Los capturan cerca de áreas protegidas, dañando el medioambiente, y los trasladan al Mercado Oriental, el centro de acopio más grande de Nicaragua. Desde allí, los animales silvestres se venden a los traficantes que los llevan hasta la frontera y los sacan por puntos ciegos con Honduras y Costa Rica. Así se abastece la demanda de especies tropicales en los mercados de Europa, Asia y Estados Unidos. También se venden dentro del país. Poseer una lora en el patio de una casa, supone que maten al menos a cinco en el camino. ¿Y el gobierno? Una fuente interna asegura que no se trata solo de desinterés, sino de una orden de arriba para promover el negocio y aumentar las ganancias. Un equipo de DIVERGENTES se adentra en este turbio negocio
Están ahí. No es difícil encontrarlos. Ellos mismos nos guían hasta su localización con gruñidos, rugidos, cantos desesperados desde el mismo corazón del Mercado Oriental, en Managua. Hemos caminado veinte minutos por las entrañas del mercado. Aquí todos los vendedores saben dónde se encuentra el gran acopio ilegal de animales silvestres. Y también lo sabe la Policía Nacional, que tiene una delegación en el centro de compras, y la Corporación Municipal de Mercados de Managua (Commema), encargada del cobro de impuestos.
El objetivo de la visita del equipo de DIVERGENTES fue comprobar la venta ilegal de especies silvestres y entender cómo funciona la red de tráfico que se ha consolidado a lo largo de estos años.
Llegamos a un laberinto de pasillos que cruza varias intersecciones del mercado. Lo conforman unos veinte tramos. Las primeras especies que encontramos son los chocoyos. Luego están los canarios y las loras nuca amarilla, estas últimas en peligro de extinción. Vemos también monos cara blanca, tucanes y lapas que se agolpan en jaulas de acero, en medio de un lugar oscuro y maloliente. Cientos de animales silvestres, muchos en peligro de extinción, sufren visiblemente. Los sacaron a la fuerza de su hábitat natural para encerrarlos aquí, en el acopio ilegal de especies más grande del país.
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“Aquí encontrás de todo: boas, ardillas, canarios, …hasta venados”, enumera René, un comerciante de unos treinta años, piel morena y de hablar rápido. En su tramo tiene en venta una pareja de tucanes maltrechos, con las alas amarradas con una cinta adhesiva. Los vende a 4,000 córdobas (110 dólares) por separado. Si los quieren juntos, tienen una rebaja. “7,000 córdobas (200 dólares) te los dejo”, nos dice. Inconforme con nuestra negativa, saca su celular para mostrar su variado catálogo: “Aquí tengo tucanes, loras, chocoyos, pero si querés lapas rojas o verdes, esas se aceptan por encargo y la entrega no se hace aquí en el mercado. Tiene que ser en otro lado o en tu casa”, asegura.
El video que nos enseña es de una lapa roja joven. Está sobre un palo de madera y tiene las alas amarradas con cinta adhesiva. René no la trajo consigo porque es un encargo de un cliente. En unos dos días, la tendrá en su casa. Ese cliente está al tanto de que capturaron la lapa en la Reserva Biológica Indio Maíz. Según el vendedor, costó una semana conseguirla, y el cliente pagará 900 dólares por ella.
René explica el proceso: “El cliente me contactó, me dijo que necesitaba una lapa para regalársela a su mamá. Yo se la conseguí en cinco días porque, en San Carlos, mi contacto, me dijo que tenía una pichona. Me la trajeron a Managua y ahora está en espera de entregarse”.
René consigue todos los animales que vende de la misma forma. Acuerda con un acopiador local el precio del pedido, y luego, espera a que se lo traigan a Managua. Una bióloga que ha estudiado durante años el tráfico de especies silvestres y en peligro de extinción en Nicaragua nos confirma el proceso que describe René.
La ley existe y es clara. Data del 11 de noviembre de 2001, y estipula que cualquier acopio de las especies protegidas sólo lo pueden hacer personas naturales con una autorización exclusiva del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), según el “Sistema de licencias y permisos para el acceso, comercialización local, exportación y reproducción de los recursos de biodiversidad”.
Ni René ni los demás vendedores de este acopio tienen permiso del Marena. De hecho, nunca lo han necesitado. Después de más de diez años comprando y vendiendo loras nuca amarilla, ardillas y ocelotes, no ha habido ninguna autoridad que prohíba la actividad ilícita.
La información que tiene el Marena, y que nos compartió una fuente de esa institución, revela que los animales silvestres que se venden ilegalmente en Managua se capturan principalmente en Punta Cosigüina, en Chinandega; Siuna y Bonanza en el Caribe Norte; El Rama en el Caribe Sur. También vienen de Chontales, Matagalpa y Río San Juan.
Los que no abastecen el mercado nacional, salen por puntos ciegos en las fronteras con El Salvador (por el Golfo de Fonseca), Honduras y Costa Rica; rumbo a Estados Unidos, Europa y Asia. “Son rutas trazadas hace muchos años que, perfectamente, podrían desarticularse. Pero no hay ganas de hacerlo”, afirmó la fuente del Marena.
“La Policía sabe que este acopio ilegal opera en el Mercado Oriental desde hace muchos años. El Marena tiene conocimiento de que todas las especies en peligro de extinción llegan a este galerón. No actúan porque no tienen interés. Así de simple”, dijo la bióloga.
El tráfico de especies, según la fuente del Marena que aceptó hablar con DIVERGENTES bajo anonimato, “es una red en la que cada integrante cumple una función específica. Algunos han legalizado sus actividades para trabajar bajo el amparo de las leyes. Lo preocupante es que al Gobierno no le interesa investigar. Al final también representa una ganancia”.
En la cadena del tráfico, los cazadores forman el primer eslabón. Y muchos de ellos no tienen contemplaciones con el ecosistema. Si persiguen una lora, por ejemplo, pueden derribar el árbol entero para capturar a los pichones provocando un impacto, no solo en la especie objetivo, sino en todo el bosque. Si van tras los garrobos o iguanas, llegan a quemar extensiones de bosque solo para que los animales salgan de su refugio y así, capturarlos con facilidad. A causa de ello, se suelen provocar incendios sin control.
Estos cazadores, según la bióloga consultada, generalmente son habitantes de zonas rurales cercanas a las áreas protegidas. Cuando capturan a las crías de algunas especies, las mantienen cautivas hasta lograr un número considerable que puedan vender a un primer acopiador.
El segundo eslabón es el acopiador local. “Son compradores que viven en las ciudades de los departamentos donde están ubicadas las áreas protegidas. Yo he identificado a varios en San Carlos, Río San Juan”, aseguró la bióloga. “Ahí está cerca la Reserva Biológica Indio Maíz, de donde extraen lapas verdes y rojas, muy codiciadas en el mercado negro”.
El acopiador local “maneja” grandes volúmenes de animales que permanecen hacinados hasta por cinco días. Puede agrupar loras, lapas, venados, tortugas, culebras o garrobos en un mismo espacio. Durante el tiempo de encierro, se contacta con otros elementos de la red de tráfico para continuar con la venta de las especies.
En este punto de la cadena ocurre lo más nefasto para la fauna silvestre.
“Como los animales pasan hasta una semana en condiciones deplorables, mueren por deshidratación, porque se lastimaron al caer del árbol, porque no tienen alimentación adecuada, o porque están estresados. El acopiador local es el que tiene la principal responsabilidad de la mortalidad de las especies”, afirmó la bióloga.
Unos cinco días después, las especies que sobreviven al hacinamiento, se venden al tercer eslabón en la cadena del tráfico. Estos son los comerciantes como René, que tienen años contactando a acopiadores locales para conseguir animales y venderlos. En principio, lo hace para el mercado nacional. Pero también se encuentran los traficantes ilegales que buscan especies para el mercado internacional. El acopiador local es el encargado de transportarlos hasta su destino final, ya sea el Mercado Oriental o una zona fronteriza de Nicaragua con Honduras, Costa Rica o, incluso a El Salvador.
“Muy pocas veces los animales silvestres se quedan en los países centroamericanos. La información que hemos recopilado nos indica que su destino final es el mercado estadounidense, de Europa y Asia”, afirmó la fuente de Marena quien, además, confirmó que la red de tráfico identificada por la investigadora tras muchos años de estudio es correcta.
El mercado nacional es cualquier casa de vecino que quiera tener una pareja de chocoyos, tucanes o una hermosa lapa, para “adornar” su jardín. Pero para llegar ahí, estas especies pueden pasar entre uno y veinte días hacinadas mientras esperan su comprador.
Si no se encuentra un comprador directo, los animales silvestres pasan a manos de otros vendedores que los ofrecen en los semáforos de la capital o en otros mercados más pequeños. Después del estrés que llevan encima, desde su captura hasta verse encerradas en condiciones insufribles, muchas de estas especies mueren en los mismos puntos de venta, o en las casas de los compradores, a los pocos días de adquirirlos.
“La gente no lo sabe pero el cuarto eslabón de la red del tráfico de animales silvestres son ellos, los que compran estas especies en el mercado o en los semáforos. Están contribuyendo a que el cazador siga extrayendo pichones para alimentar la demanda de chocoyos y loras que hablan en el Oriental”, enfatizó la bióloga.
La investigadora y nuestra fuente en Marena también concuerdan en afirmar que las especies que están sometidas a más presión por esta red de tráfico son las loras nuca amarilla, cotorras, chocoyos, boa constrictor, ocelotes, monos cara blanca, tortugas, iguanas y garrobos.
“Para que una lora llegue a estar en una casa como mascota, por lo menos murieron cinco en el camino”, aseguró la investigadora con base en estimaciones tomadas en sus estudios de campo. “Las personas tampoco comprenden que si se muere su loro o su mono cara blanca, y lo reponen, están generando una demanda que también contribuye a que se siga extrayendo animales silvestres de sus hábitat”, alertó. La bióloga expresó además que lo natural es que las tortugas, los loros, las lapas, y cualquier animal silvestre de la fauna nicaragüense, puedan vivir en su hábitat y no encerradas en un patio de una casa en Managua u otro departamento.
Algunos cazadores prefieren ahorrarse los intermediarios y ganar más dinero vendiendo las especies silvestres en las carreteras.
DIVERGENTES visitó también uno de estos puntos para corroborar la venta ilegal de animales silvestres. En un recorrido hasta Ciudad Darío, en Matagalpa, encontramos sobre la carretera al menos cinco pequeños puestos que exhibían aves, reptiles y mamíferos. En uno de ellos, cerca de la Laguna de Moyuá, un vendedor ofrecía una lapa verde, adulta, a un precio de 1,100 dólares. También vendía una pareja de tucanes jóvenes a 250 dólares. En su hombro tenía un mono cara blanca. No lo ofrecía porque ya estaba “encargado”.
La lapa verde, según el vendedor, venía de un poblado cercano a Honduras. “Está cara porque aquí ya casi no se consiguen de estas. Son escasas. Pero podemos arreglar un precio”, dijo. “También tengo un venado que agarré en la montaña, ya mismo te lo llevás”, agregó.
Cerca de esta zona, se encuentran las reservas naturales de Apante, Cerro Arenal, Cerro Frío-La Cumplida y Salto Río Yasica. Para nuestra fuente en Marena, es probable que las especies hayan sido capturadas en estos ecosistemas.
De acuerdo a la Ley 641 del Código Penal de Nicaragua, en el artículo 380 al 382, quien cace animales declarados en peligro de extinción por los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, será sancionado con pena de uno a cuatro años de prisión y de quinientos a mil días multa. Si la caza se realiza sobre especies de animales que no están en peligro de extinción, pero sin el permiso de la autoridad competente o en áreas protegidas, se impondrá de cien a cuatrocientos días multa. Sin embargo, la legislación es solo un papel mojado más que no se cumple pese a tener identificado los centros de acopios ilegales en el país.
“Cuando la Policía y Marena quieren, confiscan uno que otro animalito. Pero al día siguiente estos cazadores están en el mismo lugar y continúan vendiendo los monos, las loras, las lapas, los venados… no existe una política para acabar con el tráfico aunque lo tienen a vista y paciencia”, afirmó la bióloga.
En estos puestos ilegales también existe la oportunidad de “hacer encargos”. Uno de los cazadores que se acercó a ofrecer una pareja de canarios, explicó que si guardábamos su número y le escribíamos con regularidad, podía conseguirnos hasta un ocelote.
Además del tráfico ilegal de animales silvestres, los defensores del medio ambiente han puesto la lupa sobre un segmento que está ligado a la exportación de especies, bajo regulación del Gobierno: los zoocriaderos. En la práctica el objetivo de estos negocios es “preservar” la naturaleza a través de la reproducción en cautiverio, y también exportar las especies, como mascotas a otros países y generar ingresos.
La institución encargada de promover y supervisar la crianza y reproducción de animales exóticos es el Marena y el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca). En Nicaragua se realizan capacitaciones y congresos para que los nicaragüenses se introduzcan al negocio. Si bien es una actividad legal, la principal crítica que hacen los ambientalistas, consultados por DIVERGENTES, es la opacidad sobre el funcionamiento de los zoocriaderos y el reporte detallado de las exportaciones.
La autorización para exportar este tipo de animales está a cargo de una oficina dentro del Marena: la Convención Internacional sobre el Tráfico de Especies Amenazadas (Cites), cuyo director es René Salvador Castellón.
En una nota publicada en El 19 Digital, un medio de comunicación propiedad de la dictadura Ortega-Murillo, Justa Pérez, ministra del Mefcca, informó que el país cuenta con más de 200 zoocriaderos certificados que se encargan de la producción, mantenimiento y comercialización de especies silvestres.
“Nos sentimos contentos, contentas, de que hay cifras que está registrando nuestra economía producto de la exportación de animales criados en cautiverio con todas las normas y con el cumplimiento de nuestras leyes”, aseguró Pérez, sin aportar muchos más detalles.
Un análisis de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), detalló que, en el 2021, el primer destino de los animales silvestres exportados por Nicaragua fue Estados Unidos; en segundo lugar, China; y en tercer lugar, España. Sin embargo, el ámbito de exportación se amplía a otros países, como Japón, Canadá, Italia, Alemania, Países Bajos, Guatemala, México, Reino Unido y Taiwán.
Existen zoocriaderos que cumplen con todas las regulaciones, y trabajan en la cría de animales en cautiverio, liberando una parte y exportando otra, de modo que generan ganancias y mantienen un cierto equilibrio con el ecosistema. Sin embargo, hay muchos otros, según denuncian fuentes ambientalistas, a los que Marena les ha extendido permisos y no trabajan de acuerdo a los reglamentos que demanda Cites.
“Estos zoocriaderos compran animales que vienen del medio silvestre y los exportan. También reponen especies que mueren antes de ser comercializadas con otras que vienen del bosque. Todo esto es ilegal porque no están cumpliendo con el objetivo principal y Marena no supervisa esto”, explicó la bióloga.
Según la fuente del Marena entrevistada para este reportaje, existe una orden verbal de las máximas autoridades del régimen sandinista para que se promueva la creación de los criaderos para aumentar la exportación de las especies y las ganancias por la venta de animales silvestres.
Durante los primeros seis meses de 2021, según las cifras publicadas por el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), Nicaragua exportó especies silvestres que generaron 443,517 dólares. “En seis meses casi nos acercamos a los 464,034 dólares que se facturó en el 2020”, expresó la fuente gubernamental.
En el 2019, la entonces ministra del Marena, Sumaya Castillo, expresó a un medio oficialista que si se juntaban las ganancias de las exportaciones de la fauna silvestre y la flora, los ingresos podrían superar los 15 millones de dólares.
“Y aquí llegamos al primer agujero negro. Publican cifras, pero no hay información detallada ni confiable de cómo están funcionando estos criaderos y cuánto están produciendo en cautiverio. Podrían estar negociando, como hacen con otro montón de rubros, como la madera, para poder emitir permisos a cambio de algún tipo de prebendas como es típico que hacen en esta Administración”, manifestó la bióloga.
Sobre esta teoría, la fuente de Marena consultada por DIVERGENTES, dijo no tener información al respecto.
Este medio de comunicación llamó a la oficina de Cites en Marena para consultar al encargado de esa dependencia sobre los cuestionamientos realizados por la bióloga y por el propio funcionario de esa institución que habló bajo condición de anonimato. Sin embargo, hasta la publicación de este reportaje no obtuvimos respuesta.
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