Escribo este artículo a escasos días de las elecciones de Venezuela que se llevarán a cabo este domingo 28 de julio. Todo parece indicar que se pondrá en disputa el poder político que todavía ostenta el chavismo. Asumo la responsabilidad de que puede resultar muy pretencioso escribir y concluir sobre un proceso que está sujeto a la no voluntad popular, que parece que su inclinación marca tendencia en las encuestas a favor del candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, sino más bien a la voluntad política del régimen de Maduro de respetar los resultados y de aceptar la entrega del poder.
También hago la salvedad que las lecciones para Nicaragua, del momento político que en la actualidad vive Venezuela, son con respecto a la oposición política pro-democrática y lo que debería hacer, o bien, no hacer. No es con respecto al régimen político autocrático, pues a estas alturas, en Latinoamérica, la dictadura de Daniel Ortega es incomparable en cuanto a su configuración totalitaria.
Es importante anotar que el proceso venezolano lleva casi 12 años en estos altos y bajos, tras la muerte de Hugo Chávez. La oposición ha cometido en este lapso de tiempo algunos aciertos y múltiples desaciertos. En 2013 se unieron alrededor de la candidatura de Henrique Capriles y demostró que el chavismo había perdido no sólo su hegemonía, sino la mayoría del respaldo social que durante décadas tuvo. En 2015, la oposición, nuevamente unida, barrió al chavismo en las elecciones parlamentarias logrando una mayoría necesaria para lograr la salida de los presos políticos por medio de indultos, y ejercer control político sobre el ejecutivo. Esto se vio mermado por las constantes interpretaciones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional y por la convocatoria de Maduro a una Constituyente.
Luego de esos aciertos de la oposición vino una cadena de erráticas decisiones que se acompañaron de aplacamientos a las rebeliones populares por parte de la dictadura, mismas que derivaron en la comisión de crímenes de lesa humanidad, según informes de organismos de derechos humanos. Sumado a una danza de inhibiciones propiciadas por Maduro, la oposición puso aún más de manifiesto sus contradicciones internas: desde posturas radicales que en algún momento tuvo María Corina Machado y el mismo Leopoldo López, hasta posiciones moderadas como las de Capriles, que se volvieron irreconciliables. Y así tomaron la fatal decisión de dividirse entre abstencionistas y participantes en la elección de 2018.
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En 2019 vimos la improvisación del gobierno interino al mando de Juan Guaidó. Fue altamente reconocido como legítimo por la comunidad internacional, pero su viabilidad se esfumó con el intento de insurrección militar promovida por el mismo Guaidó y por Leopoldo López a mediados de 2019. Tras el fracaso del interinato y su disolución, parecía que la oposición política venezolana había perdido todo tipo de capacidad de viabilizar una alternativa política contraria a la dictadura de Maduro. Sin embargo, varios factores confluyeron: primero, la reapertura de las negociaciones en Barbados, movidas principalmente por el contexto internacional. Segundo, el levantamiento de sanciones por parte de los Estados Unidos. Tercero, la reivindicación por parte de la oposición de la vía electoral como solución a la grave crisis política y social que vive Venezuela. Y cuarto, la acumulación del capital político de María Corina Machado como líder de la oposición en esta etapa, que fue luego refrendada por las primarias y su amplio triunfo.
Todos estos factores propiciaron que por primera vez en casi doce años en Venezuela exista la posibilidad de una transición a la democracia, más allá de las amenazas chavistas de evitar a toda costa que eso suceda. Y eso solo fue posible porque María Corina Machado entendió que debía tener la suficiente flexibilidad de que a las elecciones había que ir con el candidato que pudiese entrar a la boleta y competir, y que lo importante no es el nombre del candidato, sino el endoso del capital político que tiene Machado a la candidatura permitida, en este caso, la del diplomático Edmundo González.
De esto debe la oposición prodemocracia en Nicaragua sacar varias lecciones, independientemente de lo que suceda el 28J. La primera es reconocer cuál es la principal polaridad y contradicción que existe en un país bajo dictadura y esta no es derecha versus izquierda, ni capitalistas contra socialistas; es o la dictadura o la democracia y para lograr esto último se requería un consenso básico: unirnos para lograr la transición. Luego vendrán los momentos de las luchas particulares.
La segunda lección es reconocer la vía electoral como solución a la crisis, y eso implica saber que iban a tener que competir electoralmente en contra de Maduro, que no había forma de evitar que no fuese candidato y menos aún con el control que detenta de las instituciones. También conlleva asumir las condiciones adversas en las que se desarrollaron las primarias opositoras, la inscripción de candidaturas, la campaña electoral y, muy seguramente, el día de la elección y los subsiguientes actos electorales.
Los nicaragüenses debemos aprender de este elemento en particular porque está demostrado que las improvisaciones no derrocan a las dictaduras, y menos las apuestas en división. Con esto no estoy diciendo que en este momento en Nicaragua existe viabilidad electoral, nada más alejado de la realidad con un sistema electoral y de partidos colapsados y con la totalidad de la dirigencia de la oposición en el exilio, pero ello no implica a que en determinado momento se tome la decisión política de exigir un cambio político por la vía electoral. Demandar para ello condiciones mínimas, entendiendo que la lucha electoral es política y por lo tanto sus condiciones también y estas serán adversas. También esa contienda, en el caso venezolano, está siendo adversa para el chavismo y no solo para la oposición.
La más importante lección es para los altos dirigentes políticos: hay que saber declinar, y eso fue lo que aprendió a hacer María Corina Machado aun siendo la líder indiscutible de la oposición y la persona con mayor posibilidad de triunfo en unas elecciones. Entendió que ella no podía ser candidata, no porque hubiese alguien con más respaldo y legitimidad, sino porque la dictadura se lo había impedido por medio de la interdicción electoral. Pero el problema es más grande que ella, el agobio que viven los ciudadanos venezolanos es más grave y a la vez más importante que quién es el candidato. Eso debemos anotarlo los nicaragüenses, actuar sin miopías, sin pequeñeces, sin egoísmos y dejar de ser ensimismados y comprender que hay un problema más grande que resolver, y es el sufrimiento del pueblo causado por la dictadura.
Finalmente, aún sin poder vaticinar los resultados de este domingo en Venezuela, lo que podemos concluir es que todo indica que el poder político estará en juego, y hay acuerdos a escala global que han propiciado que exista esa posibilidad. Por otro lado, el costo político se le transfirió al régimen chavista: de cometer fraude electoral, la acción internacional, incluida la de sus cercanos como Lula y Petro, seguramente no se hará esperar. Para cerrar, una última cosa: a veces, en casos excepcionales, y en ausencia de democracia, las elecciones no son un fin, sino un medio para generar suficiente movilidad social que es imposible lograrla de otra manera y así lograr el cambio democrático.
ESCRIBE
Juan-Diego Barberena
Abogado, Maestrante en Derechos Humanos. Miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y directivo de la Concertación Democrática Nicaragüense, conocida como Monteverde.