Luego del amotinamiento en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) el pasado 20 de junio, Medicina Legal confirmó 46 ingresos de víctimas luego de los hechos violentos en la mañana del 21 de junio; hasta el momento, se conoce que 25 mujeres murieron calcinadas y el resto por heridas de bala.
Hasta el momento, 22 privadas de libertad muertas fueron identificadas por el Ministerio Público: Jessica Yaneth Ávila Barahona, Ana Dilcia Aguirre Rivera, Johana Elizabeth Midence Martínez, Vivian Melissa Juarez Fiallos, Senia María Ocampo, Diandra Mariel Andrade Zelaya, Natalia Sara Romero Ponce, María Josefa Rodríguez Osorto, Nancy Sarahi Flores Vásquez, Estela Joselyn Barahona, Hilsy Lideny Zambrano, Nora Elizabeth Lazo, Irma Aracely Velásquez Vásquez, Rosa Nohemy Padilla Garcia, Josselin Celenia Espinal Osorto, Estefany Elizabeth Flores Palada, Martha Mariela Contreras, Suami Mariela Rodríguez, Reina Karina Flores, Norma Estela Mejía, Paola Yamileth Henriquez y Lourdes Yamileth Osorto.
En la noche del 20 de junio, la Secretaría de Prensa anunció en Casa Presidencial la destitución de Ramón Sabillón como ministro de Seguridad y el nombramiento en su lugar de Gustavo Sánchez, quien se desempeñaba como director de la Policía Nacional. La viceministra Julissa Villanueva, encargada de enfrentar la crisis carcelaria fue ratificada en su puesto a pesar de que sobre ella cae la responsabilidad de esta tragedia.
Previo a este anuncio, la viceministra respondió a los acontecimientos violentos por medio de un video en el que, en compañía de la abogada Sandra Rodriguez, integrante de la Junta Interventora del INP y excomisionada del Conaprev, aseguró que se trataba de un «un ataque del crimen organizado» contra el gobierno.
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Cuando se anunciaron las medidas para acabar con la violencia dentro de los centros penales, Villanueva prometió convertir al PNFAS en un «centro piloto y modelo en Honduras» y aseguró que los cooperantes estaban dispuestos a brindar apoyo al gobierno en esta iniciativa.
Sin embargo, según fuentes cercanas a la dirección del sistema penitenciario, la viceministra Villanueva tenía conocimiento de que estos acontecimientos violentos estaban por darse en el PNFAS y no hizo nada al respecto.
La versión que esta fuente proporcionó a Contracorriente es que por medio de un informe preliminar entregado a la viceministra la semana pasada, se tenían indicios de que un ataque a reclusas entre los módulos 1 y 4 iba a suceder. Además, esta fuente aseguró que el ataque iba principalmente a privadas de libertad pertenecientes a la Mara Salvatrucha (MS-13).
«Ella ya tenía este informe y no le importó», indicó esta fuente.
Los medios Reportar Sin Miedo y Reporteros de Investigación publicaron también que las privadas de libertad pertenecientes a la Pandilla 18 ya tenían un plan para asesinar a las reclusas pertenecientes a la MS-13.
Sin embargo, una fuente que pidió proteger su identidad por seguridad, explicó a Contracorriente que ambas pandillas estaban preparadas para un amotinamiento, en una de las imágenes de las cámaras del centro penal se puede ver a una mujer armada y encapuchada, esta fuente confirmó que es miembro de una clica de la Pandilla 18*.
Aunque las autoridades ya brindaron un reporte preliminar en el que culpan principalmente a un grupo de mujeres de la pandilla Barrio 18, aún no hay detalles sobre cómo había armas, municiones y explosivos dentro de la prisión ni por qué ante un riesgo inminente que desde hace semanas se había reportado desde el interior, las autoridades no pudieron evitar la tragedia. Las autoridades tampoco responden cómo fue su reacción ante este enfrentamiento y por qué reclusas del módulo de sentenciadas, que no pertenecían a las estructuras criminales antes mencionadas, quedaron encerradas en medio del fuego.
Elvia Argentina Valle, comisionada del Conaprev, confirmó a medios de comunicación hoy que el enfrentamiento se dio entre las dos pandillas y que las privadas de libertad iniciaron el fuego con unos colchones de los módulos. Además, la titular del Conaprev confirmó que se utilizó un fusil R-15 en el amotinamiento.
Organizaciones de derechos humanos y de familiares de privados de libertad habían levantado alertas para que el gobierno separara en diferentes centros penales a las personas pertenecientes a maras y pandillas antagónicas, pero esa petición no fue atendida.
El clamor de justicia de los familiares afuera del PNFAS
A las 4 de la tarde de ese día, doña Irma Maradiaga continuaba con la esperanza de que su hija seguía con vida luego del amotinamiento.
Tanto ella como decenas de familiares estaban aglomerados frente a una fila de policías preventivos y policías militares en la entrada de la PNFAS. Ellos exigían respuestas al Estado sobre sus familiares; no sólo reclamaban la identificación de reclusas fallecidas, sino la lista de las que aún están vivas.
«Necesitamos saber dónde están las que faltan», gritaban algunas madres de familia, abuelas, hijas, padres y esposos.
Un padre de familia que prefirió permanecer en el anonimato, contó entre lágrimas que su hija, esta semana, concluiría una pena de 25 años.
«Esto es culpa del Estado», manifestó el padre de familia de aproximadamente 70 años de edad. Entre la multitud, cuestionó las acciones que está teniendo el Gobierno para frenar la violencia en los centros penales y lamentó las situaciones precarias que según le contaba su hija viven las privadas de libertad.
Los familiares llaman «las que faltan» a las privadas de libertad que aún no aparecen en algún registro de fallecidas, pero de las cuales tampoco se tiene certeza que están vivas.
Pasaron las horas y la desesperación de los familiares de las privadas de libertad creció.
Delma Ordoñez, representante de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, habló con parientes de las privadas de libertad fallecidas y comenzó a dar nombres de un listado preliminar que ella hizo junto con las privadas de libertad que sobrevivieron al incendio.
Algunos familiares se desplomaron en el suelo consternados al escuchar los primeros nombres: eran sus hijas, primas, nietas, sobrinas y madres. Hubo gritos desgarradores en medio de los nombres que estaban siendo pronunciados por Delma Ordoñez, quien hizo una pausa.
«Siga —le dijo el familiar de una víctima—, sabemos que es doloroso, pero es nuestro derecho saber».
Otros oraron en agradecimiento al enterarse de que su familiar en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social estaba viva.
En ese momento, doña Irma Maradiaga continuaba sin conocer el estado de su hija, quien no aparecía en el listado de las fallecidas ni de las que continuaban con vida.
Minutos después, doña Irma fue informada de que su hija falleció.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP), a las 8 de la noche, confirmó el fallecimiento de Yohana Elizabeth Midence, hija de doña Irma, quien se encontraba recluida en el módulo 5 de la cárcel.
Doña Irma detalló que, después de estar cinco años recluida, este mes su hija cumplía su condena.
Las promesas de los funcionarios ese día
La llegada de representantes del Ejecutivo a la PNFAS tampoco alivió la incertidumbre e inquietud de los familiares de las privadas de libertad.
La promesa de la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, de garantizar el registro y dar seguimiento al levantamiento de las fallecidas no tranquilizó a los que estaban presentes esperando por respuestas.
Tampoco dio tranquilidad la asistencia del ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Cardona, quien prometió en medio del aglutinamiento cubrir los gastos fúnebres y proporcionar un bono de 50 mil lempiras a los familiares de las personas fallecidas en el motín.
«Ocupamos el listado, el listado de las que faltan ocupamos», le recriminaba la gente al ministro.
Entre la multitud, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), leyó el listado de las primeras 10 privadas de libertad identificadas que fallecieron en el motín.
La conexión de internet es inexistente en los alrededores del centro penal de Támara. Eso hizo que, por un momento, todos guardaran silencio escuchando los nombres de las fallecidas que hasta ese momento habían sido identificadas por el Instituto Nacional Penitenciario (INP).
A pesar de su labor como defensor de derechos humanos, Maldonado aseguró que se sintió excluido por la ministra Roque, quien no lo dejó entrar a la PNFAS.
La ministra Roque estuvo acompañada por personal del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras (Oacnudh), el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradamtes (Conaprev), y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf). «Nosotros chocamos a veces, pero esto es así», dijo el defensor de derechos humanos.
El número de víctimas crece, hay cinco equipos de forenses tratando de identificar los cuerpos, la mayoría reducidos a cenizas por el incendio que aún sigue sin saberse cómo se originó. Mientras tanto, Melissa Moreira, hermana de Ruth Moreira, continúa a la espera de conocer noticias de su hermana, quien guarda prisión en el módulo 1 de la PNFAS, el más afectado y en donde ocurrió el incendio, según las autoridades.
Melissa está a la espera de una prueba de ADN para verificar si uno de los cuerpos en la morgue es el de su hermana.
Publicado originalmente en Contracorriente.