El periódico El Universal de México ha revelado que la administración del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, mantiene negociaciones con los grupos de narcotráfico Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación para intentar rebajar los altos índices de criminalidad que asolan a la considerada “Suiza centroamericana”. Se trata de una información peliaguda cuyas fuentes la publicación mantiene bajo reserva y que ha causado un gran impacto entre los ticos.
El propósito de los acuerdos entre los cárteles y el Gobierno de Chaves es que este habría pedido a los grupos mafiosos reducir la violencia callejera, a cambio de que continúen con el narcotráfico en este país que forma parte de la ruta que los narcos usan para subir cocaína a Estados Unidos.
El año 2023 ha sido uno de los más violentos de la historia de Costa Rica. Hasta septiembre se registran 666 homicidios, según el Organismo de Investigación Judicial y se estima que llegue hasta 900 al final del año si continúa el mismo patrón. Mientras que en 2022 se registraron 654 homicidios y en 2021 otros 588.
Chaves no ha logrado cumplir una de sus grandes promesas de campaña electoral: reducir los índices de violencia en el país, pese a que ha reiterado su objetivo en múltiples ocasiones en este año.
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“Mantengo la convicción de que un Estado que no garantice la seguridad de sus ciudadanos es un Estado fallido, y no lo permitiremos. La ciudadanía sabe que la violencia crece desde hace más de 10 años”, señaló en la Asamblea Legislativa en su primer año en el poder. Sin embargo, el número de homicidios no ha parado de aumentar.
Según el periódico, los datos fueron obtenidos por fuentes costarricenses con acceso privilegiado a la información sobre seguridad, crimen organizado y justicia. Entre las personas involucradas en los convenios están personajes importantes de la estructura de seguridad costarricenses, funcionarios dentro de la bancada de Chaves y abogados defensores en procesos judiciales de delincuencia organizada.
Estos acuerdos habrían iniciado en el Poder Ejecutivo de la Seguridad, donde se avanzaron encuentros entre grupos narcotraficantes de Costa Rica que consolidaron enlaces con los dos cárteles mexicanos para la exportación de drogas.
Según información brindada a El Universal, las negociaciones comenzaron hace un año, coincidiendo con el inicio de la administración de Chaves que asumió el poder en mayo de 2022.
Acorde con la misma fuente, los acuerdos también empezaron porque algunos sectores empresariales presionaron al Gobierno para que respalde el turismo del país y se aparente un ambiente de seguridad.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, señaló que la información sobre las negociaciones “no es ninguna noticia nueva” para él, pero negó que los acuerdos con los cárteles continuarán ocurriendo desde que inició su gestión en mayo de 2022.
https://platform.twitter.com/widgets.jsLa más grave denuncia que haya visto. Algo que no debe dejar indiferente ni a autoridades judiciales, ni diputados, ni a periodistas locales, ni a ciudadanos. #CostaRica no se debe precipitar por la ruta de la gobernanza criminal como en otros países. Negociar con criminales es… pic.twitter.com/050hJPkTtp
— Laura Chinchilla M. (@Laura_Ch) September 27, 2023
La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, señaló la acusación como la más grave denuncia que haya visto. “Costa Rica no se debe precipitar por la ruta de la gobernanza criminal como en otros países. Negociar con criminales es moral, política y legalmente repudiable, pero sobre todo es traicionar a nuestra patria”, expresó en su cuenta oficial de X.
La exmandataria instó a las autoridades judiciales de Costa Rica a investigar los hechos expuestos por el periódico. “Es algo que no debe dejar indiferente ni a autoridades judiciales, ni diputados, ni a periodistas locales, ni a ciudadanos”, añadió.
Mario Zamora interpuso denuncia contra El Universal
Ante la publicación realizada por El Universal, Zamora anunció a través de las redes sociales del Ministerio de Seguridad Pública que interpuso una denuncia en la Fiscalía de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica por tratarse de “mentiras infundadas”.
“Estamos procediendo a interponer una denuncia penal ante la Fiscalía de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica porque esos hechos deben ser esclarecidos hasta sus últimas consecuencias”, señaló. “Estamos estableciendo el interés y la intencionalidad que hay detrás de esta denuncia”, agregó.
“No nos detendrán en el objetivo de cerrar los puertos costarricenses a la exportación de droga que es el negocio más lucrativo de los carteles mexicanos en nuestro país”, expresó.