“Ahora sí van a cantar”: Dictadura estrena ley para detener 90 días extrabajadores de Fundación Violeta

Walter Gómez y Marcos Fletes quedarán detenidos en el Chipote hasta el 26 de agosto, mientras se desarrolla la investigación por supuesto lavado de dinero contra Cristiana Chamorro. Dictadura estrena reformas a la Ley que les permite mantener detenidos a investigados durante tres meses y sus simpatizantes dejan entrever declaraciones forzadas por la policía. Esta acción fue violatoria porque se realizó en secreto y sin la presencia de abogados.

Cristiana Chamorro y Marcos Fletes (uno de los detenidos) conversan con su abogado antes de entrar a la Fiscalía. Carlos Herrera | Divergentes.

Los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), Walter Gómez y Marcos Fletes, quedarán detenidos durante 90 días mientras se desarrolla la investigación de supuesto lavado de dinero contra la institución que dirigía la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios. Con esta acción jurídica, el régimen del caudillo sandinista, Daniel Ortega, estrenó unas reformas a la Ley 1060 del Código Procesal Penal, aprobadas el tres de febrero de este año, que ampliaron el plazo de detención que era de 48 horas y ahora es de “no menor a 15 días y ni mayor a 90 días”. 

La decisión de trasladar las pesquisas contra estos dos acusados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) responde a que la Fiscalía no ha logrado recopilar evidencias del delito achacado y concretar un caso para abrir juicio contra la precandidata presidencial. En ese sentido, que la policía maneje los interrogatorios es una medida coercitiva extrema, si se toma en cuenta el historial de la DAJ, cuya sede está en el conocido Chipote nuevo. Este órgano policial ha sido señalado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales de malos tratos y torturas para prefabricar evidencias contra opositores. En redes sociales, simpatizantes del gobierno han celebrado las capturas y dejan entrever que Gómez y Fletes “ahora sí van a cantar”, en referencia a una declaración forzada.

Luego de estar desaparecidos y no brindar información a sus familiares y abogados, fue el gobierno quien emitió una nota de prensa reconociendo el secuestro de Gómez y Fletes. La nota de prensa fue firmada por el Consejo de Comunicación y Ciudadanía que dirige la vicepresidenta Rosario Murillo y no por la Fiscalía, en una intromisión de funciones que demuestra por un lado la sumisión del sistema judicial al Ejecutivo Sandinista, y por el otro el control directo sobre este caso que ejerce la pareja presidencial. Según fuentes judiciales, los Ortega-Murillo tienen la urgencia de abrir una causa contra Chamorro, razón por la cual trasladaron parte del proceso a la policía. 

Audiencia en secreto

La Policía de la Dirección de Auxilio Judicial será la encargada de interrogar ahora a los extrabajadores de la Fundación Violeta detenidos. Miguel Andrés | Divergentes.

Tanto Gómez como Fletes estarán detenidos hasta el 26 de agosto de este año. La jueza del Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, Gloria Saveedra, admitió la ampliación de 90 días que solicitó el fiscal del Ministerio Público, Jean Dylan Rivas Falcón. 

“Por la gravedad de los delitos denunciados, por ser el delito de Lavado de Dinero, Bienes y Activos un delito de crimen organizado, existe la probabilidad de que los imputados puedan evadir la justicia y obstaculizar la investigación, por lo cual solicitaba la ampliación a 90 días del plazo de investigación y detención judicial, de conformidad con el artículo 253 bis de la Ley 1060, Reforma y Adición al Código Procesal Penal”, cita la nota. 

Sin embargo, la especialista en Derecho Constitucional, María Asunción Moreno, dijo que esta resolución violó las garantías del debido proceso porque esta audiencia especial de tutela de garantías constitucionales se realizó en secreto y sin la presencia de los abogados de los investigados. “Detener para investigar es una grave violacion de las garantías”, dijo Moreno. 

La desaparición de estos extrabajadores ocurrió en horas de la noche de este viernes. En el caso de Walter Gómez, quien era administrador de la fundación, fue detenido con violencia por un fuerte aparato policial que llegó a su casa en la colonia El Periodista. Mientras que a Marcos Fletes, contador, lo detuvieron paramilitares mientras salía de la organización no gubernamental Cantera. Lo que se sabía hasta en la noche del viernes era que Gómez se encontraba en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), por lo que los oficiales le dijeron a su esposa al momento de la detención; mientras que de Fletes se desconocía su paradero. 

Por esa razón, los familiares y abogados de Gómez y Fletes se presentaron este sábado a la DAJ, pero no fueron recibidos por ninguna autoridad ni tampoco les dieron información. “El objetivo era constatar si se encontraban en estas instalaciones. De acuerdo con la ley, es obligación de las autoridades informar dónde se encuentran las personas detenidas e investigadas y que tengan acceso a su abogados defensores, pero cómo ustedes están viendo no hay posibilidad alguna porque se niegan a recibirnos y al llamado que hemos hecho”, dijo Orieta Benavidez, abogada de Walter Gómez. 

CIDH urgen cesar persecución

Walter Gómez en su segunda citación en la Fiscalía. Carlos Herrera | Divergentes.

Benavidez dijo que desde el 25 de mayo los abogados presentaron recursos de exhibición por amenaza de detención ilegal ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) a favor de los tres investigados iniciales: Cristiana Chamorro Barrios, Walter Gómez y Marcos Fletes, pero estos fueron rechazados, dejando a los imputados indefensos ante la captura que se llevó a cabo el viernes.

María Consuelo Céspedes, esposa de Gómez, dijo que fue a buscar a su esposo a la DAJ por la mañana y al mediodía del sábado, pero no le dieron ninguna información. “Mi esposo siempre ha sido un hombre intachable. Si hoy lo quieren ensuciar, no sé”, dijo Céspedes. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las detenciones de Gómez y Fletes, que se realizaron sin orden judicial, ni información de los motivos de la aprehensión. “Estos hechos ocurren en el contexto de la intensificación de la persecución a personas del ámbito político de oposición en el contexto del proceso electoral en Nicaragua, como lo es Cristiana Chamorro, ex representante legal de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro”, agregó la Cidh, que urgió al estado nicaragüense a “cesar de inmediato la persecución de opositoras y opositores, y a restablecer cuanto antes las garantías democráticas en el país”. 

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