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El doctor en sociología, José Alcázar, asegura que hasta ahora la mayor parte de las sanciones que se han aplicado son las individuales y no afectan de ninguna manera al pueblo nicaragüense. Están dirigidas a los individuos, a los cuales se les prohíbe la entrada a Estados Unidos, se les cancela las visas, se congelan sus activos (si los tenían en EE.UU.) y se les impide las transferencias bancarias. “Toda transferencia, porque todos los bancos nicaragüenses usan como trampolín bancos en EE.UU., y por tanto, estos están inhibidos de prestar cualquier tipo de servicio a las personas sancionadas”, señala. 

Sin embargo, Alcázar explica que las sanciones que podrían afectar al pueblo de Nicaragua, pero golpean al régimen al mismo tiempo, es la no concesión de nuevos préstamos de los organismos multilaterales, sobre todo del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

“Sí, tiene un impacto si se llegan a aplicar, pero otra cosa es cómo lo utilice y lo manipule. Hasta ahora las sanciones no se han aplicado con toda su fuerza, ya que estos organismos han seguido concediendo préstamos al gobierno, al final del año pasado por la pandemia les concedieron préstamos de nuevo”, afirma Alcázar.

El sociólogo, asegura que el régimen está usando demagógicamente una verdad para meter miedo y transferir la culpa que ellos tienen de que se hayan aplicado esas sanciones. Lo que pretenden es no perder de vista que esas sanciones, si son aplicadas o no, con la intención de castigar al Gobierno de Nicaragua de que se le haga inmanejable la situación económica, porque todos los préstamos y ayudas les dan un respiro que les permiten afianzarse y mantenerse en el poder, continúa el especialista. 

En cuanto a la afirmación que realiza Ortega, de que las sanciones violan los derechos humanos, Alcázar explica que éstas han sido aplicadas conforme a un marco jurídico que no ha sido impugnado por violadores de derechos humanos. Son procedimientos que no solo EE.UU. ha implementado, también Canadá, la Unión Europea y Gran Bretaña. Es la aplicación de legislaciones previamente existentes, no están legislando “ad hoc”, no están legislando para la ocasión, sino que ya estaba comprendido en los marcos jurídicos de esos países.

Las personas a las que se les aplica son privadas de derechos. Sí, se les suspende ciertos derechos, pero no ha sido catalogado como una violación a los derechos humanos, es completamente apegado al derecho internacional y al sistema jurídico de los países que están aplicando las sanciones, mismas que han caído después de reiterados informes sobre las violaciones de derechos humanos que se cometen en Nicaragua, informes emitidos por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El politólogo Claudio Hernández afirma que la gran mayoría de sanciones han estado enfocadas en personas específicas que tienen culpa de cometer crímenes en contra de los nicaragüenses. “No puede haber una violación de derechos humanos si las sanciones estuviesen destinadas a coartar alguna libertad de la Carta Internacional de Derechos Humanos”, agrega. 

Hernández recalca la existencia de las tres generaciones de derechos humanos. Hay ciertos derechos humanos (los de tercera generación) que están enfocados en la autodeterminación de los pueblos, la independencia económica y política, a la identidad nacional y cultural, el derecho a la paz, a la coexistencia pacífica, a la cooperación interregional, entre otros. Sin embargo, los derechos de tercera generación no están ratificados por todos los países y la razón es la misma, hay algunos países que no quieren ratificar ciertos derechos porque genera obligaciones internacionales para ellos, además que son menos medibles.