Un proyecto presupuestario aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha generado expectativas sobre un supuesto plazo de 90 días para “una transición política en Nicaragua” que deberá orquestar el Secretario de Estado Marco Rubio. Sin embargo, una lectura de los documentos legislativos muestra que ese plazo no establece una fecha para la salida de Daniel Ortega y Rosario Murillo del poder, ni constituye un ultimátum para que ocurra una transición en ese período, como se ha afirmado en algunos medios de comunicación y redes sociales.
El origen de la discusión es el H.R. 8595, el proyecto de Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados para el año fiscal 2027.
La iniciativa fue presentada el 30 de abril de 2026 y aprobada por la Cámara de Representantes el 15 de julio, con 217 votos a favor y 209 en contra. El 29 de julio fue recibida por el Senado, donde permanece en trámite. Es decir, todavía no ha sido aprobada definitivamente por el Congreso, ni promulgada como ley.
Por tanto, ningún plazo de 90 días relacionado con Nicaragua ha comenzado a correr.
“Es una cosa muy sencilla. Se trata de un appropriations bill, una ley de asignación presupuestaria; en este caso, para seguridad nacional y el Departamento de Estado, es decir, para política exterior. Dentro de ese marco legal, el Departamento de Estado tiene que cumplir con varias obligaciones de rendición de cuentas ante el Congreso, y una de ellas es presentar este informe sobre Nicaragua en un plazo de 90 días”, explicó Manuel Orozco.
La referencia específica aparece en el informe H. Rept. 119-631 del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, que acompaña y explica el proyecto presupuestario.
Bajo el encabezado Nicaragua transition report, el Comité dispone que, “a más tardar 90 días después de la fecha de promulgación de esta ley”, el secretario de Estado debe presentar a los Comités de Apropiaciones un informe sobre los esfuerzos para apoyar una transición democrática en Nicaragua.
“El informe de 90 días a presentar al Congreso frente al desembolso de 15 millones es una formalidad sobre el cumplimiento con la ley, y que los programas aprobados con ese fondo está cumpliendo con los objetivos relacionados con la crisis política de Nicaragua”, insistió Orozco.
El documento establece además los temas que debería abordar ese informe: la restauración de las libertades fundamentales, las instituciones independientes, los derechos humanos y la libertad religiosa; las acciones para reducir la dependencia de Nicaragua de la República Popular China; y las condiciones necesarias para la celebración de elecciones creíbles, libres y justas.
De modo que los 90 días constituyen un plazo para presentar un informe al Congreso, no un plazo para que se produzca una transición política en Nicaragua.
El documento tampoco establece que el Gobierno encabezado por el presidente Donald Trump deba conseguir la salida de Ortega y Murillo en ese período, ni fija una fecha límite para el cambio de Gobierno. Tampoco utiliza ese plazo para ordenar la ejecución de un mecanismo concreto de transición.
Lo que solicita es que el Departamento de Estado dirigido por Marco Rubio informe al Congreso sobre qué está haciendo Estados Unidos para apoyar una eventual transición democrática y cuáles son las condiciones que Washington considera necesarias para ella.
El plazo ni siquiera existe todavía
El propio texto señala que los 90 días comenzarían a contarse “after the date of enactment of this Act”, es decir, después de la promulgación de la legislación.
El H.R. 8595 aún debe atravesar el proceso en el Senado y cualquier diferencia entre ambas cámaras tendría que resolverse antes de que una versión definitiva pueda llegar al presidente para su promulgación. El contenido también puede modificarse durante ese proceso.
Por eso, en este momento no existe una fecha a partir de la cual puedan calcularse esos 90 días.
Si la disposición llega a formar parte de la legislación definitiva, entonces sí comenzaría a correr un plazo: 90 días para que el Departamento de Estado remita el informe requerido al Congreso.
Hay una precisión jurídica adicional, hace notar una fuente cercana a Washington consultada por DIVERGENTES. Aunque la exigencia sobre Nicaragua aparece en el informe del Comité y no literalmente en el apartado sobre Nicaragua del proyecto, el texto aprobado por la Cámara incluye en su sección 7019(e) una cláusula que ordena al secretario de Estado presentar los informes y realizar las consultas requeridas “en la forma descrita en el informe que acompaña esta ley”.
El Servicio de Investigación del Congreso ha explicado que el lenguaje contenido en los informes de las comisiones normalmente no tiene por sí mismo la misma fuerza vinculante que una disposición estatutaria, pero puede adquirir ese efecto cuando la propia ley lo incorpora mediante referencia.
Eso hace relevante la solicitud sobre Nicaragua si el Congreso conserva esa redacción en la legislación definitiva. Pero tampoco transforma su significado: el mandato sería presentar un informe en 90 días, no lograr una transición en 90 días.
En síntesis, el Congreso estadounidense está discutiendo una disposición que busca obligar al Departamento de Estado a explicar su estrategia y sus esfuerzos para apoyar una transición democrática en Nicaragua. Es una señal sobre la orientación que un sector del Congreso quiere imprimir a la política hacia Managua, pero no establece un ultimátum de 90 días para Ortega y Murillo ni una fecha definitiva para una transición política en Nicaragua.
La propuesta de una parte de la oposición
El debate sobre una eventual transición en Nicaragua tampoco es nuevo. En agosto, un sector de la oposición nicaragüense presentó públicamente la propuesta “Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia”, elaborada por un grupo de organizaciones y puesta a consideración de otros sectores opositores, de la población nicaragüense y de la comunidad internacional.
La propuesta opositora plantea una transición de hasta 24 meses, conducida por una Junta o equipo técnico de un máximo de siete integrantes, con facultades ejecutivas y legislativas temporales. Entre sus primeras medidas contempla la excarcelación de los presos políticos, la restitución de derechos civiles, políticos y patrimoniales —incluidos los de los nicaragüenses desnacionalizados—, el retorno seguro de los exiliados y la reorganización del Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral, la Policía y el Ejército.
El plan prevé además la derogación de normas consideradas represivas, la aprobación de más de 24 leyes para desmontar las estructuras autoritarias y la convocatoria, a los 180 días de iniciada la transición, de una Asamblea Nacional Constituyente de 60 miembros. Esa Asamblea tendría hasta nueve meses para redactar una nueva Constitución, que después sería sometida a referéndum.
Las elecciones generales se realizarían en el mes 22 del proceso y la transferencia del poder a las nuevas autoridades en el mes 24. Los integrantes de la Junta y de la Constituyente no podrían postularse en esas primeras elecciones.