Dictadura secuestra violentamente a dos extrabajadores de la Fundación Violeta

Walter Gómez y Marcos Fletes, exadministrador financiero y excontador de la Fundación Violeta, fueron capturados por tropas especiales de la policía y paramilitares. Gómez fue trasladado a El Chipote y Fletes se encuentra en paradero desconocido. Lo acontecido la noche de este viernes corresponde a un cambio de estrategia del régimen Ortega-Murillo de cara a este caso de presunto lavado de dinero: traspasar la investigación del Ministerio Público a Auxilio Judicial, ya que los fiscales no encuentran indicios del delito achacado.

Walter Gómez, exadministrador financiero de la Fundación Violeta, llegando a su segunda citación en la Fiscalía. Carlos Herrera | Divergentes.

Al caer la noche de este viernes, paramilitares y policías secuestraron a dos exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh): Walter Gómez, antiguo administrador; y Marcos Fletes, excontador. Ambos han sido señalados por el supuesto delito de lavado de dinero el pasado 20 de mayo, junto a Cristiana Chamorro. Días antes, la precandidata presidencial denunció que los antiguos colaboradores eran acosados por “paramilitares”

Previo a que Chamorro confirmara las detenciones, DIVERGENTES informó sobre la captura de Fletes a manos de paramilitares, cuando salía de la organización no gubernamental Cantera. De acuerdo a un testigo que presenció el secuestro, Fletes fue interceptado por civiles armados, quienes lo encañonaron. “A Marcos lo llegaron a traer, pero cuando iba saliendo aparecieron unos civiles y lo encañonaron. Corrió y cayó un poco después de la puerta. Y en la mera esquina estaba un microbus oscuro azul; allí lo montaron. Fue espantoso”, relató el testigo. No se conoce por ahora el paradero de Fletes.

Cristiana Chamorro dio luego una conferencia de prensa y confirmó la detención de Walter Gómez por parte de tropas especiales de la policía. Un contingente de antimotines cerró varias cuadras de la Colonia del Periodista, donde habita el exadministrador financiero de la Fundación Violeta. «Tocaron con fuerza la ventana de su casa, y salió su esposa. Ella le pidió a los policías una orden de allanamiento o captura, pero no le presentaron nada», y en cambio entraron a la vivienda. «Su niño menor salió despavorido al ver esos hombres vestidos de negro», relató la precandidata presidencial.

La esposa de Gómez dijo que los oficiales le dijeron que se presentara la mañana de este sábado a la Dirección de Auxilio Judicial. Lo acontecido la noche de este viernes corresponde a un cambio de estrategia del régimen Ortega-Murillo de cara a este caso de presunto lavado de dinero. Tal como adelantaron fuentes judiciales a DIVERGENTES este jueves, la pareja presidencial están urgidos por abrir un proceso contra Chamorro, pero los fiscales a cargo no han podido encontrar indicios del supuesto delito de lavado de dinero, por lo que valoran trasladar a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) las pesquisas. El traslado tiene cabida legal y le daría un control más directo a la pareja presidencial sobre la investigación debido a la lealtad ciega que les profesa la policía, en especial la DAJ, señalada de fabricar pruebas contra opositores desde 2018.

“Es una venganza contra el legado de mi madre”

Cristiana Chamorro aseguró que las acciones del régimen representan una venganza contra el legado de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien bajo la casilla de la Unión Nacional Opositora (UNO) derrotó a Ortega en las elecciones de 1990. De esta forma, la figura de Barrios le puso fin a la guerra civil que vivía el país entre sandinistas y contrarrevolucionarios. Con su gobierno también se dio paso a una transición democrática. 

“Es una venganza de Daniel Ortega contra el legado de mi madre. Quiere impedir que los nicaragüenses votemos y no haya un traspaso a la democracia”, insistió Chamorro.

Pese a la represión, la aspirante ha asegurado esta noche que mantiene sus pretenciones de ser la candidata a la presidencia que represente a la oposición. “Mi compromiso por servir a Nicaragua no se detiene por una intención del régimen de detenerme”, dijo. Chamorro no descartó que en cualquier momento pueda ser detenida por el régimen Ortega-Murillo. “Todo puede pasar bajo este régimen que no actúa bajo derecho y persigue cualquier expresión de libertad. Puede pasar cualquier cosa, pero eso nos mantiene firmes, y el periodismo valiente se mantiene en primera fila”, agregó.

La fundación que dirigía Chamorro fue fundada en 1997 y desde entonces trabajó temas relacionados con la libertad de prensa y expresión, así como la promoción de un periodismo profesional y ético a través de talleres formativos. La Fundación Violeta fue considerada como uno de los mayores referentes en la defensa de las libertades cívicas. 

Tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, aprobado por un parlamento dominado también por Ortega a finales de 2020, la FVBCh decidió cerrar operaciones para no someterse a dicha norma considerada como una herramienta para perseguir a organizaciones de la sociedad civil. La oenegé nicaragüense clausuró en febrero de 2021. 

Investigación se torna más feroz

A ocho días de haberse iniciado la investigación por supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) que dirigía la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha elevado los atropellos legales contra los citados a entrevistas en el Ministerio Público de Nicaragua. La mañana de este viernes, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, ambos extrabajadores de la Fundación, denunciaron que sus cuentas bancarias fueron congeladas, pese a que ellos fueron citados inicialmente como testigos del proceso y no como investigados. 

Con estas dos, ya son cinco las cuentas que ha congelado el régimen de Daniel Ortega durante la investigación que inició hace ocho días. Todas las cuentas congeladas son de extrabajadores de la Fundación Violeta. Las primeras fueron las de los investigados Cristiana Chamorro, exdirectora de la organización no gubernamental, Marco Antonio Fletes, contador de la organización, y Walter Antonio Gómez Silva, administrador. Arróliga y Medrano denunciaron que como se han negado a declarar sin la presencia de un abogado, la Fiscalía ahora les ha cambiado su condición legal: de testigos a implicados, y por esa razón les han congelado las cuentas.

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María Lilly Delgado, periodista con 28 años de experiencia y corresponsal freelance de Univisión, dijo que su condición de testigo a investigada cambió por la misma razón: se ha negado a declarar sin la presencia de un abogado en las dos entrevistas en las que ha sido citada esta semana (25 y 28 de mayo). Delgado denunció que la fiscal Haydee Ramírez le informó que ahora está siendo investigada “porque existe vinculación por mal manejo de los fondos” de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. 

Sin embargo, Delgado dijo que ella no tiene acceso a los fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ni es trabajadora de la misma. “Mi vinculación con la Fundación ha sido como una capacitadora de la profesión de los medios de comunicación: producción audiovisual y ética periodística”, agregó Delgado. “Yo no sé de malos manejos ni de lavado de dinero. A mí pregúntenme de periodismo profesional, de calidad, del periodismo que busca la excelencia y la ética periodística”, señaló la periodista, que dejó claro que “capacitar no es un delito”.

Irregularidades

La periodista María Lilly Delgado da una conferencia de prensa improvisada al salir de su citatoria. Miguel Andrés | Divergentes.

Tanto María Lilly Delgado como los extrabajadores de la Fundación argumentan que el artículo 250 del Código Procesal Penal señala que “toda persona citada por el Ministerio Público deberá atender el llamamiento,… y podrá hacerse acompañar de un abogado”. Por lo tanto, no permitirles el ingreso de los abogados en las entrevistas lo califican como “una arbitrariedad”. 

Por otro lado, el artículo 34 de la Constitución “otorga el derecho a negarse a declarar”. Sin embargo, “los fiscales hicieron caso omiso al mandato legal y exigían una actuación en contra de nuestros derechos”, según Lourdes Arróliga.

Arróliga y Medrano solicitaron dejar constancia en el acta que debido a esta arbitrariedad jurídica pasaron de ser entrevistados a imputados. Tampoco obtuvieron una explicación de por qué les congelaron las cuentas. Según Arróliga, el fiscal le dijo que no tenía porqué dar explicaciones. Al respecto, el artículo 168 de la Constitución indica que “nadie puede ser sometido a medida cautelar (como la inmovilización de cuentas bancarias) sin la orden de un juez”. Sin embargo, la causa está en proceso de investigación y no se ha convertido en causa judicial.

Desfilan una docena periodistas en la Fiscalía 

El veterano empresario radial Fabio Gadea Mantilla, director de Radio Corporación, llega al Ministerio Público. Miguel Andrés | Divergentes.

Además de María Lilly Delgado, este viernes otros cuatro periodistas comparecieron en la Fiscalía para ser entrevistados, en una semana en la que han sido citadas 20 personas, entre ellas 19 periodistas. Los últimos comunicadores llamados al Ministerio Público fueron Carlos Herrera, fotoperiodista de Divergentes, colaborador del diario español El País y de agencias internacionales. Amparo Aguilar, periodista de Qué Tal Ocotal. Rosa María Blandón, de La Lupa, y Francisco Gadea, propietario de ABC Stereo,  una emisora local del departamento de Carazo. 

Además de los 19 periodistas citados esta semana, hay un comentarista y cinco extrabajadores de la FVBCh. Desde el martes, los reporteros han sido entrevistados por fiscales que les cuestionan sobre su relación con la Fundación y la directiva. 

Carlos Herrera aseguró al salir de la entrevista que las acciones emprendidas contra los periodistas “es un ataque hacia el periodismo en general”, y que “están tratando de involucrarnos en un caso inexistente”. “Aquí van a llamar a todos los periodistas que quieran… van a llamar a los periodistas y medios que han tenido alguna relación con la Fundación”, sostuvo el reportero gráfico.

A diferencia de Delgado, Aróliga y Medrano, a todos los entrevistados les han permitido asistir con sus abogados durante las citas en la Fiscalía. 

Los otros periodistas citados esta semana son los siguientes: Roberto Mora, periodista de ABC Stereo; Argentina Olivas, de Radio Vos; Ludwing Loásiga, quien brindó talleres de formación; Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío; Francisco Gadea, propietario de Radio Stereo Romance; José Adán Silva, director del medio Literal y Paula Smith, representante de Radio La Costeñísima. 

La Fiscalía ha convocado a los “testigos” en dos franjas: entre las 08:00 y 11:00 de la mañana y otra de entre 01:00 a 04:00 de la tarde. Durante las comparecencias se les ha insistido a los entrevistados que dieran cuentas del dinero que “han recibido” de parte de la FVBCh y para qué tipo de acciones han sido utilizados. 

En las oficinas del Ministerio Público ha primado una fuerte presencia policial y de civiles que actúan de forma coordinada con la Policía Nacional. 

El periodista José Adán Silva denunció que luego de la entrevista en la Fiscalía fue detenido a pocos metros del lugar por una camioneta gris con dos policías, flanqueada por motorizados.

“Ortega le tiene miedo a Cristiana Chamorro”

La precandidata presidencial Cristiana Chamorro. Carlos Herrera | Divergentes.

En su monólogo de este viernes, la vicepresidente Rosario Murillo despotricó contra los opositores que “se andan candidateando”, y que según ella han cometido actos de crimen organizado por apoyar los tranques durante las protestas de 2018. “Dicen que van a traer prosperidad. ¡Qué cáscaras! ¿Cómo puede ofrecer prosperidad un matón?”, mencionó.

Las acusaciones del supuesto delito de lavado de dinero hacia la aspirante presidencial Cristiana Chamorro tienen “un fin inhibitorio” para algunos sectores de la sociedad civil que han dado “acompañamiento” a los imputados en la última semana. 

Chamorro cuenta con una popularidad que supera al resto de aspirantes presidenciales en las últimas encuestas. Es hija de la expresidenta Violeta Barrios, quien derrotó a Ortega en las elecciones de 1990 y de Pedro Joaquín Chamorro, periodista asesinado por la dictadura somocista en 1978. Sin titubear, la precandidata presidencial ha dicho que la pareja presidencial le teme a su figura, y por esta razón está siendo acusada de unos delitos de los cuales ella se declara “inocente”.

“Todo esto es parte de las muestras de terror de Daniel Ortega hacia el pueblo organizado y hacia Cristiana. Por esa razón está inhibiendo a candidatos y quitando las personerías jurídicas”, dijo Ana Margarita Vijil, integrante de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), quien ha brindado “acompañamiento” durante estas jornadas.

La aspirante a la presidencia ha tachado el hecho como “una monstruosidad jurídica”. Aseguró que el fin es inhibirla como candidata a la presidencia. “En este momento en que el dictador está demostrando que me tiene miedo, les aseguro que también nos tiene miedo a todos, porque seremos capaces de unirnos y lo derrotamos con el pueblo y junto al pueblo”, dijo la exdirectora de la Fundación, esta semana que fue citada en dos ocasiones.

Este viernes se conocieron los resultados de una encuesta de la firma Cid-Gallup y revelan que Chamorro es la precandidata que mayor chances tiene de ganar la elección con 21%. 

ONU: Cristiana corre el riesgo de ser inhabilitada

En una comunicación este viernes desde Ginebra, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, dijo que Cristiana Chamorro corre el riesgo de ser condenada penalmente y de ser inhabilitada como candidata. “La disolución de los partidos políticos y la apertura de investigaciones penales que pudieran conducir a la inhabilitación de candidaturas, sin el debido proceso, no sólo socava los derechos políticos de las personas que aspiran a ser electas, sino también los derechos de los y las votantes a elegir a las candidaturas de su elección”, agregó Hurtado.

“El continuo acoso a los medios de comunicación independientes restringe el derecho a la libertad de expresión y socava el derecho de la población a ser informada, algo que es crucial en cualquier democracia y en cualquier momento, pero de especial importancia durante un periodo electoral”, dijo Hurtado.

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