“Yo estoy al mando de Venezuela”, afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista con NBC News. La declaración se produjo días después de que su Gobierno anunciara la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros y de su esposa, Cilia Flores, tras lo que Trump a través de la plataforma Truth describió como una operación militar “exitosa” ejecutada en Caracas, el 3 de enero.
Según el relato difundido por la Casa Blanca, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación “a gran escala” que culminó con el traslado de Maduro hacia Estados Unidos. La versión oficial estadounidense fue reforzada por el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien señaló que en el operativo habían participado unidades de fuerzas especiales y aéreo.
Posteriormente, El Gobierno de Cuba informó la muerte de 32 ciudadanos cubanos durante la operación militar, a quienes identificó como miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior que se encontraban en Venezuela en misiones de cooperación, según un comunicado oficial del presidente Miguel Díaz-Canel.
El anuncio de la captura de Maduro abrió de inmediato un debate central: ¿actuó Estados Unidos dentro del marco del derecho internacional? El uso de la fuerza está, en términos generales, prohibido por el derecho internacional, salvo en circunstancias excepcionales, como la legítima defensa o la autorización expresa del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Juristas y gobiernos de países como Francia, Bolivia, Chile, China, Cuba, España, Rusia y Colombia cuestionaron la legalidad de la acción de la operación militar, al considerar que no se ajusta al derecho internacional. En el caso colombiano, el presidente Gustavo Petro expresó su preocupación tras declaraciones de Trump que sugirieron que acciones similares podrían repetirse contra otros gobiernos de la región. Sin embargo, moderó el alcance de la tensión tras una conversación que calificó como “histórica” y podría modificar la percepción de Estados Unidos sobre Colombia.
¿Puede un régimen violador de derechos humanos reclamar protección internacional?
La contradicción central del caso venezolano es evidente. El Estado que hoy exige respeto a su soberanía y recurre al derecho internacional para denunciar una acción extranjera considerada ilegal, ha sido señalado reiteradamente por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Informes de organismos internacionales documentan la existencia de presos políticos, denuncias de tortura, persecución a la disidencia, restricciones a la libertad de expresión y procesos electorales sin garantías democráticas.
Así, mientras el Gobierno de Maduro recurre al derecho internacional para cuestionar la acción extranjera de Estados Unidos, enfrenta señalamientos persistentes por desconocer, dentro de sus propias fronteras, los principios de soberanía popular, legalidad y derechos fundamentales. La crisis abierta no solo reconfigura el tablero geopolítico regional, sino que vuelve a colocar en el centro una pregunta incómoda: ¿puede un Estado exigir protección internacional, cuando ha vulnerado de forma sistemática los derechos de su propia población?
El jurista Juan Diego Barberena, afirma que el régimen venezolano ha violentado los principios básicos del Estado constitucional de Derecho y los principios legales del Estado de Derecho “concentrando absolutamente todo el poder, secuestrando las instituciones del Estado, violando los derechos fundamentales, los derechos humanos de los y las venezolanas. Y es que Maduro ha estado en el poder desde abril de 2013, luego del fallecimiento del presidente Hugo Chávez luego de unas elecciones cuestionadas por la oposición, liderada por Henrique Capriles, quien se negó a aceptar los resultados y hasta Diosdado Cabello, hoy ministro del Interior, mostró su inconformidad ante la victoria del elegido de Chávez.
Barberena sostiene que Nicolás Maduro secuestró la voluntad popular mediante un fraude electoral, una afirmación que se sostiene en un patrón de procesos electorales ampliamente cuestionados desde su llegada al poder. A partir de 2013, la legitimidad de las elecciones en Venezuela quedó marcada por dudas persistentes señaladas por organismos internacionales, medios de comunicación, gobiernos y la oposición.
Aunque el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) resultó vencedor en las elecciones constitucionales de 2017, las legislativas de 2020 y las presidenciales de 2018 y 2024, estos procesos estuvieron rodeados de denuncias por falta de garantías, ausencia de competencia real y control institucional. En ese contexto, la afirmación de Maduro en 2013 de que su victoria fue “legal, justa y constitucional”, contrasta con la consolidación de un modelo de poder que se presenta como defensor de una supuesta “democracia popular y revolucionaria”, mientras reduce de forma sistemática el ejercicio efectivo del voto ciudadano, indica Barberena. “El régimen asume el poder de forma ilegítima, porque no deviene de la voluntad popular, porque no viene producto de un proceso electoral, sino de todo lo contrario, de la autoproclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República”.
Esta incertidumbre política también estuvo acompañada de denuncias de represión, persecución de la disidencia y encarcelamientos, así como del uso de la oposición en las calles y del reparto de bienes entre sectores afines al chavismo para sostener el control del poder. A ello se suma el éxodo de más de 7.9 millones de venezolanos que han salido del país en busca de protección y una vida mejor; de ellos, 6.7 millones han sido acogidos por otros países de América Latina y el Caribe, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Rendición de cuentas por violaciones a derechos humanos no puede imponerse mediante intervención militar
El principal cuestionamiento a la captura de Maduro y su esposa se centra en el derecho internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, llamó a que se “respeten los derechos fundamentales de los venezolanos, incluido el derecho a la autodeterminación, y la soberanía sobre sus vidas y sus recursos”, y subrayó que “el futuro de Venezuela debe ser determinado únicamente por el pueblo venezolano”. Según Türk, esta operación militar socava las protecciones fundamentales de los Estados soberanos, una preocupación compartida por países sudamericanos y europeos.
“La acción de Estados Unidos hizo que todos los Estados sean menos seguros en todo el mundo”, afirmó la portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, durante una rueda de prensa en Ginebra, donde además rechazó la justificación de Washington para su intervención basada en el historial de derechos humanos “prolongado y espantoso” del Gobierno venezolano.
Agregó que “la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos no puede lograrse mediante una intervención militar unilateral en violación del derecho internacional”, pues “lejos de ser una victoria para los derechos humanos, esta intervención militar, que contraviene la soberanía venezolana y la Carta de las Naciones Unidas, daña la arquitectura de la seguridad internacional…”, la cual “establece que los Estados no deben amenazar ni usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de ningún Estado”.
Aunque la intervención militar de Estados Unidos vulnera el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, ese hecho no borra el historial de denuncias que pesan sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Barberena recuerda que el régimen ha sido objeto de sanciones y señalamientos por la comisión de crímenes de lesa humanidad, y que incluso el propio Maduro ha sido acusado ante la Corte Penal Internacional.
Según el jurista, organismos internacionales han documentado más de 8000 ejecuciones extrajudiciales en los últimos 12 años, desde que el presidente venezolano asumió el poder, lo que evidencia que “evidentemente que el régimen de Maduro ha violado las normas del derecho internacional, de los derechos humanos, también del derecho internacional público como tal”.
La gravedad de estas denuncias quedó reflejada en febrero de 2024, cuando el Gobierno venezolano expulsó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras la publicación de informes que alertaban sobre el deterioro constante de la situación del país.
Estas evaluaciones fueron reforzadas por investigaciones independientes del Consejo de Derechos Humanos, que documentaron abusos graves y continuos contra la oposición. Barberena subraya que el Gobierno de Maduro ha negado de forma sistemática la existencia de presos políticos, una negación que constituye en sí misma una violación a los derechos humanos de disidentes venezolanos y extranjeros. En diciembre de 2024, Maduro volvió a insistir en que en el país no hay detenidos por razones políticas y afirmó que los arrestados tras la crisis postelectoral son personas que “atacaron, amenazaron, agredieron y mataron”.
Un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, presentado durante el 61° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en diciembre de 2025, concluyó que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), bajo el mando de Maduro, cometió crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos de manera sostenida durante más de una década.
“El informe concluyó que funcionarios de la GNB perpetraron y contribuyeron de manera directa a la comisión de privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual y de género, tanto durante operativos de control de protestas como en acciones de persecución política selectiva”, principalmente durante las protestas de 2014, 2017, 2019 y 2024, afirmó la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.
La investigación señala que estas acciones fueron facilitadas por una cadena de mando altamente centralizada, bajo la dirección del presidente del país como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sin mecanismos internos efectivos de control o rendición de cuentas.
Las denuncias de tortura resurgen en el contexto de los presos políticos
“Las torturas, malos tratos y actos de violencia sexual que hemos verificado, incluyendo agresiones y violaciones, no fueron incidentes aislados. Forman parte de un patrón de abuso utilizado para castigar y doblegar a las víctimas”, señaló Valiñas.
Estas denuncias no pertenecen únicamente al pasado. Los testimonios de tortura, violaciones y malos tratos resurgen en el contexto actual de los presos políticos. El 8 de enero, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, reconoció la existencia de un “número importante” de personas detenidas por razones políticas. Según datos del Foro Penal, hasta el 5 de enero se contabilizaban al menos 806 dirigentes políticos, militares y líderes sociales encarcelados.
La mayoría de estas detenciones ocurrieron en los días posteriores a las elecciones presidenciales de 2024. Rodríguez calificó estas acciones como “un gesto unilateral del Gobierno bolivariano” para “consolidar la paz y la convivencia pacífica en el país”.
Barberena resumen que Maduro es un dictador que “ha anulado la institucionalidad democrática en Venezuela, por un lado, que ha se ha autoproclamado presidente de la República por medio de un fraude electoral y por otro lado ha violado los instrumentos internacionales básicos y elementales en materia de derechos humanos”. El abogado nicaraguense se refiere a la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
A esto se le suma, según Barberena, que “Venezuela está en unas condiciones socioeconómicas realmente graves, producto de la corrupción rampante del régimen y de la cúpula al mando de Nicolás Maduro. Además de la incapacidad de gestionar que desencadenó una crisis económica y el éxodo más grande de migración de millones de venezolanos”.
Soberanía interna y soberanía territorial: un principio inseparable
El jurista agrega que el derecho internacional “fue incapaz de frenar esta deriva autoritaria”. Según Barberena, la Casa Blanca intentó justificar la extracción de Maduro basándose en acusaciones penales internas y en una supuesta defensa propia frente al “narcoterrorismo” estadounidense; sin embargo, estas actividades delictivas no cumplen con el estándar internacional aceptado de un conflicto armado que permitiría justificar una respuesta militar.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto en conferencia de prensa, declararon que la incursión fue una acción realizada en nombre y a petición del Departamento de Justicia estadounidense. Aunque no fue aprobada por el Congreso, Trump diseñó la incursión como “una función de aplicación de la ley” y no como un acto de guerra, argumentando que el “Departamento de Guerra apoyó al Departamento de Justicia” para ejecutarla.
Otro de los cuestionamientos centrales, según Barberena, es si la detención fue legal o no. “La detención es ilegal, porque no existe un mandato judicial por medio de un procedimiento de extradición”. Aunque obtener una orden judicial válida desde Venezuela sea prácticamente imposible, esto no modifica el análisis jurídico: desde el punto de vista del derecho internacional vigente, la detención carece de legalidad porque solo puede considerarse válida cuando se ajusta a las normas formales del derecho positivo.
El jurista añade que Trump transgredió la soberanía venezolana, aunque subraya que este principio no puede analizarse de forma aislada. “Se debe de exigir tanto la soberanía interna popular como la soberanía territorial, no una o la otra”. Para Barberena, el “el derecho internacional ha perdido su capacidad de restringir y limitar el poder, no solo frente a los gobiernos que pretenden reubicarse y reivindicarse hegemónicamente desde una perspectiva imperial como los Estados Unidos, sino también de los regímenes autoritarios como el de Venezuela”.
En ese sentido, advierte que “el derecho internacional pierde la capacidad de limitar los poderes imperiales de las potencias como también de limitar los poderes de los Estados que transgreden los derechos de sus ciudadanos y que pretenden perpetuarse en el poder como Venezuela y Nicaragua. Advierte que existe “una crisis del derecho internacional, de la crisis del orden público y jurídico internacional… Es decir, estamos ante un desorden internacional que prevalece ante esa ineficacia del derecho internacional que potencias como Estados Unidos realizan acciones como las de Venezuela y que responda a sus intereses”, bajo una lógica en la que se autodenominan “protector del Estado y al derecho de tutela”.
Este debate también ha sido respaldado por académicos estadounidenses. “No se puede decir que se trató de una operación policial y luego afirmar que ahora necesitamos gobernar el país”, declaró a la agencia Reuters Jeremy Paul, profesor de la Universidad Northeastern y especialista en derecho constitucional. “Simplemente no tiene sentido”.
En contraste, el profesor Marc Weller, de Chatham House en Londres, explicó a la BBC que los tribunales estadounidenses suelen aplicar la doctrina Ker-Frisbie, según la cual no importa cómo se lleve a un sospechoso ante un tribunal estadounidense: el juicio puede continuar incluso si se produce tras “una intervención armada ilegal o un secuestro”, siempre que el detenido no haya sido sometido a torturas graves durante el proceso, finaliza Weller.
Lo ocurrido en Venezuela expone la tensión entre soberanía, legalidad y poder. La operación anunciada por Estados Unidos vulnera principios básicos del derecho internacional, pero al mismo tiempo revela la erosión del orden interno venezolano: Maduro ha concentrado el poder, secuestrado la voluntad popular y violado derechos humanos de manera sistemática. Como señala Barberena, la soberanía no puede invocarse de manera selectiva: no hay soberanía territorial sin soberanía popular, ni legitimidad internacional sin respeto a los derechos dentro del país. En este cruce, el principal perjudicado sigue siendo el pueblo venezolano, cuyo derecho a elegir continúa subordinado a la lógica autoritaria interna y a las disputas de poder internacionales.