Costa Rica se posiciona como el país de Centroamérica con las políticas públicas más sólidas y efectivas para garantizar el acceso y la permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas. Así lo revela el informe “Educación y movilidad humana en América Central, República Dominicana y México“, publicado recientemente por la Unesco.
Mientras en la mayoría de países centroamericanos la niñez migrante queda atrapada entre la burocracia y la ausencia de normativas específicas, Costa Rica implementa un conjunto de medidas para permitir su integración al sistema educativo, incluso si se encuentran en situación migratoria irregular.
“Costa Rica ha adoptado disposiciones institucionales y normativas para atender de manera diferenciada a personas migrantes regulares, irregulares, solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas y personas retornadas. Estas disposiciones apuntan a asegurar el acceso, permanencia y culminación educativa de estas poblaciones”, detalla el informe.
Una de las medidas destacadas por la Unesco es la implementación del Documento de Identidad Migratoria para Extranjeros (DIMEX) para personas menores de edad en situación migratoria irregular. Esta identificación permite a los niños y niñas ser inscritos en el sistema educativo público, incluso si no cuentan con pasaporte, cédula o certificado de nacimiento.
“Este documento permite acreditar la identidad de personas menores migrantes en situación irregular y registrarlas como estudiantes en los centros educativos públicos del país, garantizando su derecho a la educación independientemente de su estatus migratorio”, indica el estudio.
Niñez migrante nicaragüense es la principal beneficiaria
Según datos oficiales del Ministerio de Educación Pública (MEP) de Costa Rica, en 2022 había unos 36 720 estudiantes nicaragüenses matriculados en el sistema educativo costarricense —incluyendo educación pública, privada y subvencionada—, cifra que representaba la matrícula más alta de extranjeros en años recientes y concentrada principalmente en primaria y secundaria.
Además, entre el total de menores extranjeros matriculados —alrededor de 52 000—, aproximadamente el 79% son de Nicaragua. Estas cifras colocan a la niñez nicaragüense como la principal beneficiaria de las políticas educativas inclusivas implementadas por Costa Rica.
El documento de Unesco también señala que las normativas costarricenses exigen que los centros educativos admitan a estudiantes, aunque no presenten todos los documentos requeridos, siempre que se comprometan a entregarlos en un plazo determinado. Esto evita que el acceso a la educación sea negado por barreras administrativas o burocráticas.
Sin políticas educativas para migrantes
En contraste, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, carecen de mecanismos de reintegración educativa para las personas menores de edad que retornan a sus países de origen o que están en tránsito. El informe critica la falta de políticas claras y coordinadas para garantizar su derecho a la educación.
“La mayoría de los países carecen de políticas que garanticen el derecho a la educación de personas retornadas. Por ejemplo, en El Salvador, Honduras y Nicaragua, no se identificaron programas para reincorporar a personas retornadas al sistema educativo, ni procesos de validación de estudios realizados en el exterior”, advierte la Unesco.
En el caso de Guatemala, el informe reconoce avances parciales, como la política de equiparación de estudios implementada desde 2018, que permite a niños, niñas y adolescentes retornados, el poder ser reubicados en el grado académico que les corresponde tras una evaluación. Sin embargo, se indica que este mecanismo aún enfrenta dificultades operativas, y no cubre a toda la población migrante.
La Unesco también denuncia que en gran parte de los países centroamericanos se emplea una visión generalizada que no distingue las diversas situaciones y necesidades específicas dentro de la movilidad humana.
“El 69% de las políticas analizadas utilizan denominaciones generales como ‘migrantes’ o ‘personas en situación de movilidad’, sin considerar la diversidad de circunstancias y necesidades específicas de cada grupo”, afirma el informe.
Esta mirada genérica repercute en una atención insuficiente o inexistente para personas en tránsito, desplazadas internas, solicitantes de asilo o personas apátridas. “La falta de diferenciación en las políticas puede generar vacíos en la atención y profundizar las desigualdades”, concluye la investigación.
El informe también critica que muchas escuelas, especialmente en países de tránsito o retorno, siguen exigiendo documentos oficiales como certificados de notas o diplomas, lo que en la práctica impide el ingreso o la continuidad escolar de niños y niñas migrantes.
“Las exigencias de documentos oficiales de certificación de estudios previos, imposibles de conseguir en muchos casos, constituyen una de las principales barreras de acceso al sistema educativo para la niñez migrante y retornada”, señala el estudio.
Prevención de deserción escolar migrante
Costa Rica, además, es el único país de la región que aparece con estrategias articuladas para prevenir la deserción escolar en contextos migratorios. Desde 2017 participa en una política regional para la integración y reintegración de niños, niñas y adolescentes en riesgo de migración irregular, promovida junto a El Salvador, Guatemala y Honduras, aunque con mayor desarrollo en el caso costarricense.
“Costa Rica ha promovido acciones específicas para garantizar el acceso de personas migrantes al sistema educativo, incluyendo medidas de flexibilización de requisitos y reconocimiento de saberes previos, así como capacitación docente y acciones contra la discriminación”, indica el informe.
Entre las políticas más integrales, destaca el Plan Nacional de Integración (2018) de Costa Rica, que promueve el acceso al sistema educativo de las personas en situación de movilidad, incluidas las solicitantes de asilo, con énfasis en la equidad, la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos.
Este plan contempla no solo la integración educativa, sino también la inclusión en el sistema de salud, laboral y comunitario. Además, promueve entornos escolares libres de violencia y discriminación, y fomenta la interculturalidad como valor educativo.
En la región, apenas el 24% de las políticas relevadas abordan de forma explícita la situación de las personas refugiadas, y solo el 19% están orientadas a solicitantes de asilo. Aunque internacionalmente los refugiados cuentan con mayores protecciones legales, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), persisten importantes brechas entre las políticas y su implementación práctica en el terreno educativo Costa Rica, por ejemplo, establece lineamientos concretos para ubicar a personas refugiadas en el nivel educativo correspondiente y facilitar su integración escolar.
Desafíos educativos para personas desplazadas y refugiadas
Costa Rica también ha desarrollado programas de capacitación docente con enfoque intercultural y contra la discriminación, así como cursos específicos sobre atención a población refugiada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo por adaptar el sistema educativo a la diversidad creciente de su población estudiantil y garantizar un entorno de respeto para quienes huyen de situaciones de violencia y persecución.
El informe también destaca que la situación de las personas apátridas continúa siendo una de las más invisibilizadas. Aunque organismos internacionales han llamado a proteger su derecho a la educación, en la práctica, la falta de documentación legal, como un acta de nacimiento, impide su inscripción en escuelas.
Costa Rica es uno de los pocos países que ha incluido su situación en lineamientos de educación intercultural, aunque sin desarrollar aún acciones específicas para garantizar su derecho en la práctica.
La Unesco concluye que Costa Rica representa un ejemplo regional de buenas prácticas en materia de políticas educativas inclusivas para población migrante, y llama a los demás países a adoptar un enfoque de derechos que ponga al centro a la niñez y adolescencia en movilidad.
“El caso de Costa Rica demuestra que es posible garantizar el derecho a la educación de la niñez migrante mediante políticas públicas integrales, sensibles a la diversidad de trayectorias y estatus migratorios, y con voluntad institucional de inclusión educativa”, finaliza el informe.En este contexto, Costa Rica destaca como única excepción en Centroamérica con políticas claras para educar a la niñez migrante. En el resto de la región, la falta de normas específicas sigue dejando fuera del sistema a miles de niños y adolescentes, según alerta la Unesco.