Costa Rica exportó en los últimos siete años una cantidad de oro superior a las 7,5 toneladas sin tener legalizada la minería a gran escala y habiendo cancelado desde hace casi 15 años el mayor proyecto de explotación del metal dorado en su historia, ubicado en una finca llamada Crucitas, que colinda con la frontera con Nicaragua.
Es como si un elefante adulto macho, con un peso similar a esas barras del metal dorado, apareciera de repente en mitad de Centroamérica con documentos legales aduaneros, pero sin más explicaciones que la posibilidad del tráfico ilegal.
Es como si ese elefante dorado hubiera caminado invisible los 225 kilómetros que hay entre la finca Crucitas, plagada de mineros ilegales de ambos lados de la frontera, y el municipio costarricense de Abangares donde se “lava” el material gracias a los permisos de minería extendidos por una ley especial, aunque sólo para escala artesanal.
Esa ruta entre Crucitas y Abangares es el camino donde pueden estar las explicaciones para el volumen de oro que Costa Rica ha exportado desde 2007, valorado en 152 millones de dólares, de acuerdo con una investigación publicada por el periódico La Voz de Guanacaste en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) e Interferencia de Radios de la Universidad de Costa Rica (UCR), con base en documentos oficiales del Ministerio de Hacienda.
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Las exportaciones costarricenses son mínimas para la industria global del oro, pero significativas para la escala local y sobre todo para el contexto de reglas restrictivas del país que lleva todo este siglo discutiendo sobre el proyecto Crucitas y las consecuencias de la prohibición emitida en 2010 por un tribunal que acogió alegatos de grupos ambientalistas.
Ha sido una novela de corte político, legal y ambiental, e incluso ideológico y policíaco, que provocó el abandono de la finca y el aprovechamiento por cientos de “coligalleros”, como se le llama a mineros informales que viajaron a la zona para extraer el oro con métodos rudimentarios y peligrosos.
El oro se desvía a Nicaragua
Surgió una economía ilegal en la zona e invasión de trabajadores indocumentados que cruzaban la frontera atraídos por la “fiebre del oro”. Se comprobaron graves focos de contaminación por el uso de mercurio y de cianuro, incluido en el acueducto de la comunidad, pero la explotación continuó sin que las autoridades costarricenses pudieran evitarlo, pero a algún lado debía irse todo ese oro. Una parte se desviaba a Nicaragua, pero otra quedaba en Costa Rica y debía buscar el camino a los mercados legales para traducirse en millones de dólares.
“Los grandes volúmenes exportados, así como múltiples fuentes consultadas en Abangares y en la zona norte señalan que los miles de kilos de oro que salen en lingotes por el aeropuerto provienen de una explotación masiva e ilegal del yacimiento de Crucitas”, dice la publicación periodística en alusión al terreno de 900 hectáreas ubicado en el distrito Cutris del municipio San Carlos, aunque la minería ilegal también se da en alrededores de la finca.
Eso es lo que contaron a los reporteros trabajadores de la minas de Abangares, que reconocen la incapacidad de producción en su territorio y que suelen dar el servicio de lavar los sacos que llegan desde Crucitas con el oro mezclado aún con lodo y piedras. De ahí se procesa para la exportación y el aprovechamiento de precios internacionales que alcanzan máximos históricos en este 2024, con cotizaciones que casi duplican las de 10 años atrás. En las bolsas el elefante costarricense pesa el doble.
La explicación de los exportadores, por supuesto, no apunta a la minería ilegal de Crucitas, sino a la explotación artesanal de Abangares y a las compras de oro reciclado que captan las casas de empeño, negocios donde las personas entregan objetos de valor a cambio de un crédito rápido.
Pero las cuentas no cierran. La capacidad de las minas de Abangares es mucho más limitada, los testimonios en esta comunidad son más que claros sobre el origen en Crucitas y las autoridades policiales reafirman la continuidad de la explotación ilegal. Encima lo señala el gobierno de Rodrigo Chaves, que no se cansa de señalar los desastres ambientales provocados por los químicos tóxicos de los coligalleros ahora clama por un plan de explotación formal y conversaciones con la Asamblea Legislativa para una posible derogatoria de la ley que prohíbe la minería a cielo abierto.
“Lo únicos que se han beneficiado son los ladrones del oro y los contrabandistas internacionales”, lamentó en julio, cuando finalizó el arbitraje internacional planteado por Industrias Infinito para reclamar sin éxito 400 millones como indemnización por la sentencia de 2010 que anuló la concesión.
Una investigación abierta
Mientras tanto, sigue abierta una investigación judicial por legitimación de capitales y minería ilegal, en la que figura como sospechoso uno de los directivos de la empresa que más oro ha exportado, pues en los últimos dos años y medio colocó más de media tonelada del metal, por un valor superior a 22 millones de dólares, según los documentos oficiales revisados por La Voz de Guanacaste.
En ese expediente judicial también aparecen varios de los nombres conocidos en Abangares por el manejo de las exportaciones y el procesamiento con piletas de cianuro, el químico neurotóxico que aumenta la depuración del oro y que ha crecido en los registros de decomisos hasta 25 veces en este 2024.
La policía, además, no para de reportar el decomiso de equipo de minería ilegal, de cargamentos con sacos que llevan oro para lavar a Abangares y la detención de personas nicaragüenses sin los documentos migratorios.
También informan sobre barridas en la finca Crucitas y terrenos aledaños (donde se cree también hay yacimientos de oro), como el que desplegó la Fuerza Pública costarricense en abril y que provocó derramamiento de sangre, pues un minero intentó atacar con un machete a un policía y fue abatido con arma de fuego. En San José reportaron que él había muerto, aunque sus compañeros se llevaron el cuerpo a suelo nicaragüense y quedó la duda de si sobrevivió. En ese momento se replegaron unos 300 coligalleros, pero no tardaron en volver. Es jugar al ratón y el gato, dijo un exjefe policial de la zona, que se quejaba del sentido de esos operativos.
“Estamos cuidando que no se roben el oro, pero eso es imposible erradicarlo. Mientras haya oro habrá gente que quiera sacarlo como sea, por la ley o por la fuerza, ya lo sabemos”, dijo en mayo el oficial, que no descarta una actitud permisiva o cómplice de otras autoridades. “¿Cómo van a decir que no se puede detectar todo ese oro que va a Abangares? ¿Cómo va a creer uno que nadie ve esos carros? Es como no ver un elefante”, añadió sin saber cuánto pesaba un animal de esos y cuántos kilos se estaban exportando desde 2017.