Un equipo de académicos publicó un estudio en la sección editorial de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, que concluye que Nicaragua es un narcoestado.
Según los especialistas, esto se explica por “el papel organizador del Estado (de Nicaragua) en el tráfico de drogas, a través de sus instituciones y de sus altos funcionarios políticos”.
Es decir, en este país el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo controla el tráfico de drogas, según la tesis de los investigadores.
La investigación se titula “Desmontando el mito del excepcionalismo nicaragüense: el crimen, las drogas y la economía política de la violencia en un narcoestado”. Los investigadores advierten que el narcoestado en Nicaragua, es altamente eficiente y enraizado.
Recibe nuestro boletín semanal
Además, añade que es poco probable que pueda ser desmantelado en el corto plazo. Incluso, un retorno a la democracia podría significar un quiebre del control del Estado sobre el narcotráfico, y esto “puede desencadenar nuevas formas de violencia”.
El estudio fue publicado en conjunto por Julienne Weegels, profesora asistente de Estudios Latinoamericanos, el Centro de Investigación y Documentación Latinoamericana (CEDLA), y de la Universidad de Ámsterdam; Dennis Rodgers, profesor del Centro de Conflictos, Desarrollo, Consolidación de la Paz y del Instituto de Posgrado de Estudios Internacionales y de Desarrollo, de Ginebra; y José Luis Rocha, investigador asociado de la Universidad Centroamericana (UCA) “José Simeón Cañas”, de El Salvador.
Los tres académicos e investigadores involucrados en el estudio tienen amplia experiencia estudiando la violencia de las pandillas y el tráfico de drogas en Nicaragua. Durante varios años, hicieron estudios etnográficos en diferentes barrios de Managua, y entrevistaron a prisioneros y exprisioneros en tres instalaciones penitenciarias en todo el país, los cuales describieron cómo funciona el tráfico de drogas.
Policías reclutan traficantes para “trabajar” en conjunto
Para explicar cómo la corrupción se ha institucionalizado, a tal punto que algunos agentes de policía buscan establecer una relación de trabajo con los traficantes de droga, el estudio cita una entrevista a un traficante de Managua, con el seudónimo “Ronnie”, quien dice que después de que fue arrestado, el oficial que lo atrapó le dijo: “¿Por qué no vienes a trabajar con nosotros?”.
“Hay un tipo en tu calle que trabaja con nosotros, que nos lo cuenta todo. ¿Por qué no lo haces (también)? Te pagaremos, en lugar de que nos pagues a nosotros. Es mejor, porque de lo contrario vamos a tomar medidas enérgicas contra ti, te irás a prisión durante mucho tiempo”, habría expresado el agente “Ronnie”.
Otro de los traficantes citados en el estudio dijo que, después de ser capturado, los policías lo interrogaron para que revelara el nombre de su proveedor, “para establecer una relación de trabajo con ellos”.
El traficante dijo que “la Policía sabe que donde hay un puchito, hay una onza, y donde hay una onza, hay un kilo, y ahí es donde se pone interesante, porque donde hay un kilo, hay varios kilos más, y quieren entrar en eso”.
Investigadores advierten “corrupción sistemática”
En 2015, una investigación de la profesora Julienne Weegels, coautora del estudio, señaló la corrupción sistémica de funcionarios estatales en la cadena de justicia penal de Nicaragua.
Weegels habló con exprisioneros que en la mayoría de casos fueron condenados por delitos de tráfico de drogas. Estos señalaron cómo agentes de policía solicitaron sobornos a cambio de retirar los cargos o, cuando eso no era posible, fueron los fiscales de distrito o los jueces locales, quienes aceptaron o exigieron sobornos a cambio de su liberación o por sentencias menores.
La investigación se apoya en diferentes casos publicados por los medios de comunicación, en los que se ha puesto de manifiesto el vínculo entre el Estado nicaragüense y el tráfico de drogas.
Por ejemplo, el ataque contra el narcotraficante nicaragüense Henry Fariñas, en el que murió el cantante argentino Facundo Cabral en 2011, reveló la relación que Fariñas tenía con el comisionado general de la Policía, Carlos Palacios, quien era mano derecha de la entonces jefa de la Policía, Aminta Granera.
Este caso, además, descubrió cómo el Consejo Supremo Electoral (CSE) entregó cédulas de identidad nicaragüenses a conocidos traficantes de drogas.
Otras publicaciones han informado cómo Nicaragua libera el mayor número de narcotraficantes condenados cada año, en comparación con otros países de Centroamérica.
En 2010, un cable de Wikileaks sugirió que el Frente Sandinista recibía dinero de traficantes internacionales para financiar campañas electorales, “a cambio de ordenar a los jueces sandinistas que permitieran que los traficantes capturados por la Policía y el Ejército fueran liberados”.
Nicaragua incluida en lista de países con mayor narcotráfico
El mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluyó a Nicaragua en una lista de los principales países donde se produce o transita la droga en el mundo.
El informe aclara que la presencia de un país en esta lista “no es necesariamente un reflejo de los esfuerzos de su Gobierno contra las drogas o del nivel de cooperación con los Estados Unidos”, esta inclusión pone en entredicho las cifras oficiales sobre el combate al narcotráfico que suelen destacar las autoridades nacionales.
Por ejemplo, Nicaragua fue el que menos droga decomisó en 2021 (4.5 toneladas, en su mayoría cocaína) de las 250 toneladas que se incautaron en todos los países de Centroamérica. Mientras la Casa Blanca señala que Nicaragua es uno de los países con mayor presencia (tránsito o producción) de drogas, la Policía nicaragüense es la que menos incautaciones de drogas realiza en toda la región.
Una investigación de DIVERGENTES reveló que en los últimos cinco años, la Policía aumentó las incautaciones de dinero en efectivo, mientras disminuyó los decomisos de cocaína.
Una fuente vinculada al alto mando de la Policía Nacional reveló en este reporte que esta institución realiza “algunos montajes” de quiebres de dinero y droga para demostrar efectividad ante las autoridades, la población y los organismos internacionales. Mientras que, los millones de dólares que aparecen “abandonados” en diferentes partes del país, “muchas veces son coimas que hace el crimen organizado” a la Policía.
Cuestionan efectividad de la estrategia del “muro de contención”
Una de las principales razones para publicar el estudio fue que los investigadores pretenden desmontar la narrativa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre que Nicaragua es una excepción de la violencia criminal en la región centroamericana.
La versión oficial se apoya en la ausencia de pandillas y organizaciones narcotraficantes transnacionales operando en Nicaragua, y muestra a la Policía Nacional como una fuerza eficiente y profesional. Sin embargo, el estudio propone una explicación alternativa sobre las razones de por qué se da este escenario tan idóneo.
El documento concluye en síntesis que en Nicaragua existe un acuerdo político en torno al narcotráfico que se apoya en la corrupción policial, judicial y “un Estado mafia”.
Los investigadores destacan que “la paz relativa de Nicaragua”, en comparación con los países del Triángulo Norte, se debe principalmente a que el Estado nicaragüense “estableció un acuerdo con actores políticos, empresariales y criminales, en torno al comercio de drogas”. Es decir, “el narcoestado controla el tráfico de drogas que en otros países es terreno de disputa y conflicto entre diferentes actores”.
Un especialista en temas de seguridad nacional —quien pidió el resguardo de su identidad— considera que este estudio, sumado a los recientes informes sobre el aumento del narcotráfico y el alto riesgo de lavado de dinero, demuestran la poca efectividad de las supuestas políticas de seguridad nacional y de lucha contra el crimen organizado internacional, llamado “muro de contención”, por el régimen.
Esta estrategia cuenta con numerosos recursos humanos y de equipos para el patrullaje terrestre, aéreo y marítimo, con bases en cruces fronterizos claves. Suele ser el principal argumento de la dictadura para exigir el retiro de las sanciones estadounidenses en contra de sus operadores políticos y económicos.
Ineficacia del “régimen” en la lucha contra el narcotráfico
El especialista en temas de seguridad considera que el informe de la Universidad de Cambridge refleja “la ineficacia de la estrategia del Gobierno para combatir el narcotráfico” en Nicaragua.
Añade que la estrategia del régimen ha sido reforzar a la Policía en financiamiento y número de efectivos, para tener presencia en todo el territorio nacional. “Esto parece que ha dado un poder discrecional a la Policía para tomar el poder sobre los narcotraficantes en Nicaragua”, dice el experto.
Según los investigadores, el narcoestado de Nicaragua es similar al que hubo en México entre 1930 y el 2000, cuando fue gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que “controlaba estrictamente el Estado, en parte de connivencia con los traficantes de drogas”.
Sin embargo, después que el PRI perdió el poder en el 2000, este control se esfumó y la “violencia explotó”. El número de homicidios aumentó exponencialmente y los asesinatos “performativos se convirtieron en un sello distinto de la sociedad mexicana contemporánea”.