Cada vez que la comunidad internacional sanciona a algún miembro de su familia o de sus funcionarios más leales, Daniel Ortega repite que las sanciones “afectan al pueblo nicaragüense”. También se ha atrevido a decir que las sanciones son “violaciones a los derechos humanos”.
El equipo de Fact-Checking de DIVERGENTES consultó a varios especialistas en el tema, luego de reunir la información necesaria ha clasificado las afirmaciones del mandatario sandinista respecto a las sanciones como engañosas.
Todo inició con el primer sancionado a través de la Ley Global Magnitsky en diciembre de 2017, el artífice del fraude electoral, Roberto José Rivas Reyes, el entonces presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE). Según la ley norteamericana, las sanciones son dirigidas a abusadores de derechos humanos y a actores corruptos en todo el mundo. También, las acciones penalizadas incluyen, entre otras, asesinatos extrajudiciales, torturas y otras violaciones graves de derechos humanos, y actividades ilegales llevadas a cabo por funcionarios de gobiernos.
Desde abril de 2016 la ley se aplica globalmente y autoriza al gobierno de Estados Unidos a sancionar a los infractores de los derechos humanos, congelar sus activos extranjeros y prohibirles entrar al país. En la Ley HR 244, que fue firmada también por el expresidente Donald Trump, la sección 7070 explica que ningún fondo de Estados Unidos debe ir a los países que han reconocido la independencia de Abjasia y Osetia del Sur. Nicaragua, fue uno de los pocos países que reconoció a esa micro nación. De hecho, recientemente el régimen tuvo como único invitado especial en la celebración de este 19 de julio a Kove Daur, el canciller de la República de Abjasia.
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A pocos meses de haber iniciado el estallido social en el 2018, en los primeros días de julio el Departamento del Tesoro anunció sanciones económicas a tres funcionarios por su participación en graves abusos contra los derechos humanos y corrupción. Los sancionados fueron: el comisionado general Francisco Díaz, director de la Policía Nacional; Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua; y Francisco López Centeno, vicepresidente de Albanisa -la empresa creada para hacer negocios petroleros con Venezuela-.
En un acto realizado por el régimen en la conocida Avenida de Bolívar a Chávez el día 22 de septiembre de 2018, Ortega gritó a sus simpatizantes: “El yanqui siempre vive amenazando, a quién no amenaza el yanqui; el yanqui pelea con todo el mundo, a que le van a aplicar a Nicaragua la Nica Act, desde cuando viene diciendo, bueno y si la aplican ¿qué? Aquí tenemos recursos naturales gracias a Dios y tenemos hombres y mujeres trabajadoras para levantar el país como se está levantando en estos momentos”.
De Nica Act a Magnitsky Nica
El proyecto de Ley de condicionamiento a la inversión nicaragüense (Nicaraguan Investment Conditionality Act en inglés) conocida como Nica Act fue impulsado en el año 2016 por los congresistas estadounidenses Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires. Inicialmente la propuesta de ley establecía que los préstamos que gestionara Nicaragua ante los organismos financieros internacionales en los que Estados Unidos tiene influencia, no fueran aprobados.
El 21 de septiembre de 2016, el Congreso estadounidense aprobó por unanimidad la Nica Act. Pero a finales de 2016 esta iniciativa de Ley caducó, debido a la pérdida de vigencia por el cambio de nueva Legislatura en el 2017.
Luego el 20 de diciembre de 2018, la ley fue firmada por el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump. La Ley ya no era la misma presentada inicialmente, ya que es una fusión de la Nica Act propuesta e impulsada por la congresista Ileana Ros-Lehtinen, una enmienda del Senador republicano Ted Cruz y otra del demócrata Bob Menéndez. Además, incluye una colaboración del Senador Marco Rubio dirigida contra los cómplices y allegados del régimen. Resultando en el nombre oficial de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua S. 3233, también conocida como “Magnitsky Nica”.
La legislación ordena sanciones individuales para personeros del régimen, así como condicionamientos de préstamos al Gobierno por parte de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los demás sancionados
Un mes antes de ser firmada la “Magnitsky Nica”, la vicepresidenta Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad de la pareja presidencial, fueron sancionados.
En abril de 2019, fueron anunciadas las sanciones a Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, y al Banco Corporativo S.A. (Bancorp), por ser parte de la red de corrupción del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El 21 de junio de 2019 le llegó el turno a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. Las sanciones incluían a otros tres funcionarios, entre ellos la ex ministra de Salud, Sonia Castro, quien es señalada por organizaciones de derechos humanos de haber ordenado a los hospitales públicos negar la atención médica a los heridos en las manifestaciones de 2018. Los otros sancionados son el exmilitar Óscar Mojica, muy cercano a Ortega, y Orlando Castillo Castillo, el entonces director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
El siete de noviembre de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), anunció que había añadido a tres funcionarios más del régimen a su lista de sancionados por su implicación en “abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción”. Los sancionados fueron: el comisionado general Ramón Avellán, Lumberto Campbell, el entonces presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) y Roberto López, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
En diciembre de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Rafael Ortega Murillo junto a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP Petronic), la empresa de seguridad El Goliat e Inversiones Zanzíbar, por “lavado de dinero y apoyo a la corrupción”.
La Policía Nacional ha sido la primera y única institución pública de gobierno sancionada. Igualmente, ese cinco de marzo de 2020 sancionaron a tres altos jefes policiales: Juan Antonio Valle, jefe policial de Vigilancia y Patrulla; Justo Pastor Urbina, comisionado de Operaciones Especiales, y Luis Alberto Pérez Oliva, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial y director de la prisión de El Chipote, donde algunos alegan que se ha practicado la tortura y violaciones, entre otros abusos.
El 22 de mayo de 2020, el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo, y al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Adolfo Acosta Montalván, “por apoyar al corrupto régimen” de Daniel Ortega.
El 17 de julio de 2020, el Gobierno de los Estados Unidos anunció las sanciones contra Juan Carlos Ortega Murillo, José Jorge Mojica Mejía, Difuso Comunicaciones S.A. y Mundo Digital S.A. por facilitar las actividades corruptas del régimen de Ortega en Nicaragua y beneficiarse con ellas.
En octubre de 2020, se integraron a la lista la fiscal general de la República Ana Julia Guido, el ex asesor privado para Políticas Nacionales, Paul Oquist Kelley y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (Caruna).
El 21 de diciembre de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó en la lista de sancionados al magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Ramiro Aguilar García, así también al diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez y al jefe de la Policía en León, Fidel Domínguez.
Los últimos sancionados son el diputado Edwin Castro, jefe de bancada del oficialista Frente Sandinista y operador político de dicho partido; el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes; Camila Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como Julio Rodríguez Balladares, un exmilitar que dirige el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
El análisis
El doctor en sociología, José Alcázar, asegura que hasta ahora la mayor parte de las sanciones que se han aplicado son las individuales que no afectan de ninguna manera al pueblo nicaragüense. Están dirigidas a los individuos a los cuales se les prohíbe la entrada a Estados Unidos, se les cancela las visas, se congelan sus activos si los tenían en EE.UU. y se les impide las transferencias bancarias, “toda transferencia porque todos los bancos nicaragüenses usan como trampolín bancos en EE.UU. y por tanto, estos están inhibidos de prestar cualquier tipo de servicio a las personas sancionadas”, señala.
Sin embargo, Alcázar explica que las sanciones que podrían afectar al pueblo de Nicaragua, pero golpean al régimen al mismo tiempo, es la no concesión de nuevos préstamos de los organismos multilaterales, sobre todo del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Sí tiene un impacto si se llegan a aplicar, pero otra cosa es cómo lo utilice y lo manipule. Hasta ahora las sanciones no se han aplicado con toda su fuerza, ya que estos organismos han seguido concediendo préstamos al gobierno, al final del año pasado por la pandemia les concedieron préstamos de nuevo”, afirma Alcázar.
Alcázar asegura que el régimen está usando demagógicamente una verdad para meter miedo y para transferir la culpa que ellos tienen de que se hayan aplicado esas sanciones. Según el sociólogo, lo que pretenden es no perder de vista que esas sanciones si son aplicadas o no con la intención de castigar al gobierno de Nicaragua de que se le haga inmanejable la situación económica, porque todos los préstamos y ayudas les dan un respiro que les permiten afianzarse y mantenerse en el poder.
“La aplicación con todo el rigor de las sanciones que han sido aprobadas y de las que pueden venir, que se derivan de la Ley RENACER, es cierto que sí afectarían al pueblo de Nicaragua, la no concesión de préstamos inmediatamente impacta; primero, al gobierno que no podría ejecutar determinados proyectos; segundo, el efecto dominó, seguiría afectando a la empresa privada (incluso del régimen), los empresarios rojinegros, pero lo que sigue es una cadena, como la contratación de albañiles, maestros de obra, carpinteros, electricistas y muchos más que no serían contratados”.
Cabe recalcar que los primeros afectados son sus allegados, los miembros de su camarilla que tienen empresas que venden servicios al Estado y los empresarios que se han asociado a estos grupos. “Lo otro que no dice Ortega es que las sanciones pueden detenerse si él detiene la represión, pero no quiere, él tiene el poder de detener las sanciones, pero él quiere jugar una tercia y ponerse en una posición de fuerza como diciendo: aquí el sector internacional se tiene que resignar a que yo tengo el poder y tienen que ver como llevan la fiesta en paz conmigo”.
“Daniel no mintió totalmente pero no dijo las principales verdades”, finaliza Alcázar.
El politólogo Claudio Hernández recuerda que la ley RENACER no obliga a Estados Unidos a salir del Cafta. “Le limpia el camino al Gobierno Federal, ya sea de Joe Biden o quien sea que gobierne cuando salga la Ley, a sacar de Nicaragua del Cafta, le da luz verde. Estados Unidos no puede sacar leyes muy específicas porque puede tener una consecuencia internacional negativa”, afirma.
¿Violación a los derechos humanos?
En cuanto a la afirmación que realiza Ortega de que las sanciones violan los derechos humanos, Alcázar explica que las sanciones han sido aplicadas conforme a un marco jurídico que no ha sido impugnado por violadores de derechos humanos, son procedimientos que no solo EE.UU. ha implementado, también Canadá, la Unión Europea, Gran Bretaña. Es la aplicación de legislaciones previamente existentes, no están legislando ad hoc, no están legislando para la ocasión, sino que ya estaba comprendido en los marcos jurídicos de esos países.
Las personas a las que se les aplica son privadas de derechos, sí se les suspende ciertos derechos pero no ha sido catalogado como una violación a los derechos humanos, es completamente apegado al derecho internacional y al sistema jurídico de los países que están aplicando las sanciones. Todas las sanciones han caído después de reiterados informes sobre las violaciones de derechos humanos que se cometen en Nicaragua, informes emitidos por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Gonzalo Carrión, presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, también opina que las principales y graves violaciones son las que han estado cometiendo el gobierno de forma sistemática, masivas y graves desde hace más de tres años. “Tienen castigado a todo un pueblo, lo cual ha dejado como resultado crímenes de lesa humanidad, miles de personas lesionadas, más de 100 mil hijos del pueblo en el exilio, cerca de dos mil personas privadas de libertad, del cual más de 140 aún permanecen en las cárceles”, finaliza.
El politólogo Claudio Hernández afirma que la gran mayoría de sanciones han estado enfocadas en personas específicas que tienen culpa de cometer crímenes en contra de los nicaragüenses. “No puede haber una violación de derechos humanos si las sanciones estuviesen destinadas a coartar alguna libertad de la Carta Internacional de Derechos Humanos”, agrega.
Hernández recalca la existencia de las tres generaciones de derechos humanos. Hay ciertos derechos humanos (los de tercera generación) que están enfocados en la autodeterminación de los pueblos, la independencia económica y política, a la identidad nacional y cultural, el derecho a la paz, a la coexistencia pacífica, a la cooperación interregional, entre otros. Sin embargo, los derechos de tercera generación no están ratificados por todos los países y la razón es la misma, hay algunos países que no quieren ratificar ciertos derechos porque genera obligaciones internacionales para ellos, además que son menos medibles.
Los derechos de tercera generación a menudo se encuentran en acuerdos que se clasifican como “ley blanda”, lo que significa que no son legalmente vinculantes. Algunos ejemplos de estos acuerdos incluyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. Esta generación de derechos se cuestiona con más frecuencia que la primera y la segunda generación, pero cada vez se reconoce más a nivel internacional. Estos derechos comenzaron a ganar reconocimiento como resultado de “la creciente globalización y una mayor conciencia de preocupaciones globales superpuestas” como la pobreza extrema.
No obstante, Hernández no cree que sea una violación de derechos humanos que vaya a destruir la estabilidad económica o la identidad del país, ya que es una respuesta consecuente a las acciones de Daniel Ortega. “Estados Unidos está utilizando todos los métodos disponibles en su arsenal para tratar de evitar que Nicaragua se vuelva otra Venezuela y tratar de encaminar al país de regreso a la democracia”, afirma. “El régimen siempre contará una narrativa que les convenga. Ellos saben que les conviene mantener el discurso interno de que ellos son víctimas y no victimarios”, finaliza el politólogo.