“Tortura blanca”, el método que los Ortega-Murillo emplean sistemáticamente contra sus opositores

Aislamiento total y escasa alimentación para llevarlos a los límites de la locura. En eso consiste el régimen que aplica el sistema penitenciario de los Ortega-Murillo contra más de 30 presos políticos. Es una táctica denominada “tortura blanca” que, en este especial colaborativo de Divergentes y Huellas de Impunidad, nos explican expertos en la materia y se muestra en el deterioro del estado de los reos de la dictadura

Ilustración de Divergentes.

El líder campesino Medardo Mairena siente que se ahoga a veces. La celda de castigo en la que lleva recluido desde hace un año y dos meses tiene poca circulación de aire. Los carceleros de la prisión de El Chipote, formalmente llamada Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), interrogan constantemente al preso político, con una periodicidad que aumenta la sensación de ahogo. En otras celdas de castigo están, aisladas y con apenas contacto humano, Tamara Dávila, Suyen Barahona, Ana Margarita Vijil y la exguerrillera Dora María Téllez durmiendo sin cobijas sobre una helada loza de concreto. Son celdas sin luz en la que el paso del tiempo se difumina para otros reos como los dos aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. 

Jared Genser, defensor de Chamorro y Maradiaga, dice que el tratamiento a los presos políticos en Nicaragua es “uno de los peores” que ha visto en sus 20 años de carrera como defensor internacional de derechos humanos. Mientras que Edgar Stuardo Ralón, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), usa un término que hasta ahora no se menciona en este país centroamericano, donde la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen más de 180 presos políticos: “tortura blanca”, dice.  

“El término se utiliza cuando existen regímenes (carcelarios) de extremo aislamiento”, asegura Stuardo Ralón. El objetivo es que la persona (encarcelada) pueda ser afectada en su salud mental, incluso llegar a perder su propia identidad”, añade Ralón. Se trata de un método de tortura relativamente moderno, ya utilizado por países como la extinta República Democrática Alemana (RDA), Irán, Estados Unidos, Venezuela o Cuba, entre otros, según organizaciones de derechos humanos.  

En Nicaragua, Margin Pozo, esposa del preso político y cronista deportivo Miguel Mendoza, asegura que la “tortura psicológica” a la que están sometidos es “inhumana”. Una tortura que se extiende a sus familiares: la hija del preso político tiene más de 400 días sin poder ver a su padre.

El relator de la CIDH y abogado constitucionalista de origen guatemalteco, no ha podido visitar las cárceles de Nicaragua debido a la negativa del régimen Ortega-Murillo a que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos puedan observar y fiscalizar in situ la situación de los presos políticos. Sin embargo, la Relatoría recopila, sistematiza y visibiliza los testimonios de los familiares de las víctimas encarceladas. 

La última vez que representantes de la CIDH lograron ingresar a las cárceles del país, entre ellas el antiguo Chipote, fue en julio del 2018. Cuatro meses después, el régimen los expulsó del país a todos los organismos de derechos humanos, al igual que al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) quienes señalaron los posibles “crímenes de lesa humanidad” que se estaban cometiendo bajo las órdenes de Ortega y Murillo.

La esposa de Miguel Mendoza, Margin Pozo. Divergentes.

Desde entonces, familiares de presos políticos como Vicky Cárdenas, esposa del exaspirante presidencial y preso político Juan Sebastián Chamorro, han demandado incansablemente que cese lo que han denominado una “política de exterminio”, tratos crueles e inhumanos a personas que son “inocentes y dignas”.  El régimen de Ortega y Murillo mantiene en las diferentes cárceles del país a más de 180 presos políticos, más de 30 están en la temida cárcel de El Chipote y 12 bajo arresto domiciliario. 

“El caso más alarmante es el de las mujeres como Tamara, Suyen, Ana Margarita y Dora María, quienes han pasado más de un año solas en una celda, algunas empernadas (puertas clausuradas) y sin contacto humano… solo con sus interrogadores, que le pasan la comida, y sin acceso a patio o sol”, dice Cárdenas. 

“El Chipote no es parte del Sistema Penitenciario, y desde ahí, para mantenerlos aislados de los otros prisioneros como los que están en la cárcel La Modelo, comienza la tortura” dice Enrique Sáenz, exdiputado de la Asamblea Nacional.  

La nueva dirección de Auxilio Judicial se conoce como el nuevo Chipote, el nombre de la histórica cárcel de tortura durante la tiranía de los Somoza. Más de 40 años después, la historia de tortura se replica en el nuevo Chipote, donde se encuentran la mayoría de líderes políticos y cívicos detenidos en el año 2021 durante la escalada de violencia que liquidó las elecciones generales de ese año, en las que la pareja presidencial se perpetuó en el poder. Al menos cuatro presos políticos de los detenidos en la nueva ola represiva del 2021 guardan prisión en el sistema Penitenciario Jorge Navarro, mejor conocido como la cárcel La Modelo, entre estos el economista Harry Bayardo Chávez, condenado a 10 años de prisión por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. 

En El Chipote “hablar en voz alta es causa de castigo”, han denunciado familiares de presos políticos. “¿Cómo un ser humano puede vivir en esas condiciones?”, cuestiona Vicky Cárdenas, para quien el confinamiento en solitario es una forma de tortura cuyas secuelas “marcan el alma de una persona”. 

“Tanto la salud mental, como la física, se vuelve aún más frágil, lo que puede derivar en un estado de confusión y de pérdida de identidad”, señala el relator Stuardo Ralón. “La persona se pregunta: ‘¿Quién soy?, ¿por qué estoy acá?’. Y por ello el daño puede ser muy grande”, asegura Ralón.

“Los están matando poco a poco, día a día. La dictadura busca deshumanizar y desgastarlos completamente”, denunció angustiada Renata Holmann, de tan solo 23 años, hija de Juan Lorenzo Holmann, gerente general del diario La Prensa, condenado a ocho años de prisión por el delito de “lavado de dinero”. Holmann cumplió el pasado 13 de agosto un año de detención arbitraria, todo el personal del diario, periodistas, fotógrafos, técnicos, entre otros, han tenido que abandonar el país debido a la persecución del régimen en contra de cualquier voz crítica.

Por otro lado, la vocera del régimen, la vicepresidenta Rosario Murillo, insiste en su monólogo de cada mediodía, que en Nicaragua “reina el amor”. “Aquí vivimos con cariño. Aquí no reina el odio. Aquí Ni Pudieron, Ni Podrán… Aquí Ni Pudieron, Ni Podrán…! (sic)”, declaró Murillo -en alusión a todos sus críticos, opositores y presos políticos- durante el acto de conmemoración del 43 aniversario de la revolución sandinista, el pasado 19 de julio.

A la tortura psicológica impuesta por el aislamiento, la falta de comunicación con los seres queridos, la imposibilidad de conciliar el sueño y los interrogatorios, se suman las medidas de racionamiento de comida. Todo eso ha conllevado el agravamiento de problemas de salud, con la muerte de al menos un preso político, como fue la de Hugo Torres, la hospitalización o el cambio de régimen de casa por cárcel de otros, así como una pérdida de peso visible y peligrosa en la totalidad de los presos políticos. 

“Se acuestan con hambre”

Ilustración Divergentes.

La mala o inadecuada alimentación es uno de los “métodos perversos” con los cuales se tortura a los presos políticos, especialmente a los que están en El Chipote, denuncia Vilma Núñez, veterana defensora de derechos humanos y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Esta fue una de las primeras organizaciones no gubernamentales en ser violentamente clausuradas y confiscadas por la Policía del régimen Ortega-Murillo en diciembre de 2018. Algunos presos políticos han relatado a sus familiares que hasta pueden contar los “15 granos de frijoles en el gallopinto mal elaborado. Se acuestan con hambre”, alerta Núñez. 

Para el relator de Privados de Libertad de la CIDH, la escasa alimentación es un “mecanismo de generar presión”. “Es un hostigamiento contra quienes lamentablemente se manifestaron, protestaron o exigieron algo al régimen de hoy en Nicaragua”, reitera Stuardo Ralón.

“¿Cómo se sentirían ustedes si ni siquiera pueden tener garantizado los tres tiempos de comida? Y cuando te dan alimento, es deficiente, de mala calidad, y en algunas ocasiones hasta en estado descomposición”, denuncia Bertha Valle, esposa del preso político Félix Maradiaga.

Un análisis de datos elaborado por DIVERGENTES y Huellas de Impunidad refleja la pérdida de peso aproximada que han experimentado al menos 22 presos políticos en algún momento entre el período de mayo de 2021 y julio del presente 2022. Los datos analizados se basan en entrevistas con familiares de presos políticos y declaraciones de estos a diversos medios de comunicación a lo largo de ese período.

Los presos políticos que más han perdido peso en el transcurso de más de un año de cárcel son: el abogado José Pallais (90 libras), el comentarista político Jaime Arellano (80 libras) y el líder campesino Medardo Mairena (74 libras). Todos ellos hombres corpulentos. Otros, como el exfinanciero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), Walter Gómez, el exaspirante a la Presidencia, Félix Maradiaga, el politólogo José Antonio Peraza y el líder campesino Pedro Mena han perdido, al menos, 60 libras. 

Aunque se tenía conocimiento por las descripciones de los familiares de las condiciones físicas que sufrían los presos políticos y su dramática pérdida de peso, se hicieron visibles con la publicación del primer retrato hablado de Félix Maradiaga. El cálculo de la pérdida aproximada fue de 60 libras, según su esposa, Bertha Valle.

El retrato hablado de Maradiaga generó un gran impacto, al punto que el régimen Ortega-Murillo se vio obligado a mostrarlo públicamente. De forma inesperada, un medio oficialista –sólo los medios del gobierno tienen acceso a las audiencias de los presos políticos– grabó al líder opositor mientras lo trasladaban a los juzgados para que le notificaran su sentencia. Su imagen, con una visible delgadez, inundó las redes sociales. Ese día, Maradiaga fue condenado a 13 años de prisión por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Se trató de una operación de contrainformación que el régimen armó de forma apresurada para contrarrestar el impacto nacional e internacional causado por el retrato hablado. “Un intento de poner una cara feliz a lo que están pasando los presos políticos”, según el defensor de Maradiaga. 

A raíz de este incidente, a inicios de julio del 2022, según testimonios de familiares de presos políticos, el régimen carcelario de los Ortega-Murillo habría mejorado la alimentación y algunos presos políticos han recuperado peso en El Chipote. “A partir del 5 de julio, el almuerzo es normal. Si es carne, es un buen pedazo; y si es desmenuzada, igual; si es cerdo, dos pedazos; y si es pollo, dos piezas”, cuenta el familiar de un reo quien nos pidió el anonimato por temor a represalias.

Según este familiar, algunos presos políticos aseguran que comen con muchas ansias. “Les ha afectado mucho el estómago. No se sabe si es por el aceite o qué diablos le están echando, lo que ha provocado en algunos presos un aumento de reflujo gástrico”, afirma. 

Sin embargo, durante la décima visita a los presos políticos en 14 meses, familiares denunciaron que el régimen carcelario nuevamente ha reducido drásticamente las porciones de comida como mecanismo de tortura. “Nunca ha mejorado la comida, Medardo sigue perdiendo peso, había bajado 68 libras y ahora dice que ya son 74 ”, dice Alfredo Mairena, hermano del líder campesino.

La venganza y la mentira como políticas de Estado

La vicepresidenta Rosario Murillo en sus discursos promueve la idea “del amor”. Foto de archivo de Carlos Herrera.

Entre el 18 de abril y septiembre de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles para demandar la revocación de unas polémicas reformas al seguro social. El régimen Ortega-Murillo respondió con balas y reprimió con violencia a miles de manifestantes. Eso hizo que las protestas se hicieran aún más masivas para exigir “justicia” y “verdad” para las 350 personas asesinadas.

Desde septiembre de 2018, Nicaragua vive un Estado policial de facto. Fue entonces que el régimen prohibió de forma tajante cualquier manifestación de opositores en vías públicas. Desde entonces, para analistas consultados, el régimen instauró “la venganza y la mentira como políticas de Estado”.

“Sí hay una política de vengarse y no solo de figuras más visibles. Se están vengando de una ciudadanía que salió masivamente a las calles, porque eso es una afrenta enorme para un régimen que estaba acostumbrado a monopolizar cualquier expresión de movilización ciudadana”, destaca la socióloga María Teresa Blandón, activista feminista y directora de La Corriente, una de las más de mil oenegés clausuradas por el régimen Ortega-Murillo en el presente año. 

 “Sin duda, los hechos lo demuestran. La venganza igual que la mentira, así como la corrupción forman parte de las políticas oficiales de la dictadura”, insiste el exdiputado Enrique Sáenz, político, economista y aficionado a la historia, hoy en el exilio.

La única explicación que Sáenz encuentra es que, a lo largo de sus 15 años consecutivos en el poder, Daniel Ortega ha desarrollado un “sentido mesiánico” de su papel en la historia de Nicaragua. Según Sáenz, Ortega se siente “ungido por la historia y la providencia para desarrollar y ejercer el poder”.

El “sentido mesiánico” de Ortega podría ser la raíz de la venganza, según el analista, porque todo aquel que ha cuestionado su poder, podría estar “desconociendo su carácter casi divino”. “Por ello, no ha tenido contemplación con nadie”, reiteró Sáenz.

“¿Por qué tiene prisioneros a los dos trabajadores de La Prensa -conductores que junto a periodistas dieron cobertura a la expulsión de las misioneras de la madre Teresa de Calcuta-, o a los trabajadores de la Fundación Violeta (Barrios de Chamorro)? Pues simplemente es un acto de venganza frente a ellos y frente al resto”, apunta Sáenz.

Para el relator de la CIDH, se trata de dar un “escarmiento”, un patrón que se registra en Cuba, Venezuela y Nicaragua. “En el caso de Nicaragua, existe un patrón de encerrar a los líderes de movimientos sociales, aislarlos, y tenerlos en regímenes de total aislamiento, un mensaje para que nadie se atreva a alzar la voz, y también un castigo a aquel que se atrevió a hacerlo”, resume Stuardo Ralón.

A pesar de que ya han sucedido muertes de presos políticos desde el inicio de las represalias de 2018, para la socióloga María Teresa Blandón el régimen no “quiere matar” a los presos políticos, pero sí “infligir el máximo sufrimiento” para ellos, sus familias y todos los que están comprometidos con la liberación de los presos políticos y de Nicaragua. 

“Si vos oís los discursos, no solo de Daniel y Rosario, sino de otros operadores del régimen, lo que dicen es que quienes nos levantamos y protestamos contra el régimen no merecemos nada, ningún derecho, ningún reconocimiento, no merecemos ser nicaragüenses. Por eso, están obligando a la gente a irse e impidiendo que la gente pueda volver a entrar en Nicaragua”, asegura Blandón. 

Cárcel, muerte o exilio como el menor de los males, es lo que piensa el régimen que se merecen todos los opositores, agrega Blandón, que también se vio obligada a exiliarse y al “destierro”. 

A inicios de julio de 2022, una semana antes de la toma ilegal de las instalaciones de la oenegé La Corriente por parte del régimen, a Blandón se le prohibió su ingreso a Nicaragua. “Cuando llegué al aeropuerto, un oficial de Avianca me dijo que no podía abordar el vuelo por órdenes del Gobierno de Nicaragua”, relata la feminista. Entonces sí que es una política de venganza”, insiste Blandón. 

La peor parte de esa política de venganza ejecutada por el régimen Ortega-Murillo, para la que utilizan todas las instituciones y los recursos del Estado, la han pagado presos políticos de la Unión Democrática Renovadora (UNAMOS), antes Movimiento de Renovación Sandinista (MRS). Familiares de presos políticos han denunciado que Tamara Dávila, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil y Suyen Barahona son las que padecen un extremo aislamiento. 

“Yo creo que la crueldad con la que las han tratado tiene que ver con el afán de exterminar a una fuerza política, como es el MRS, ahora UNAMOS, porque mientras sigan existiendo, va a seguir habiendo una disputa por el relato de quiénes fueron los protagonistas legítimos del derrocamiento de la dictadura de Somoza y de la revolución sandinista”, asegura Blandón.

Ortega se venga de su libertador

Foto de archivo de Daniel Ortega en un acto público. Carlos Herrera | Divergentes y Huellas de Impunidad.

Para Sáenz, el caso más “aberrante” es la muerte del general Hugo Torres, guerrillero y fundador del Ejército Sandinista en la década de los ochenta. Torres pasó a retiro a finales de los noventa, y tomó distancia del Frente Sandinista controlado por Daniel Ortega. Años después, el general en retiro se unió a los disidentes del FSLN y férreos críticos de Ortega a través del MRS, un grupo político que cambió su nombre a Unión Democrática Renovadora eliminando la palabra  “sandinista” a inicios del 2021. Torres murió bajo custodia policial en febrero de 2022, cuando seguía siendo vicepresidente de UNAMOS.

“Ortega sabe muy bien que ni Víctor Hugo, ni Hugo, ni Dora María andaban en conspiraciones de carácter violento. Aquí probablemente sea uno de los ejemplos más claros de acto de venganza, de un acto de ensañamiento, que incluso llevó a la muerte a Hugo Torres quién arriesgó su vida para que Ortega estuviera libre”, enfatizó Sáenz, hoy exmilitante del antiguo MRS.

Saénz es de la opinión que el régimen de los Ortega-Murillo apuesta a “quebrantar la moral”, no solo físicamente, sino también “mentalmente”, de los presos políticos. “Y todavía no hemos reconocido lo suficiente de la resistencia (de los presos políticos), porque si Ortega hubiera logrado quebrantar o, como decimos, quebrar la moral de 10 o de 15 (presos políticos), ya los hubiera exhibido en una tarima, diciendo en contra de su voluntad, con la familia o con ellos mismos, que “estaban equivocados”, que el “futuro aquí es de concordia”, que “agradecen la generosidad de Ortega”, advierte Sáenz.

De preso político a carcelero torturador

Ilustración Divergentes.

A los más de 180 presos políticos de las cárceles de Ortega se les niega leer un libro, o incluso intercambiar cartas con familiares. Pero mientras Ortega estuvo preso en las cárceles de Somoza, escribió hasta poemas y tuvo intercambios de cartas con quien ahora comparte el 50% del poder absoluto en Nicaragua: Rosario Murillo.

La tiranía Somocista acusó a Ortega de “atentado al Estado de Nicaragua” en 1967. Le asignaron el número 198 y estuvo siete años preso. 

“Daniel Ortega fue un personaje que nunca abandonó la cárcel. Él salió de la cárcel, pero la cárcel estaba con él en su comportamiento, en su forma de manejar el poder”, cuenta Fabián Medina, autor del libro El Preso 198, un perfil periodístico del dictador sandinista, que se lanzó  en plena crisis sociopolítica, en septiembre de 2018.

Medio siglo después, Ortega ha creado leyes ad hoc para fundamentar acusaciones contra opositores, similares a las que utilizaron contra él. Las actuales son “traición a la patria” y “conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional”. Si bien, la tortura física que se ejecutaba en las cárceles somocistas es distinta, en cuanto a golpizas, hay similitudes en cuanto a los métodos de “tortura blanca” que ahora el régimen emplea contra más de 30 presos políticos en El Chipote, señalan varios expertos. 

Para Enrique Sáenz, lo que marca la diferencia entre los presos de Somoza, como el propio Ortega, y los de ahora es que “las prisioneras y los prisioneros políticos de Ortega son ciudadanos que buscaban la libertad, igual que en la época de Somoza, pero por vías pacíficas, absolutamente desarmados”.

¿Cómo se explica que Ortega, que fue torturado en el pasado, repita la misma historia?

Foto de archivo de Carlos Herrera.

En cuanto a los métodos de tortura, según el periodista Fabián Medina, “uno esperaría que alguien que pasó ya por todo eso, tenga ciertos escrúpulos para aplicarlos a otros, pero yo también trato de entender, que, por su misma experiencia, él (Daniel Ortega) naturalizó la represión como algo consecuente a una posición política”.

Tanto para Medina como para otros expertos consultados, en Nicaragua gobierna la “irracionalidad” y la “sinrazón del poder absoluto”.  Sin embargo, para algunos analistas se están replicando las deficiencias del abuso de poder con patrones de “autoritarismo, violencia y corrupción”, no solo heredados de la dictadura somocista, sino también de los ejecutados por la Seguridad del Estado de la década sandinista, donde Ortega gobernó casi once años. 

“Yo creo que el régimen Ortega-Murillo está replicando algunas de las lógicas que ensayó en la década de los ochenta: tenerlos aislados; montarles juicios falsos… también eso lo hacía Somoza; impedir que tengan una defensa efectiva; estigmatizar a los presos presentándolos como delincuentes. Toda esa narrativa estuvo presente en la década de los ochenta y, ahora, lo vemos otra vez en escena”, señala la socióloga María Teresa Blandón.

La diferencia actual es que existe todo un movimiento social de derechos humanos que ha “plantado cara” al régimen Ortega-Murillo. Un movimiento que visibiliza y denuncia la sistemática violación de estos derechos a nivel local e internacional. Todo ello mientras los más de 180 presos políticos tratan de sobrevivir a la “tortura blanca” y al deterioro físico en las cárceles.

 “Mi papá silba el himno nacional todos los días, por más que lo callen, porque hoy más que nunca está convencido que el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental”, dice Renata Holmann, hija del preso político Juan Lorenzo Holmann. A pesar de que las condiciones que sufre han empeorado su condición física hasta el extremo de estar prácticamente irreconocible, mantiene su convicción y compromiso con Nicaragua, asegura su hija.