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“¿Por qué siempre se enfocan en los derechos humanos de los criminales?”, preguntó el presidente Nayib Bukele durante un encuentro público con el presidente chileno José Antonio Kast. Según el mandatario salvadoreño, las organizaciones de derechos humanos convierten en prioridad a quienes “matan niños, violan mujeres y cortan cabezas”, mientras ignoran a las víctimas.

La frase no es nueva. Bukele la ha repetido cada vez que enfrenta cuestionamientos internacionales por su política de seguridad. Esta vez, sin embargo, volvió a poner sobre la mesa una acusación concreta: que las organizaciones de derechos humanos defienden exclusivamente a criminales. Sin embargo, los informes y casos documentados por esas mismas organizaciones cuentan otra historia.

Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un estado de excepción que ha permitido detenciones masivas y un endurecimiento sin precedentes de la política penal. El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), inaugurado en enero de 2023, se convirtió en el símbolo más visible de esta estrategia y en la imagen que el Gobierno suele mostrar al mundo como prueba exitosa de su “guerra contra las pandillas”.

Cuando el foco no eran pandillas

Human Rights Watch (HRW), una de las organizaciones citadas por el gobierno salvadoreño como “defensora de criminales”, ha documentado violaciones graves de derechos humanos durante el régimen de excepción: detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos, desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso, incluso contra menores de edad.

Bukele durante su vida política, ha jugado a dos bandos. A pesar del distanciamiento que hoy existe con HRW, el presidente olvidó que durante su campaña presidencial utilizó lenguaje muy alienado a los informes de esta organización sobre las estructuras de la violencia.-Su discurso se centraba en  cómo atacar la violencia con arte, cultura, deportes y educación, mismo que aplicó en el Plan Cuscatlán,  un discurso que esta organización y otras aplaudían como el camino que debía tomar El Salvador.

Sin embargo, el trabajo de HRW no solo se limita a denunciar al Estado y sus acciones contra los derechos humanos. Un caso que lo demuestra ocurrió mucho antes del Gobierno de Bukele. El 2 de julio de 2007, en el municipio de Suchitoto, un grupo de ciudadanos salió a protestar contra un plan de descentralización del agua. La manifestación terminó en enfrentamientos, hubo bloqueo de carreteras, lanzamiento de piedras y una fuerte respuesta policial con gases lacrimógenos y balas de goma.

Catorce personas fueron detenidas. Trece de ellas fueron acusadas de terrorismo. La policía aseguró que los manifestantes dispararon armas de fuego. Sin embargo, ningún periodista que cubría la protesta reportó disparos, y una corte de apelaciones terminó desestimando esas acusaciones por falta absoluta de pruebas. Aun así, los procesados enfrentaron penas de 10 a 15 años de prisión, castigos reservados para delitos extremadamente graves.

José Miguel Vivanco, en ese entonces director para las Américas de HRW, denunció que “el bloqueo de carreteras y el lanzamiento de piedras pueden ser delitos, pero no constituyen actos de terrorismo”. Este caso  demuestra que HRW no defiende criminales, sino que cuestionan el uso de leyes excepcionales para castigar conductas que no son terrorismo, la falta de pruebas en procesos judiciales, la imposición de penas desproporcionadas y el debilitamiento de garantías básicas como el debido proceso y la presunción de inocencia.

Las otras víctimas que no encajan en el relato

La narrativa de Bukele también choca con el trabajo de organizaciones locales como Cristosal, organización suspendió operaciones en El Salvador y vio forzada a exiliar a parte de su personal por la presión estatal.

La organización en su Informe sobre situación de desplazamiento forzado por violencia generalizada en El Salvador, antes de la llegada al poder de Bukele, documentó y denunció ante organizaciones internacionales que el país “cierra el 2015 como el año más violento de su historia reciente, con un 70 por ciento más de homicidios que en el año 2014. Según un balance preliminar de la Policía Nacional Civil y de las autoridades forenses, se contabilizaron en el 2015 no menos de 6670 homicidios, superando los 3912 de 2014, prácticamente igualando la cifra de 1983 cuando el país en plena guerra civil (1980-1992) tuvo un poco más de 7000 homicidios. Con una tasa de 90 homicidios por cada 100 000 habitantes, El Salvador se mantiene a la cabeza de los países más violentos del mundo, con la cifra más alta de homicidios en los 24 años de posguerra civil”.

Según el informe, “los altos niveles de violencia se adjudican a actividades de grupos relacionados con pandillas y crimen organizado. No obstante, aunque en menor escala pero en un comportamiento ascendente, acciones perpetradas desde instancias estatales, como la Policía Nacional Civil y el ejército, instituciones mayormente denunciadas por violaciones a derechos humanos ante la oficina de Ombudsman de El Salvador, son señaladas también como responsables de hechos violentos”. 

Entre enero y junio de 2020, la organización registró al menos 200 personas desplazadas, la mayoría de ellas obligadas a huir por amenazas, extorsiones y asesinatos cometidos por estructuras criminales. Un porcentaje menor se desplazó por acoso policial en comunidades estigmatizadas. Esto demuestra que la afirmación de Bukele es engañosa. Cristosal no solo denunció la violencia de las pandillas, sino también la falta de respuesta del Estado para proteger a estas víctimas y aplicar la legislación existente sobre desplazamiento interno. 

De aliada a injerencista

Amnistía Internacional es otra de las organizaciones que Bukele distanció y que pasó de ser una aliada, a ser catalogada como injerencista. Apenas 24 días después de asumir la presidencia (24 de junio de 2019), el presidente recibió a una delegación de en Casa Presidencial, donde se comprometió  a ser un referente en derechos humanos para la región. Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía, declaró en ese momento: “El presidente se comprometió repetidamente a respetar los derechos humanos y a poner a las víctimas en el centro de sus decisiones”. 

Esta organización no solo ha denunciando a autoridades salvadoreñas que han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos durante este periodo, sino también casos como el de  Teodora Vásquez y la criminalización de mujeres. 

En 2017, la salvadoreña fue condenada a 30 años de prisión tras la muerte de su bebé en circunstancias médicas complejas. Amnistía Internacional condenó el fallo como una violación de derechos humanos y criticó la estricta prohibición del aborto en El Salvador, que llevaba a mujeres a ser encarceladas injustamente por complicaciones obstétricas. Incluso implementó la campaña “Escribe por tus derechos”, en pro de Teodora a nivel mundial.

Asimismo, la organización también incluyó en sus reportes regionales de 2020 y 2021 las preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en las Américas, lo que incluye contextos de discriminación, violencia e insuficientes protecciones en El Salvador. 

Estos tres casos de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales siguen demostrando que la afirmación del presidente Nayib Bukele es engañosa. Las organizaciones de derechos humanos no priorizan únicamente a criminales violentos. Documentan abusos del Estado, denuncian el uso político de leyes antiterroristas y también visibilizan a las víctimas de pandillas y de la violencia estructural, desde antes que Bukele tomara el poder.