El recorte histórico a las universidades públicas costarricenses es una pieza más de la reorientación autoritaria de la política social en Costa Rica y varios países de América Latina. 

En Argentina, el gobierno de Javier Milei congeló el presupuesto universitario en medio de una inflación de tres dígitos; produjo el recorte real más profundo desde el retorno democrático; y desató masivas marchas federales en defensa de la universidad pública. En El Salvador, Nayib Bukele ha reducido sistemáticamente el financiamiento a la Universidad de El Salvador mientras fortalece programas de transferencias individualizadas mediadas por apps, sustituyendo educación pública por clientela digital. En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa mantiene a la universidad pública bajo asfixia presupuestaria y amenaza recurrente de intervención. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ido aún más lejos al cancelar personerías jurídicas, confiscar bienes, desmantelar la autonomía universitaria y clausurar numerosas instituciones de educación superior. 

El patrón es el mismo: la derecha populista trata a la universidad pública como enemigo moral antes que como bien público, y combina recorte financiero, retórica anti élite y vaciamiento institucional para degradarla sin tener que cerrarla. Lo que en cada país se presenta como decisión técnica es, leído en conjunto, como el intento de liquidación de infraestructura crítica que el neoliberalismo autoritario no controla.

Pensemos en qué tipo de Estado se construye mientras se recortan recursos. Y ojo que la austeridad no es ni por asomo patrimonio del actual gobierno – aunque claramente tiene menos complejos y mucha disposición de hacerlo por las buenas o por las malas, violentando los mecanismos democráticos. De hecho, la austeridad neoliberal como dogma de fe en prácticamente todo el espectro político es más bien la madre del populismo autoritario. 

La derecha neoliberal clásica veía a las universidades públicas con muchísima sospecha: las veía como costosas, burocráticas, ideologizadas. La nueva derecha populista —la de Chaves, Milei o Bukele— añade un ingrediente relevante: las convierte en villanas morales. En la narrativa del “héroe outsider” que enfrenta a las élites, la universidad pública aparece como reducto de “ticos con corona”, privilegios inexplicables y resistencias ideológicas. No es solo cuánto cuesta: es que no merece. Hay odio, emoción, adonde debería haber razón.

Aquí opera una paradoja. Las universidades son simultáneamente un freno muy robusto y una palanca tentadora para el proyecto autoritario. Es un freno, porque su autonomía constitucional, su capital social acumulado y su capacidad de producir evidencia hacen muy costoso el ataque: la UCR obtiene 7,9 puntos de 10 en confianza ciudadana, por encima de cualquier otra institución. Pero a la vez es palanca, porque una vez capturadas o vaciadas, son máquinas distributivas enormes: definen qué se investiga, qué se enseña, quién se forma como profesional, qué datos circulan en el debate público. Controlar la universidad es controlar la infraestructura cognitiva del país.

Por eso el método elegido es la asfixia financiera. Ya se desplegó en la CCSS a la cual el Ejecutivo dejó de pagarles la deuda que sin ningún disimulo y hasta con ostentación, alcanzó 4,4 billones de colones en tres años. A las universidades no se les reforma su marco legal sino que se reducen los presupuestos, se condiciona el cumplimiento del artículo 85, se instaura la incertidumbre permanente. Así, en vez de un cierre, se produce una degradación lenta que justifica futuras intervenciones. Cuando los programas dejen de ser viables, cuando la matrícula se contraiga, cuando la fuga de académicos sea irreversible, podrá decirse que “el modelo no funciona”. La escasez producida políticamente se venderá como un supuesto diagnóstico técnico.

Esta lógica de desmantelamiento por omisión tiene un complemento: la conversión ideológica. Igual que se eliminó el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral o se restringió el aborto no punible, el cerco a las universidades se acompaña de presión sobre lo que se enseña y lo que se investiga. Se busca que la universidad deje de ser un espacio plural para convertirse en objeto de vigilancia. La “cultura del pobrecito” que la presidenta Fernández cuestionó en su discurso de toma de posesión encuentra correlato universitario en el discurso contra “estudiante subsidiados” – incluyendo 100.000 personas becarias de primera y secundaria del programa Avancemos – o “privilegiados de las U públicas”  – aunque lo primera que recorta son fondos para las sedes universitarias.

Luego está cómo el gobierno imagina el futuro de la educación en el país. En el proyecto de presupuesto 2027, mientras se recortan becas, cuidados y universidades, crecen las partidas de software, ciberseguridad, automatización y sistemas de información. La pregunta es qué universidad emerge cuando la inversión tecnológica crece en paralelo al vaciamiento académico y va quedando una universidad con plataformas sofisticadas y pocos profesores. ¿Será que se sueña con una universidad donde el algoritmo — ya no docentes humanos — deciden quién ingresa, quién permanece, quién merece beca. La “burocracia de la calle” que describía Lipsky —aquí el profesor, la investigadora, el tutor— es precisamente la que el proyecto busca eludir: traduce, filtra, resiste. Una línea de código no convoca a huelga.

Las universidades públicas son de los últimos espacios institucionales con capacidad de producir investigación crítica y opinión fundada. Son, junto al Poder Judicial y la prensa, contrapesos que funcionan. Por eso el ataque es político y no solo financiero. Lo que se busca no es una universidad más barata, sino una universidad menos capaz de interrogar al poder. La paradoja es que, en términos de la literatura clásica sobre desmantelamiento, este ataque debería ser costoso: hay normas, hay autonomía, hay comunidad. Pero la nueva derecha ha descubierto que, con retórica anti élite y paciencia presupuestaria, los costos pueden evitarse.

La resistencia —sindicatos, asociaciones profesionales, movimientos estudiantiles, asociaciones magisteriales— ha sido importante. Probablemente insuficiente. Lo que está en juego en la defensa de las universidades públicas no es el presupuesto de un ciclo lectivo. Es la posibilidad de mantener infraestructura crítica para la democracia: lugares donde se forman ciudadanos y no solo clientes digitales, donde se produce conocimiento que no responde a un algoritmo, donde todavía es posible pensar colectivamente fuera de la lógica del merecimiento.

El recorte universitario es una pieza clave de la reorientación autoritaria de la política social en Costa Rica y más allá. Cada colón recortado es una decisión sobre qué tipo de sociedad se construye:  una en la que no se mueva nada que no se pueda controlar.