Durante las últimas semanas, la diplomacia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha estado llena de un lenguaje que, para algunos exdiplomáticos, es inusual. El tono confrontativo utilizado por el gobierno de Nicaragua ante los cuestionamientos realizados por las cancillerías de varios países, debido a la escalada represiva del régimen, se aleja mucho de los manuales de terminología avalados por las Naciones Unidas, en los que se definen las diferentes tonalidades del lenguaje diplomático.
“Es una estrategia confrontativa, que solamente provocará reacciones más duras de la comunidad internacional, al poner en evidencia una falta total de voluntad política para encontrar una salida pacífica y negociada a la crisis”, analiza Julio Icaza Gallard, exembajador de Nicaragua en las Naciones Unidas.
Las recientes comunicaciones y discursos de la Cancillería del régimen han estado plagadas de adjetivos y descalificaciones que se salen del tratamiento diplomático entre países. Las misivas hacen uso de términos que son usuales en el discurso político de Rosario Murillo, la vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega. En ellas se tacha de injerencia a cualquier país que condene o denuncie la represión del gobierno contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
“Es evidente que la estrategia de confrontación con la comunidad democrática internacional solamente lleva a un mayor aislamiento del régimen”, reitera Icaza.
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Desde “trasnochada” hasta “perorata delirante”
Los exabruptos han quedado evidenciados en varias comunicaciones ocurridas en las últimas semanas. Uno de los más recientes tuvo lugar el 25 de junio, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua “respondió” a las declaraciones “ofensivas” por parte de la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, quien mostró su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua tras la encarcelación de más de una veintena de líderes opositores, incluidos precandidatos a la presidencia, empresarios y un periodista.
“Mostrando una ignorancia atrevida, y una ferocidad impropia para la diplomacia, la señora González se dirige al presidente de un pueblo libre y soberano, con voz de alguacil, sin percatarse en su perorata delirante de trasnochada mandamás que llevamos siglos sin dominio español, además de nunca haber reconocido bondad alguna en esos furibundos crímenes hispánicos, crímenes de lesa humanidad”, reza la carta enviada por la cancillería Ortega-Murillo.
En ella, el régimen asegura que las declaraciones de González, a quien se le tacha de “mandamás”, llevan ausencia de lenguaje y de prácticas diplomáticas. No obstante, la misiva tampoco se queda atrás en obviar esas características. Con palabras como “trasnochada”, y “perorata delirante”, el gobierno se salta todas las normas que deberían prevalecer en la diplomacia.
“Los problemas en Nicaragua no son de orden de telegramas o misivas. Hay un serio problema de respeto de derechos humanos y de organización de un proceso electoral libre, transparente y democrático”, dijo la ministra española al ser consultada sobre la respuesta que brindó el gobierno.
También ante instancias internacionales
Este tipo de tono se ha extendido a los discursos de representantes del régimen en instancias internacionales como las Naciones Unidas. Denis Moncada, canciller de Nicaragua, tachó a Estados Unidos y Europa de “invasores” y “conquistadores” ante el Consejo de Derechos Humanos el 21 de junio, tras la lectura a cargo de Michelle Bachelet, alta comisionada de dicho consejo.
“Nos denuncian, porque las personas que están respondiendo ante la Justicia nicaragüense, son sus tristes y fracasados asalariados, desgraciadamente Vendepatrias de siempre, que han cometido delitos contra la Soberanía, la Independencia, la Seguridad y la Paz en nuestra Nicaragua”, reza un extracto del discurso publicado en los medios oficialistas.
Para Icaza “las expresiones utilizadas por la diplomacia nicaragüense en algunas de las últimas comunicaciones oficiales están muy alejadas de ese vocabulario internacional ya codificado”.
Moncada también ha tildado al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de ser un “agente del imperio”. El canciller nicaragüense ha sido criticado por la oposición y defensores de derechos humanos debido a que es considerado como un funcionario que reparte desinformación en los diferentes organismos en los que Nicaragua se ha pronunciado. Sus comunicados suelen estar cargados con la misma narrativa que utiliza Murillo en sus discursos diarios de mediodía, en los que también ha utilizado epítetos contra las voces críticas del país.
Murillo ha tachado de “peleles vendepatrias” a sus adversarios. Más recientemente, la mandataria ha llamado “tapudos” y “chachalacos” a los periodistas independientes, quienes enfrentan una nueva escalada represiva.
Existen pocos países que se salven de dicha retórica, y cualquier hecho interno ha sido utilizado para tachar de “colonialistas” a los países que han sido críticos con la situación que atraviesa el país. Más recientemente, en Canadá se encontraron tumbas con cuerpos de niños indígenas en antiguos internados que han causado indignación internacional. Sobre los hechos, Murillo dijo que eso reflejaba un “racismo profundo”, “prácticas de dominio, de exterminio, prácticas que son crímenes de odio, prácticas aberrantes, inhumanas, humillantes, crueles, y degradantes”.
“En contraste con esas prácticas canadienses inmorales y absurdas, nada lejanas del nazismohitleriano, en Nicaragua bendita, que tanto se atreven ellos a juzgar y condenar, aquí vive Dios, como sol fraternal de buena voluntad, un sol que nos ilumina, y que nunca declina”, dijo la vicemandataria en una de sus intervenciones diarias.
Seguido de la intervención de Murillo, la Cancillería de Nicaragua envió un comunicado en que se aseguró que “ese país, sus gobernantes y sus líderes, han agotado las narrativas de la desvergüenza, pretendiendo encubrir la barbarie, con caridades y vanidades repudiables”.
De esta forma, el gobierno ha marcado un discurso frontal contra aquellos países que han condenado al régimen en instancias internacionales. En el caso de Canadá, desde 2018 respaldó los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los que se responsabiliza al gobierno de Ortega de ser el responsable de las muertes de 328 personas en el marco de las protestas antigubernamentales.