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Un sufrimiento inaceptable

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las nicaragüenses lo vivimos en un país donde esta violencia, no solo es un problema doméstico, sino una política de Estado. 

Mientras el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se las ha ingeniado para que Nicaragua aparezca como el quinto país más paritario en las estadísticas mundiales, la realidad que vivimos en el país dista mucho de parecerse a esas estadísticas. Basta mencionar que, a la cabeza del Estado, como vicepresidenta-esposa del presidente, tenemos una mujer que alcanzó su cuota de poder gracias, en gran medida, a la complicidad al defender y ponerse al lado de Ortega en contra de su propia hija. En 1998, Zoilamérica Narváez, hijastra de Ortega lo acusó de abuso sexual. Murillo lo salvó del escándalo.

Es un dato importante para comprender la mentalidad que priva en los más altos niveles del país; una mentalidad que carece de ética y de empatía, y que se ha tornado en un verdadero abuso generalizado. Se instrumentaliza a las mujeres atribuyéndoles un poder del que carecen, en un sistema donde el poder absoluto es manejado por la pareja presidencial, y se trata con especial crueldad a aquellas que han decidido luchar contra ese poder omnímodo desde la oposición. Es el caso de las trece prisioneras políticas del régimen. Tres de ellas han sido condenadas en relación con las protestas de abril de 2018; ocho están encarceladas en la cárcel de El Chipote y capturadas durante las redadas llevadas a cabo a partir de junio de este año, dos: Cristiana Chamorro y María Fernanda Alemán están detenidas bajo arresto domiciliario. 

La dictadura de Daniel Ortega ha estimulado y exacerbado el tratamiento cruel contra las mujeres presas políticas. No sólo les cobran su rebeldía ciudadana; les cobran el ser líderes, ser activas; les cobran su sentido de dignidad. Se les abusa psicológica y físicamente con la mentalidad prevalente de que merecen mayor castigo por dejar su papel pasivo y doméstico o su oficio maternal e involucrarse en “asuntos de hombres”.

Es así como a las que son madres se les impide comunicarse o ver a sus hijas y se les enrostra que las hayan abandonado, que sean “malas madres”. Tamara Dávila y Suyén Barahona, ambas madres de niños pequeños, han estado aisladas en celdas oscuras; Tamara ha estado en una celda de castigo sin ventanas. Ambas son, además, igual que Ana Margarita Vijil y la comandante guerrillera Dora María Téllez, héroe de la lucha antisomocista, dirigentes de Unamos. A todas ellas, lo mismo que a Violeta Granera, dirigente de la Coalición Nacional, se les ha negado, por cinco meses, acceso regular a sus familias y comunicación con sus abogados. 

Todas han sufrido períodos de aislamiento. Deben dormir en una colchoneta de plástico, en el frío nocturno de las celdas. Se les ha prohibido a los familiares llevarles cobijas, almohadas o comida. Las raciones de comida son tan pobres que todas han perdido peso, y al no salir al sol están pálidas y debilitadas. Algunas celdas pasan con la luz encendida día y noche, carecen de un libro que leer o un papel para escribir. Violeta Granera sufre problemas dentales que le están impidiendo comer. A todas estas prisioneras las interrogan varias veces al día a cualquier hora. 

La tortura de apenas comer, pasar frío, ser maltratadas verbalmente, los constantes interrogatorios, la oscuridad o las luces permanentemente encendidas, las visitas familiares vigiladas, sin privacidad, son producto de la mentalidad despiadada de un poder dictatorial que usa métodos sofisticados de ablandamiento y deshumanización de los prisioneros; métodos todos violatorios de los derechos humanos. 

A esto hay que añadir el hostigamiento y asedio que han sufrido en el país las defensoras de derechos humanos. Previo a las elecciones del siete de noviembre, se registraron 102 agresiones en contra de 41 defensoras de derechos humanos. A ocho oenegés feministas se les canceló su personería jurídica; a una mujer española que llevaba 37 años de trabajar en una de ellas y vivir en Matagalpa, se le canceló su residencia. De un día a otro fue despojada de su patria adoptiva sin razón.

Este sadismo, esta crueldad, son intolerables; a las mujeres de este país nos duele y nos ofende; es una muestra del oscuro corazón de un régimen que osa llamarse cristiano, socialista y solidario.

Noviembre, 2021.

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