Entre enero y diciembre de 2022 en Nicaragua se registraron 703 casos de violaciones a la libertad de prensa, cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, siendo el abuso del poder estatal, las agresiones y ataques, así como el discurso estigmatizante del oficialismo, los principales mecanismos de represión, revela el último informe anual presentado este lunes por la red regional de organizaciones de la sociedad civil de América Latina Voces del Sur.
El organismo regional aclara que los casos serían más si se toman en cuenta las denuncias de las víctimas que prefirieron no documentar los ataques por temor a las represalias que pudiera tomar el régimen no solo contra ellos sino contra sus familias. De hecho, el estudio revela que después del primer semestre del año, donde se documentó el mayor número de casos, estos fueron disminuyendo por el temor de las personas a denunciar las agresiones.
“La disminución de casos en los últimos meses de 2022 debe ser tomado como una referencia del recrudecimiento de la violencia y la amenaza que el Gobierno de Daniel Ortega, junto a sus fuerzas de choque, ha implementado en el país para intentar que cesen las denuncias de las violaciones a las libertades fundamentales que se registran”, señala Voces del Sur.
De acuerdo al informe, del total de agresiones cometidas durante ese año, 86 fueron contra personas naturales, que representa el 57.8% de los casos y 63 fueron cancelaciones de personería jurídica, equivalente a un 42.2 %. De las víctimas, 48 son hombres, 37 son mujeres y uno de la comunidad LGBTIQ+.
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Aunque la mayoría de los ataques se perpetraron contra periodistas hombres, el organismo regional se mostró preocupado porque los registros documentados revelan que el riesgo de las mujeres proporcionalmente es más alto que en el caso de los comunicadores varones. Menciona el caso de la periodista Kalúa Salazar, Yahaciela Barrera y Tania López, quienes reportaron más agresiones durante el 2022.
Las entidades estatales fueron identificadas como las principales causantes de agresiones, con 639, seguidas de las “paraestatales” (31), no identificadas (22), y no estatales (11).
Según Voces del Sur, este patrón de represión implementado por la dictadura representa un indicador de que la práctica del periodismo en Nicaragua es una profesión de “alto riesgo”, en la que desde las esferas gubernamentales se busca silenciar a los periodistas que continúan informando y venciendo la censura.
Para José Ulloa, integrante de este organismo, el informe anual lo que revela es que la prensa independiente en Nicaragua todavía se encuentra en una “etapa gris” para ejercer su trabajo con libertad, debido al constante acoso, asedio e intimidación por parte del oficialismo.
“Durante todo este año (2022) hemos visto esa trayectoria desde las diferentes esferas de la gestión estatal, de ese discurso estigmatizante, poniendo o queriendo poner a la prensa independiente como un enemigo de la gestión estatal”, lamentó Ulloa.
Exilio de periodistas y medios cerrados
El informe también da cuenta de que un total de 93 periodistas independientes se vieron obligados a huir de Nicaragua debido a la persecución, hostigamiento y la falta de espacios para trabajar. Según Voces, con la última ola de exilio, ya suman 178 hombres y mujeres de prensa obligados a desplazarse por razones de seguridad desde abril de 2018, cuando estallaron las manifestaciones contra el régimen Ortega-Murillo.
A estos casos se suman otros cuatro comunicadores que fueron impedidos de entrar al país por órdenes de Migración nicaragüense. Voces del Sur menciona el caso en específico del periodista Luis Felipe Palacios, delegado de la agencia EFE de Noticias en Nicaragua, a quien se le prohibió entrar al país en noviembre pasado, después de un viaje de trabajo en Panamá.
El organismo también documentó que 13 periodistas o personas asociadas a los medios de comunicación continúan encarceladas en Nicaragua, de las cuales, nueve ya fueron condenadas con sentencias entre los 7 y 13 años de prisión, mientras otras cuatro todavía enfrentan procesos judiciales.
“Lo positivo de esto es que, a pesar de todo ese entorno adverso, todavía hay periodistas que, desde el exilio, y desde diferentes plataformas, se han reinventado para seguir llevando información veraz, oportuna y verificada a sus diferentes audiencias”, destacó Ulloa.
Asimismo, la represión gubernamental dejó en el 2022 al menos 31 medios de comunicación de corte comunitario y católicos censurados, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), siendo el principal órgano estatal encargado de consumar los cierres de medios.
El informe destaca que agosto fue el mes en el que se registró el pico más alto de clausura a medios católicos y comunitarios, sin embargo, aclara que el cierre de medios fue un patrón que se sostuvo en el transcurso de 2022.
“Hasta diciembre de 2022 la cifra de medios confiscados y allanados por efectivos de la Policía asciende a seis, entre los que se enumeran el diario La Prensa, Confidencial, 100% Noticias, la Trinchera de la Noticia, Radio Vos de Matagalpa y Radio Mi Voz de León”, concluye el informe.