembre, la Fiscalía de Guatemala aseguró que las elecciones ganadas por el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, no son válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral.
El 2 de enero decenas de indígenas de Guatemala cumplieron tres meses de protesta y un plantón ininterrumpido frente a la sede central del Ministerio Público (Fiscalía) para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, acusada de intentar impedir la investidura del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
La importancia del fallo de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional guatemalteca ordenó a finales de diciembre que debe realizarse la ceremonia este domingo.
El fallo surgió tras meses de protestas masivas de ciudadanos exigiendo que se respete su voto. Pamela Ruiz, analista para Centroamérica del International Crisis Group, afirma que las manifestaciones fueron muy efectivas y que también lo fue la presión ejercida por la comunidad internacional mediante nuevas sanciones bancarias y de visas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.
Otras especialistas advierten que “hay algunos recursos legales que continúan presentándose, con un aparente intento de buscar alguna forma de perjudicar el evento de la toma de posesión”, pero que el fallo de la Corte Constitucional “al ser un tribunal del más alto nivel, no se puede poner en duda”, según Marielos Fuentes, directora ejecutiva del grupo de monitoreo político Guatemala Visible.
*Con información de EFE.