El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de sus aparatos represivos, ejecutó en los primeros ocho meses del año el cierre de al menos 30 medios de comunicación independientes, la mayoría de corte religioso y comunitario, alertó este lunes la organización Voces del Sur, cuya red regional muestra preocupación por el incremento de violencia contra periodistas independientes y espacios informativos. Con esta ola represiva varios comunicadores se vieron forzados al exilio, señala el organismo en su informe.
Entre los medios censurados están 27 radios y tres canales de televisión, detalló Voces del Sur en su informe correspondiente a agosto. A estos cierres se suman cinco noticieros locales, uno nacional y cinco programas de opinión obligados a suspender sus agendas por la persecución gubernamental.
“Es necesario detener la cancelación de licencias de medios de comunicación católicos como represalia a las diferencias con la Iglesia Católica de Nicaragua. Es obligación del Estado mantener separación de poderes e imparcialidad en cada una de sus instancias, dependencias y gestiones que realice”, dice el informe del organismo regional.
El régimen inició la nueva oleada represiva contra medios de comunicación en los dos primeros días de agosto, cuando clausuró en bloque 10 emisoras pertenecientes a la Diócesis de Matagalpa, dirigida por el obispo Rolando Álvarez, quien, además, fue sacado por la fuerza de la Curia Episcopal en Matagalpa, el 19 de agosto y llevado a Managua bajo el régimen de arresto domiciliario.
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Entre las 10 emisoras católicas cerradas están Radio Hermanos, Radio Santa Lucía de ciudad Darío, Radio Católica de Sébaco, Radio Nuestra Señora de Lourdes de La Dalia, Radio Nuestra Señora de Fátima de Rancho Grande, Radio San José de Matiguás, Radio Monte Carmelo de Río Blanco, Radio Alliens de San Dionisio, Radio Esquipulas y Radio Católica de Waslala.
A través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) ordenó sacar del aire al canal televisivo local RB3 “El Canal de la Zona Láctea”, que se transmitía bajo suscripción en Matagalpa. Su propietario, el periodista David Mendoza se vio obligado a salir de Nicaragua de forma irregular y actualmente se encuentra exiliado en Estados Unidos.
“En agosto el gobierno utilizó a Telcor como institución cómplice para perpetrar los cierres arbitrarios en contra de medios de comunicación. Las resoluciones emitidas por Telcor adolecen de criterios técnicos válidos y contradicen el espíritu jurídico de la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales”, destacó Voces del Sur.
El organismo añadió que en agosto también conoció del cierre de otros cuatro espacios informativos, sin embargo, sus directivos pidieron que sus casos no fueran documentados “para evitar agresiones de parte de personeros del partido de gobierno”.
Violaciones a medios y periodistas
En agosto el organismo regional documentó 72 casos de violaciones a la libertad de prensa asestados por el oficialismo, entre los que se destacan la instalación de un centro cultural en las oficinas de La Prensa y el cierre masivo de medios de comunicación de corte religioso y comunitario. Voces del Sur muestra preocupación por el incremento de violencia contra periodistas independientes.
En el informe, el organismo señaló que, del total de agresiones al gremio, 65 fueron perpetrados contra medios de comunicación y seis contra personas naturales. “Del total de casos registrados, estos cayeron entre 29 víctimas, seis personas naturales y 23 medios de comunicación…”, detalla el informe.
El 23 de agosto pasado la dictadura oficializó el asalto y confiscación de las instalaciones del diario La Prensa, al enviar a su aparato propagandístico a dar cobertura al “acto de instalación del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho” en la sede de ese medio de comunicación.
Voces del Sur destacó que estas cancelaciones de licencias de medios y confiscación de edificios son “nuevos y viejos” métodos que el régimen Ortega-Murillo ha implementado en diferentes etapas con el objetivo de implementar la “censura absoluta” en el país.
“Esta medida se suma a las ya realizadas a los medios de 100% Noticias y Confidencial; además es similar al despojo realizado a organizaciones de sociedad civil a las que les fueron canceladas sus personalidades jurídicas. Asimismo, deja en evidencia que el gobierno mantiene intactas sus convicciones confiscatorias que ha practicado en otras etapas en las que ha ejercido el gobierno”, apuntó Voces del Sur.
Por último, la red regional alzó su voz por las personas secuestradas por la dictadura y que presentan deterioro en su salud. Mencionó al comentarista Jaime Arellano, el cronista deportivo Miguel Mendoza y el gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, estos dos últimos exhibidos públicamente por los medios oficialistas.
“Las autoridades gubernamentales deben recordar que el periodismo y los medios de comunicación no se extinguirán pese a las presiones y ataques. Las violaciones a sus derechos solamente ubican a las autoridades estatales en la lista de gobiernos antidemocráticos y violadores de derechos humanos…”, señaló Voces del Sur.
“Apagón informativo”
El 9 de septiembre pasado la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), documentó que entre julio y agosto el régimen cerró al menos 34 espacios informativos, “lo que ha dejado en el desempleo a 107 colaboradores entre ellos: periodistas, controlistas y administradores”.
“Tanto julio como agosto han sido sumamente cruentos para hombres y mujeres de prensa, muestra de esto es que solamente entre el 4 y 11 de julio, 10 periodistas sufrieron allanamiento a sus hogares, amenazas e intimidación”. Sumado a ello el arresto arbitrario contra dos colaboradores de La Prensa, registró PCIN.
Los métodos de agresiones implementados por el oficialismo, según la organización periodística, figuran amenazas e intimidación, abuso del Poder Estatal, desapariciones forzadas, agresiones físicas, lenguaje estigmatizante, restricciones en el acceso a la información y dos procesos penales.
“Estas mismas agresiones son las que en el mes de julio provocaron el exilio de 23 periodistas del país y de una sala de redacción completa”, añadió PCIN en referencia a la salida masiva del personal de La Prensa en julio pasado.