Dos caballos constituyeron la única evidencia. Eso fue lo que la Policía presentó tras el operativo más grande de incautación de dinero al narcotráfico en 2022. La operación inició con un tiroteo, pero no se capturó a nadie ni hubo, que se sepa, oficiales ni delincuentes heridos. Los 2,929,100 millones de dólares fueron hallados en dos sacos color rojo, en Las Tablillas, una comarca remota en la frontera de Nicaragua con Costa Rica.
El operativo ocurrió de imprevisto. El tiroteo empezó pasadas las nueve de la noche del 23 de febrero de 2022. Tres hombres, montados a caballos, dispararon contra una patrulla que les dio el alto. De inmediato, los oficiales persiguieron a los supuestos contrabandistas, pero estos huyeron hacia territorio costarricense, exactamente hacia el cantón Los Chiles. Los caballos quedaron abandonados. Entonces fue cuando un oficial vio que uno de los animales tenía los dos sacos, en los que encontraron el dinero envuelto en 34 paquetes, sujetos por cinta adhesiva transparente. Según la nota de prensa de la Policía Nacional del 24 de febrero del 2022, el peritaje arrojó que los dólares tenían partículas de cocaína. Eran narcodólares.
Las incautaciones millonarias al narcotráfico aumentaron en los últimos cinco años en Nicaragua. Un análisis de datos realizado por DIVERGENTES, con base en las notas de prensa de la Policía Nacional, arroja que entre 2018 y 2021, se han incautado 59,305,421 millones de dólares. Esto significó un aumento de 151% en comparación a lo incautado entre 2007 y 2011, durante los primeros cinco años del gobierno de Daniel Ortega, cuando sólo se decomisaron 23.6 millones.
Si bien, estas incautaciones millonarias han ido en aumento, los decomisos de cocaína han decrecido, una disparidad llamativa en este mismo período de cinco años. De acuerdo a esta investigación, entre 2018 y 2022, la Policía incautó 22.3 toneladas de cocaína, mientras que entre 2007 y 2011 fueron un total de 54.1 toneladas de cocaína. Esto quiere decir que en el último lustro las incautaciones de cocaína disminuyeron en 143%.
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Esa disminución refleja cómo Nicaragua se encuentra rezagada en comparación con el resto de países centroamericanos. En 2021, por ejemplo, de las 250 toneladas que se incautaron en Centroamérica, Nicaragua solo intervino en 4.5 toneladas. Panamá fue el que lideró los decomisos ese año, con 128.7 toneladas de droga, en su mayoría, cocaína.
Estos datos cuestionan la efectividad de la política de seguridad nacional y lucha contra el crimen organizado internacional que suele destacar el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La estrategia, llamada “Muro de Contención”, es una política interinstitucional que, además de contar con numerosos recursos humanos y de equipos para el patrullaje terrestre, aéreo y marítimo desde bases en cruces fronterizos claves, suele ser el principal argumento de la dictadura para exigir el retiro de las sanciones estadounidenses.
Bajo esta estrategia, la Policía Nacional y el Ejército son las principales instituciones responsables de combatir el narcotráfico.“Dentro del hemisferio americano, Nicaragua es una aliada clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, destacó el gobierno de Ortega-Murillo, en una nota oficial difundida el 14 de junio de 2021.
La investigadora nicaragüense en temas de seguridad nacional, Elvira Cuadra, considera que los bajos índices de decomisos de droga en Nicaragua, en comparación con los demás países de Centroamérica, refleja “la ineficacia de la estrategia del gobierno para combatir el narcotráfico”.
Centroamérica es el principal corredor de la cocaína que llega a los mercados estadounidenses, desde América del Sur, atravesando los países centroamericanos y México, por medio de rutas marítimas y aéreas. La investigadora Cuadra dice “es lógico suponer que los narcotraficantes utilicen diferentes vías” para que la droga pase por Nicaragua, en su recorrido hacia Estados Unidos. “Es bien difícil pensar que, por ejemplo, un cargamento de droga va a llegar a Costa Rica y, luego, va a saltar al vacío para ir a caer a Honduras, por ejemplo. Eso no tiene sentido”, explica Cuadra.
Las incautaciones de narcodólares, de acuerdo al análisis realizado por DIVERGENTES, presentan un patrón similar: en la mayoría de casos, sólo se captura a choferes o trabajadores de las casas donde se encontró el dinero. Y, a veces, se realizan decomisos en vehículos que los conductores dejaron abandonados luego de una supuesta persecución policial. De las operaciones no se sabe nada más, es decir, la Policía no revela el destino del dinero incautado, tal como lo establece la Ley 735, de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados.
Otro experto en seguridad nacional, que habló en condición de anonimato, destacó que “lo más preocupante” de las estadísticas es que el narcotráfico “continúa operando y circulando por el territorio nacional”.
Para la investigadora Elvira Cuadra, como no hay desarticulación de los grupos criminales o de las células, “esto genera un interrogante sobre la efectividad policial”. Y se pregunta:“¿Dónde está efectivamente esa estrategia de muro de contención?”.
Una fuente vinculada al alto mando de la Policía Nacional revela en este reportaje cómo la Policía realiza “algunos montajes” de quiebres de dinero y droga para demostrar efectividad ante las autoridades, la población y los organismos internacionales. Además, los millones que aparecen “abandonados” en diferentes partes del país “muchas veces son coimas que hace el crimen organizado” a la Policía, según la fuente de esta institución.
El “corredor de la droga” de Nicaragua se extiende desde las zonas fronterizas del sur, con Costa Rica, por el departamento de Río San Juan; y al norte, por los puestos del Guasaule y El Espino, en la frontera con Honduras, según el último informe presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2022. La ruta también atraviesa la zona norte y el centro del país, por los departamentos de Matagalpa y Boaco, y el occidente del país, por Chinandega y León.
El mapeo de movimientos, realizado por DIVERGENTES, y nuestra fuente dentro de la Policía Nacional, indican que la droga suele entrar por la frontera sur, mientras que el dinero ingresa por la frontera norte. De los 42 operativos que realizó la Policía el año pasado, 10 se ejecutaron en estos cuatro departamentos, dos de los cuales consistieron en incautaciones de dinero, mientras que los 8 restantes fueron quiebres de droga.
Dentro del territorio nicaragüense, la Policía tiene establecidos puntos de control con unidades de vigilancia estacionarias e itinerantes a lo largo de la ruta vehicular utilizada por narcotraficantes. Generalmente este trasiego se realiza en camiones “comerciales o agrícolas”, asegura la fuente. Desde 2020, se han identificado también varias pistas aéreas ilícitas en la Región Autónoma del Caribe Norte. Sin embargo, este número de pistas es todavía menor en comparación con el de otros países centroamericanos.
Según el análisis de los últimos cinco años, de los 164 grandes operativos que hizo la Policía para incautar droga o dinero, al menos 44 ocurrieron en puestos fronterizos con Costa Rica y Honduras. Es decir, la gran mayoría, el 73% de los operativos, tuvieron lugar en otras partes del interior del país.
Al igual que ocurre con el dinero incautado, el Gobierno de Nicaragua no comparte información sobre los métodos de destrucción de drogas ilícitas incautadas con ninguna entidad estadounidense u otra nacional. Pese a que la Ley 735 obliga a los cuerpos de seguridad encargados a rendir información al respecto, ni la Policía ni el Ejército aclaran el destino del dinero y de la droga decomisada.
En el artículo 43 de la ley, aprobada en 2010 y reformada en 2017, se propone la creación de la Unidad Administradora de bienes incautados, decomisados o abandonados provenientes de actividades ilícitas, que es el lugar donde todo los bienes deben ser entregados por la Policía Nacional, y posteriormente encargarse de la subasta pública dentro de 48 horas.
Una vez que el juez dicta sentencia de culpabilidad en este tipo de casos, como se aborda en el artículo 58, el dinero decomisado, abandonado u obtenido por la venta de bienes en la subasta, debe ser distribuido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), a través de la Tesorería General de la República a distintas instituciones del Estado. Sin embargo, el detalle de esta información no se publica.
De acuerdo a la Ley, el dinero se distribuye “para ser usado única y exclusivamente en programas, proyectos y fines de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como en programas de rehabilitación, reinserción social, elaboración de políticas públicas, coordinación interinstitucional y protección de personas, relacionados con el enfrentamiento del crimen organizado y sus consecuencias”.
En los últimos cinco años, sólo se ha dado información de cuatro furgones marca Freightliner, que habían sido decomisados en operativos y fueron donados al Ministerio de Salud (Minsa), para que fuesen utilizados como clínicas móviles con el fin de atender a la población de los barrios, aunque no especificaron si era en Managua u otro municipio.
En la base de datos, construida por este medio, se revela que no hay información sobre otros 30 cabezales y furgones, con las misma marca y características similares, incautados en los operativos de los últimos tres años, entre otros vehículos decomisados.
En contra de lo que dicta la ley, la Policía no informa sobre la destrucción de la droga que incauta al narcotráfico. No existen subastas públicas, no se sabe el rumbo que toman otros artículos, como armas, vehículos o yates incautados. Y mucho menos, el porcentaje del dinero que se distribuye en las diferentes instituciones del Estado, que es donde debería asignarse.
La opacidad sobre el destino del dinero de los decomisos al narcotráfico es un hábito del régimen sandinista. Ya en 2012, la ministra del Interior, Ana Isabel Morales, dijo que se iban a construir cárceles de régimen abierto— una para mujeres y dos para varones en León y Bluefields— con los 9,2 millones de dólares incautados a unos narcotraficantes mexicanos que se disfrazaron de periodistas de la cadena Televisa. Las cárceles costarían 7,2 millones de dólares. Con los dos millones restantes se comprarían 75 patrullas para la Policía. Sin embargo, no se tienen registros de la construcción de estas nuevas cárceles ni información sobre las compras de las patrullas.
El 11 de mayo de 2022, oficiales de la Policía Nacional detuvieron a David Jonathan López Sánchez, de 35 años de edad, en el barrio Rubén Darío, de Managua. Sánchez conducía un vehículo Hyundai, placa M 177- 006. Al revisar el vehículo, los policías encontraron tres bolsas plásticas color negro con 150 “óvulos” –envueltos en cinta adhesiva– de marihuana. La información de la misma Policía indica que “el delincuente y las evidencias fueron remitidos a las autoridades correspondientes para su debida judicialización”.
Sin embargo, al día siguiente, el 12 de mayo, la Policía capturó al mismo David Jonathan López Sánchez– junto a Harvin Nicomedes Gómez Torrez y Jairo Antonio Talavera Ruiz– en una casa del barrio Buenos Aires, del departamento de Estelí. En esta vivienda encontraron 1,102 libras de marihuana valorada en $110,200 dólares. La droga estaba almacenada en 17 sacos macen de colores blanco y rojo que contenían 933 paquetes de “óvulos” de marihuana.
Lo anterior no se trataba de un error en la información de los nombres que se mostraron en las notas de prensa de la Policía Nacional. Las fotografías publicadas en ambos operativos, por la propia institución, confirman que se trata de la misma persona: David Jonathan López Sánchez
¿Cómo es que este hombre salió libre al día siguiente que lo arrestaron por posesión de marihuana y cayó preso por el mismo delito en un departamento ubicado a más de 100 kilómetros de distancia?
DIVERGENTES llamó a la línea telefónica de la Dirección de Relaciones Públicas de la Policía Nacional para consultar sobre este caso de David Jonathan López Sánchez y sobre el aumento de los decomisos de dinero y la reducción de la incautación de droga en los últimos cinco años. Durante varias semanas intentamos comunicarnos con el responsable de esta área. Sin embargo, nuestras llamadas no fueron atendidas.
Nuestra fuente, vinculada al alto mando de la Policía Nacional, confirmó a DIVERGENTES que la institución “realiza montajes bien planificados para demostrar efectividad ante la población y los organismos internacionales que vigilan el trasiego de droga y dinero”. Para identificar un montaje se debe analizar que las pruebas o que la narrativa tengan respaldo, según la misma fuente. “Probablemente son montajes aquellos casos en los que no hay detenidos, se dice que hay fugados, o cuando se informa que los agentes encuentran cargamentos de droga o de dinero abandonados”, indica.
La fuente señala, por otro lado, que hay ocasiones en que la institución sí realiza operativos aplicando todas las técnicas de protocolo: obtener información relevante para, cuando hay indicios de un cargamento, organizar un equipo para requisas en las principales vías de acceso del país o lugares identificados. “En los puestos fronterizos siempre existe una continua revisión de vehículos y de personas. Aquí, a veces, se trabaja con información que brindan otros países. Aunque, a veces, ocurren quiebres producto de una revisión exhaustiva”, agregó la fuente policial.
Entre 2018 y 2022, la Policía detuvo a 21 personas, en operaciones vinculadas al narcotráfico, pero ningún capo buscado internacionalmente, según la base de datos construida por esta redacción. Los capturados eran choferes o narcotraficantes menores. De 151 operativos en cinco años, en 22 no hubo detenidos. En 12 de ellos, sólo encontraron drogas, en 8 sólo dinero, y hubo 2 casos en los que encontraron droga y dinero. El monto del dinero incautado en los operativos, donde no hubo detenidos, asciende a 9.4 millones de dólares.
El policía que habló con DIVERGENTES explica que la institución suele recurrir a delincuentes que han cometido delitos similares, como en el caso de David Jonathan López Sánchez, para realizar “quiebres falsos”. Los delincuentes salen frente a las cámaras y posan con todas las pruebas y “la institución negocia reducciones de penas con los que aceptan este trato. Siempre es cuidadosa para no presentar a los mismos en las conferencias de prensa”, añade.
Un exfiscal del Ministerio Público, en condición de anonimato, dijo que la Policía irrespeta la cadena de custodia, el levantamiento de pruebas y las inspecciones, además de violentar el artículo 28, que ordena que los registros se realicen en el escenario del crimen. “Existen casos en los que colocan pruebas falsas en los juicios, por ejemplo, pistolas, mochilas, kilos de cocaína, paquetes de marihuana, dinero, para montar toda una escena”, señala. “Esto termina confirmando que varios de los casos son ficticios”.
Otro caso que prueba que la Policía realiza montajes es el de Marlon Sáenz, conocido como el “Chino Enoc”. Sáenz era un militante del Frente Sandinista que criticaba a Rosario Murillo desde redes sociales, y por ello fue arrestado el 18 mayo de 2022. Fue condenado a 12 años y 6 meses de cárcel por los supuestos delitos de transporte ilegal de droga y armas. Sin embargo, estuvo solamente nueve meses presos, porque formó parte del grupo de 222 presos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos el pasado 9 de febrero. Para Sáenz, formar parte de esta lista demuestra que su caso fue político y, por lo tanto, los delitos de narcotráfico y tráfico de armas fueron inventados.
La versión de la Policía indica que capturaron a Sáenz junto a Franklin Salgado Amador, con dos AK-47, un revólver calibre 38 y seis paquetes de cocaína. En el juicio, cinco policías declararon que el arresto ocurrió en el kilómetro 165 de la Carretera Panamericana.
Una vez liberado, Sáenz contó que en realidad fue capturado en una pulpería enfrente de su casa, en Condega, del departamento de Estelí, donde fue a comprar una salsa para cocinar. Dice que de un carro se bajaron policías vestidos de civil para llevárselo a la fuerza, y trasladarlo al kilómetro 165 de la Carretera Panamericana. Sáenz dice que en este sitio había seis vehículos civiles, ya parqueados, y policías, con capuchas y máscaras, que acordonaron el lugar. Luego, lo bajaron enchachado y lo metieron a un carro, en el que estaba, en el asiento delantero, Franklin Salgado Amador, a quien nunca había visto. Salgado le dijo que lo habían capturado un día antes en otro pueblo de Estelí. “Me volvieron a sacar del carro, y frente a mí sacaron de una mochila verde, seis tacos de cocaína y dos fusiles AK, de otra bolsa sacaron dos pistolas y municiones de pistola para tomarnos fotos”, agregó.
Después, Sáenz fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el Chipote, una cárcel donde la Policía mantenía a unos 50 presos políticos en condiciones inhumanas, según han denunciado desde que los liberaron. Ahí también les tomaron fotos a Sáenz y Salgado con las supuestas evidencias: cocaína y armas.“Yo ahora estoy en Estados Unidos porque era un preso político y mi caso fue inventado. Franklin Amador sigue preso en Nicaragua porque es un verdadero narcotraficante”, dice Sáenz.
Desde la rebelión ciudadana ocurrida en abril de 2018, se registra un incremento en los montos de dinero incautados. Las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en marzo de 2020 a la Policía Nacional tuvo un impacto directo en estos movimientos, según los expertos en seguridad consultados.
Antes de la crisis de 2018, la Policía Nacional se presentaba ante los nicaragüenses y la comunidad internacional como uno de los cuerpos de seguridad más eficientes y transparentes de la región. Su modelo “comunitario”, sumado a la “rápida acción” contra el crimen organizado, representaba su mejor carta credencial.
Esa imagen se vino abajo en abril de 2018, cuando la institución se encargó de reprimir y asesinar a cientos de nicaragüenses que protestaban en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A nivel internacional, el apoyo económico disminuyó drásticamente. La Unión Europea suspendió un programa de 10 millones de dólares de cooperación policial con Nicaragua. Y el gobierno de Estados Unidos solicitó la devolución de patrullas policiales que habían sido donadas para combatir el crimen, pero que los oficiales estaban usando abiertamente para perseguir a manifestantes. “La cooperación de Nicaragua con las fuerzas del orden de Estados Unidos es limitada”, apunta el informe del Departamento de Estado.
La sanción de Estados Unidos a la Policía Nacional trastoca los procedimientos administrativos de la entidad, sin ser posible precisar en qué medida. Los expertos han apuntado que ningún banco local tiene relaciones con las instituciones o personas sancionadas.
Otras fuentes policiales confirmaron a este medio que algunos casos de dinero y droga “abandonados” en la vía pública “realmente son pagos que hace el crimen organizado a la Policía por protección”. Por otro lado, la Policía “podría beneficiarse” de las incautaciones de dinero. “Lo que pasa es que ese dinero, que es producto del crimen organizado, una vez que es incautado por el Estado, a través de la Policía, entra a funcionar en las tuberías del sistema financiero y automáticamente se blanquea, como decimos”, dijo la fuente.
Uno de los expertos en seguridad dijo que, en el manejo del dinero incautado, no existe transparencia, “por eso se supone que, a mayor discrecionalidad, mayor corrupción”. El informe del Departamento de Estado constató que “la corrupción gubernamental generalizada, la politización y los actos de represión policial dificultan la efectividad de las leyes penales que abordan el narcotráfico, el lavado de dinero, el soborno, el abuso de autoridad, el tráfico de influencias y la malversación de fondos”.
No existe información sobre la implicación del gobierno o de la dirigencia del FSLN en el narcotráfico. Sólo hay indicios y sospechas.Un ejemplo de la participación del liderazgo sandinista en el narcotráfico es Francisco Sarria, un diputado sandinista que, en 2020, fue condenado y sentenciado a 40 años de prisión por cargos de crimen organizado y asesinato. Sarria dirigía una banda que traficaba drogas desde Costa Rica hacia Honduras, pasando por Nicaragua. Él ordenó y fue partícipe del crimen atroz de Máximo Ríos Orozco, quien era su chofer e integrante de su banda.
Ríos Orozco fue asesinado el 24 de septiembre de 2020 por no entregar 252 kilos de cocaína a la banda de Sarria, que operaba en Chinandega, en el noroccidente del país. En una finca, en Villa El Carmen, en Managua, a Ríos Orozco lo golpearon, lo torturaron y decapitaron. Luego, le cortaron los brazos y las piernas, y las metieron en tres sacos. Sus restos fueron enterrados en la Carretera Vieja a León, donde un campesino encontró el cuerpo y, asustado, avisó a la Policía.
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