Siempre me habían parecido fútiles esas discusiones en las que se intentaba establecer qué dictador nicaragüense ha sido más maligno. En específico ese paralelismo obligado entre la dinastía somocista y la dinastía Ortega-Murillo. Evitaba enroscarme en hitos comparativos porque, creo, que cada dictadura aflora en un entorno histórico específico y las atrocidades que cometieron –y siguen cometiendo– duelen por igual a sus víctimas. Compararlas, me parecía, era frivolizar los dolores impunes en nuestro país. En materia de derechos humanos, me niego a validar eso de que un dolor duele más que otro, estando claro que cada crimen merece una tipificación penal o civil distinta. Sin embargo, a raíz de la abyecta progresión de la represión desde el año 2018, creo que los actuales copresidentes sí se merecen, con creces, ganar la comparativa. 

Aparte de sus incontables muertos y de las heridas infligidas a todo aquel que los adverse, me atrevo a decir que en la historia reciente de Nicaragua nadie había destruido de forma tan superlativa el Estado y sus columnas republicanas para perpetuarse en el poder de una forma tan insospechadamente grotesca como los Ortega-Murillo. Pido disculpas por los tan, pero es que son tan necesarios… 

Después de los disparos letales, los 356 asesinados de 2018, la profanación de las tumbas de las víctimas de abril, las carceleadas con torturas, violaciones, desapariciones, exilios, desnacionalizaciones, confiscaciones, la persecución religiosa, la clausura de universidades y organizaciones civiles, el destierro de la prensa, el Poder Judicial convertido en escribanía de la pareja gobernante, las purgas internas, la represión transnacional, el expolio indígena, la copresidencia impuesta por decreto y la hilera de fraudes electorales, los Ortega-Murillo volvieron a cruzar otro rubicón en su afán rabioso de poder sin fin de corte macbethiano, al enarbolar ahora la pretensión de eliminar las elecciones en Nicaragua.

El “aquí no volverá a haber elecciones” que pronunció el caudillo sandinista en la Plaza de la Fe el pasado 19 de julio no solo sacudió al mundo. Volvió a instalar esa incredulidad que desgaja: los Ortega-Murillo siempre cruzan fronteras que ni sabíamos que existían, siempre encuentran una convención más que violar, un límite moral, político o de derechos humanos que todavía no habían traspasado. La pretendida abolición de uno de los derechos más esenciales y básicos de toda democracia como las elecciones (incluso en dictaduras como la de los copresidentes, que ocupan los votos como simulación para validarse) cabreó a las mismas bases sandinistas. Supone un hito que ni Somoza se atrevió a dar. 

En Nicaragua, tantos simpatizantes sandinistas y ciudadanos hablan en voz baja sobre este anuncio que los descalabra, porque confirma a tope la radicalización de un régimen familiar, decidido a confrontar las presiones internacionales, en específico las de Estados Unidos, que lleva años exigiendo elecciones libres y auditables. Pero peor aún, sepulta las ruinas de la democracia, y las esperanzas nacionales de un cambio político pacífico a través del voto. De alguna forma, el régimen copresidencial ha escuchado ese malestar y, a través de la propaganda, ha intentado matizar lo dicho con piruetas lingüísticas entre “no volverán a ver elecciones” y “no volverán a haber elecciones”, que es lo que realmente dijo Ortega.

Pero lo cierto es que la leal Asamblea Nacional sandinista ya empezó este 22 de julio los trámites para dar cabida legal al deseo del dictador. Inhabilitar para siempre a los partidos políticos y opositores (casi en su totalidad desterrados), y con ellos la alternancia política. No es que Nicaragua tuviera alternancia política, porque desde 2008 los Ortega-Murillo han venido concretando fraudes electorales descarados y elecciones sin competitividad. Muestra de ello son las de 2021, cuando todos los precandidatos opositores fueron arrestados. Lo más grave que supone este cambio es lo superlativo del asunto, aparejado con la consolidación de un poder de pareja que se sostiene en el terror, principalmente, y elementos del ambiente que permiten una macroeconomía funcional, aunque la pobreza siempre amanezca allí como el dinosaurio de Monterroso.

La gran incógnita, por ahora, es de qué tipo de legalidad van a dotar la abolición de las elecciones. En ese sentido, los Ortega-Murillo son muy creativos. Ya impusieron la copresidencia, una figura inédita en el mundo. Los analistas políticos apuestan por dos vías, que el régimen podría suspender las elecciones mediante una reforma constitucional o convertir a la Asamblea Nacional en una Asamblea Constituyente, sin convocar a nuevos comicios, para autoadjudicarse el plazo que deseen en el poder, quizá hasta la muerte. Esto también le ahorraría a la impopular, pero temida copresidenta Murillo un trámite sucesorio que pase por las urnas. Pero, en todo caso, un régimen de partido único que ha sido el viejo anhelo del caudillo sandinista.

Aunque eso, desde una racionalidad política no disparatada y no dada al superlativismo como la de los copresidentes, podría interpretarse como una provocación directa a Estados Unidos, en un contexto en que la administración de Donald Trump (más que todo Marco Rubio, senadores y congresistas de ambos partidos) ve a Managua como una dictadura que atenta contra la seguridad de Washington. De modo que los analistas más ponderados apuestan que los Ortega-Murillo van por un centralismo democrático chino. Un sistema en el que el Partido Comunista concentra el poder y decide internamente quién asciende y quién gobierna. 

Si ese fuera el caso, como mencionan dos analistas políticos exiliados (Juan Carlos Gutiérrez y Eliseo Núñez), incluso hasta con China sería diferente, porque en Pekín hay un partido, una nomenclatura que decide. Mientras que en Nicaragua –a pesar de que se dice que “el pueblo es presidente”–, no existe ninguna nomenclatura sandinista que toma decisiones como en la revolución de los ochenta, sino que todo se concentra en la pareja copresidencial. Nada, pero absolutamente nada, se decide al margen de Ortega y Murillo. Lo que existe son operadores obedientes, sin capacidad de tomar decisiones autónomas so pena de cárcel. 

Y ese estilo autoritario marital es una diferencia clave con la China actual porque, irónicamente, termina siendo hasta una especie de halago al sistema chino visto desde este prisma comparativo. Por el contrario, lo que plantearía un modelo estilo chino, pero con la impronta copresidencial, sería algo más parecido a la vieja China roja, cuando Mao gobernaba de la mano de su Madame, Jiang Qing.

Gustavo Porras, presidente del Parlamento sandinista, ha dicho que resolverán el estorbo de las elecciones en unas dos semanas. Mientras tanto, el contexto regional (y mundial), marcado por Estados Unidos, es seguido de cerca por los copresidentes desde su búnker en Managua. Si después de la captura de Nicolás Maduro con Cilia Flores en Caracas los Ortega-Murillo optaron por colaborar de manera silenciosa con Washington en materia de narcotráfico, desarticular el trampolín migratorio por Managua y recibir vuelos con deportados, la administración Trump ha seguido sancionando a funcionarios sandinistas y exigiendo, tanto en público como en contactos informales con funcionarios del régimen copresidencial, elecciones libres para noviembre de 2027.

Pero el atarantamiento de la administración Trump con Irán y otros problemas causados –tanto a lo interno como externo de Estados Unidos por su bravucona forma de gobernar– ha envalentonado a los Ortega-Murillo para atrincherarse este 19 de julio, fecha culmen del sandinismo, cuando se celebró el 47 aniversario del derrocamiento de la dinastía somocista. El anuncio de Ortega sobre abolir las elecciones se dio un día antes de que Marco Rubio dijera que a principios de agosto iniciará un proceso de transición democrática en Venezuela. Aunque tampoco sabemos cómo caminará ese asunto, los copresidentes se anticipan a lo que ya olfateaban, cerrándose en superlativo para evitar, en alguna eventual negociación, “la imposición de un Gobierno yanqui”… o en realidad la salida del poder que acabe con su impunidad.

Pero más allá de todos estos vericuetos políticos, en esencia, creo yo, lo más gravísimo que supone abolir las elecciones es la negativa total de los copresidentes a abrir una alternancia política pacífica en Nicaragua, en especial hacia los opositores desterrados, a quienes antes inhabilitaron de por vida a aspirar a cargos públicos con condenas políticas de traición a la patria. Si bien la oposición política nica sigue torpemente en la desunión, queda claro que el fantasma de una oposición nacional y plural, como ocurrió en las protestas de 2018, sigue atemorizando a los Ortega-Murillo. 

Sin embargo, abolir el derecho al voto y la alternancia política es algo que trasciende a los considerados opositores de toda índole, quienes desde 2023 fuimos despojados de nuestra nacionalidad y privados de todos nuestros derechos civiles y políticos, entre ellos elegir y ser electos. Ahora, a partir del 19 de julio de 2026, se pone en marcha otra era represiva, en la que todos los nicaragüenses también pierden, de plano, el derecho fundamental del sufragio. Ese que en lugares llaman “sagrado”, como en Costa Rica, un país tan cercano a nosotros pero tan lejano en tradición democrática… La diferencia es capital: allí se abolió el ejército, no las elecciones.

Es que la eliminación de las elecciones es el corolario de la destrucción (institucional, pero en todos los sentidos también) de Nicaragua por parte de dos ancianos represores que, recordando a Macbeth, están tan metidos en un río de sangre que volver atrás sería tan difícil como seguir adelante. De modo que sólo conservar el poder, aunque eso implique siempre cometer otro crimen más, es lo que los satisface y garantiza no acabar juzgados por crímenes de lesa humanidad. En síntesis, esta bestia bicéfala (vestida de raro copresidencialismo) es lo más maligno que los nicaragüenses han sufrido en su historia moderna.