El 2 de septiembre, Ana Julia Guido caminó por la Plaza La Fe para entregar un reconocimiento al general del Ejército, Julio César Avilés. Era un evento público en el que los jerarcas de las instituciones del Estado mostraron reconocimiento por el 47 aniversario de la fundación del cuerpo armado. Esa noche fue la primera vez que Guido, vestida con una blusa roja y un pantalón negro, fue presentada como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Luego de entregar la placa, ella se giró para saludar sonriente a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Un día antes, esta mujer de 67 años fue juramentada como nueva presidenta de la Corte, después de 10 meses de ser electa magistrada, en un proceso de purgas y reordenamiento que ejecutó Rosario Murillo en el sistema de justicia para colocar a sus fichas más leales.
Guido asumió el máximo cargo en el órgano judicial después de ser señalada por dirigir la maquinaria acusadora que procesó a presos políticos tras las protestas de 2018, según organismos internacionales. “La Fiscal General transmitía instrucciones políticas a fiscales y jueces en relación con las personas que debían ser enjuiciadas”, explica un informe del Grupo de Expertos de la ONU.
No obstante, en cada entrevista que ha ofrecido a los medios de propaganda del régimen, Guido ha dicho que se siente orgullosa de su militancia sandinista.
La jerarca judicial es originaria de una familia campesina de Matagalpa que apoyó la lucha guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) contra el dictador Anastasio Somoza Debayle. Desde adolescente se integró al partido y participó en varios operativos, entre ellos, el asalto a una agencia rural del Banco Nacional de Nicaragua en Abisinia, Jinotega, en 1974.
Luego del triunfo de la insurrección popular en 1979, fue asignada al Ministerio del Interior, un órgano estatal que dirigía el fundador del partido, Tomás Borge, para resguardar la seguridad pública, vigilar, espiar y atentar contra opositores. Después formó parte de la Policía Nacional durante 27 años; fue propuesta por el mismo Frente Sandinista como Fiscal General Adjunta en 2006 y en 2014 fue nombrada Fiscal General. Ha sido funcionaria pública desde hace 47 años, “lo que tiene la revolución”, dijo en la misma entrevista con Canal 8.
El premio a una funcionaria clave en la represión
Desde su cargo como Fiscal General se convirtió en una pieza clave en el engranaje de la represión de las protestas pacíficas de 2018. “Ayudó a formar un grupo de fiscales que colaboraron con la Policía Nacional de Nicaragua, sancionada por Estados Unidos, para fabricar casos contra presos políticos. Además, Guido creó una unidad especializada que se ha dedicado durante los últimos dos años a presentar cargos contra manifestantes pacíficos”, justificó el Departamento de Estado en las sanciones contra la actual magistrada en octubre de 2020. La nueva presidenta de la Corte también fue sancionada por Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza.
El nombramiento como presidenta de la Suprema Corte de Nicaragua es visto como un premio a la lealtad de Guido con la pareja presidencial, al utilizar al Ministerio Público como “una maquinaria acusadora” en contra de los opositores, según juristas y especialistas en derechos humanos consultados por DIVERGENTES.
“El nombramiento de Ana Julia Guido viene a refrendar ese segmento de funcionarios leales del régimen Ortega-Murillo”, dijo el abogado y máster en derechos humanos, Uriel Pineda. “Si hay que reprimir, la Corte Suprema de Justicia corresponderá de la mano de Guido”, añadió.
Los especialistas señalaron que este nombramiento también es una forma de devolver el estatus de Guido en el régimen. A partir de la creación de la Procuraduría General de Justicia–antes era Procuraduría General de la República (PGR)–, en agosto de 2025, el Ministerio Público fue absorbido. De manera que Guido quedó subordinada a la procuradora Wendy Morales Urbina.
Entonces, el régimen la nombró magistrada tres meses después, en noviembre de 2025, y ahora fue elegida como presidenta de este órgano del Estado, “para que no sintiera que la estaban relegando”, según los abogados consultados.
Le entregaron la Fiscalía pese a que no cumplía requisitos
El Ministerio Público fue creado el 17 de octubre del 2000 a través del pacto Alemán-Ortega, el arreglo político de los dos caudillos, Arnoldo Alemán por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) –partido gobernante en ese momento– y Daniel Ortega por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)–partido de oposición–. El pacto consistió en el reparto de poder en todas las instituciones del Estado.
Como parte de ese pacto, nombraron a Julio Centeno Gómez, leal al PLC, como Fiscal General, mientras que Ana Julia Guido, del FSLN, fue electa como Fiscal General Adjunta. Sin embargo, Guido no cumplió con los requisitos para ocupar ese cargo. En específico el de haber ejercido la profesión de abogacía por lo menos durante 10 años, según establecía la Constitución para ser nombrado Fiscal General o Adjunto.
El jurista Juan Diego Barberena, quien ha realizado investigaciones del Ministerio Público, aseguró que Guido llegó a ser nombrada Fiscal General Adjunta por el pacto Alemán-Ortega –una Comisión Especial de la Asamblea dictaminó que cumplía los requisitos de ley–, pero este nombramiento es nulo por no cumplir con las calidades para el cargo, que establecía los 10 años de ejercicio como abogado.
Guido se graduó como licenciada en Derecho en la Universidad Centroamericana (UCA) –confiscada por el régimen en 2023– desde 1994 y como máster en Derecho Penal y Procesal Penal en la misma universidad en 2001. Pero en ese tiempo, durante 27 años (entre 1989 y 2006), fue miembro de la Policía Nacional, donde llegó a ocupar el cargo de Subdirectora. El punto es que el Reglamento de Ética de la Policía, prohibía a los policías el ejercicio de la abogacía y el notariado, por lo que Guido nunca ejerció como abogada.
“El nombramiento es nulo y, por lo tanto, tampoco cumple con los requisitos para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Su carrera como abogada estuvo suspendida, mientras estuvo en la Policía y en la Fiscalía”, aseguró Barberena.
Inició el control del FSLN en la Fiscalía desde 2007
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nombró para investigar los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, concluye que el nombramiento de Guido como Fiscal General en 2014 “fortaleció la política de control por parte del FSLN sobre el Ministerio Público”, un proceso que comenzó en 2006 cuando Guido fue electa Fiscal General Adjunta por una Asamblea Nacional dominada por el FSLN.
“Su afinidad con el Gobierno nacional se ha materializado en decisiones y actos institucionales concretos motivados en razones políticas partidarias”, afirma el GIEI, y pone de ejemplo la decisión de eliminar de hecho los concursos públicos para elegir a funcionarios del Ministerio Público. Esto permitió el ingreso a la institución de personas con vínculos o afinidad con el FSLN. “De esa manera se condicionó la estructura interna de la Fiscalía”, añade el documento.
Una vez nombrada como Fiscal General, Guido inició un proceso de reubicación de aquellos fiscales no vinculados con el FSLN. Sin embargo, en abril de 2018 adquirió mayor relevancia, cuando inició una persecución política contra fiscales independientes y profesionales, que finalmente terminaron renunciando a sus funciones.
Pese a que el período de cuatro años en el cargo venció en 2018, Ana Julia Guido siguió como Fiscal General, sin ser electa, por una disposición constitucional aprobada en 2014, que establece que los funcionarios se mantendrán en el cargo, una vez vencidos sus mandatos, mientras no se nombre a sus sustitutos.
Hijos y allegados de Guido trabajando en el Ministerio Público
Durante los 11 años al frente de la Fiscalía, Guido se rodeó de exmiembros de la Policía. Por ejemplo, el Fiscal General Adjunto, Julio César González Sandoval, fue Comisionado Mayor, mientras que el Inspector General, Douglas Roberto Vargas Flores, fue capitán de la Policía Nacional.
Vargas fue el “protegido de siempre” de la magistrada, según fuentes del Ministerio Público. La esposa, la hija y el yerno del Inspector General trabajaban en el Ministerio Público hasta el 2020. Esto era incompatible de acuerdo con el reglamento de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que establecía como requisito que los servidores públicos: “No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la autoridad contratante o que efectúa el nombramiento”.
Fuentes del Ministerio Público expresaron que en cada sede departamental de la institución existía un secretario político del partido que no necesariamente era el Fiscal departamental. Por lo general, los fiscales de la localidad mantienen posiciones dentro de las estructuras del partido. En Managua, por ejemplo, Guido orientó a los funcionarios a cumplir funciones políticas en su barrio, dentro de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) o Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS).
En esta operación de cooptación, Guido nombró a su hijo, Camilo Romero Guido, como coordinador de la Fiscalía departamental de Managua. Camilo no aparece registrado como abogado de la Corte Suprema de Justicia, pero las fuentes apuntan a que tenía “mucho poder sobre los fiscales” de todo el país.
Ana Valeria Romero Guido, otra hija de la ahora presidenta de la Corte, era su asistente personal en la Fiscalía. Ana Valeria sí es licenciada en Derecho por la UCA e incluso impartió algunas clases en esta universidad.
Otra allegada, Guiselle Tamara Borge, hija del Comisionado General en retiro, Fernando Borge Aguilar, fue nombrada por Guido como fiscal del Distrito V y coordinadora de los Centros de Atención Fiscal (CAF) en las delegaciones policiales de Managua. Todo este engranaje le iba a servir a Guido para activarlo durante y luego de las protestas de 2018, y de esta forma reprimir y encarcelar a activistas y opositores.
La actual jerarca de la Corte fue incluida en una lista de 54 responsables de violaciones y crímenes en Nicaragua desde 2018, en un informe publicado el 3 de abril de 2025 por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU.
El informe establece “la manifiesta falta de autonomía fiscal”. Los expertos recabaron información sobre cómo Ortega y Murillo daban órdenes directamente o por medio de Néstor Moncada Lau, asesor presidencial en seguridad e inteligencia, a la entonces Fiscal General, Ana Julia Guido, y al Inspector General del Ministerio Público, Douglas Vargas Flores, para que supervisaran las acciones coordinadas de investigación entre policías y fiscales en Managua y demás departamentos del país.
Así fabricaban los casos
Para elaborar los informes con las evidencias necesarias para el tipo penal determinado, los investigadores policiales trabajaban con fiscales a cargo de los casos. De manera que tanto Guido como Vargas crearon un grupo reducido de fiscales, encabezado por Javier Antonio Morazán Chavarría, jefe de la Unidad de Crimen Organizado, que se reunía en lo interno del Ministerio Público.
“Javier Antonio Morazán Chavarría recibía directrices para la construcción de estos casos fabricados que dieron pie a una ulterior confiscación, bajo la supervisión de Ana Julia Guido Ochoa y de Douglas Roberto Vargas Flores”, asegura el informe.
Una fuente del Grupo de Expertos de la ONU explicó que esta Unidad de Crimen Organizado se reunía, en secreto, con altos mandos de la Policía. “Estaban amarrando los casos y en el camino iban capturando gente de las marchas, gente que participaba en las redes, líderes sociales y políticos. En eso la oficina de Morazán fue clave”, añadió la fuente.
El abogado Juan Diego Barberena sostuvo que esta unidad fue la que se activó a partir de 2018 para imputar delitos políticos. “El que estructura toda la arquitectura de persecución penal, bajo las órdenes de Guido, es Javier Morazán”, aseguró Barberena, quien realizó una investigación al respecto.
Morazán fue un destacado fiscal que llegó de la mano del ex Fiscal General, Julio Centeno Gómez, e incluso recibió un reconocimiento en 2013 por parte de John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos de Barack Obama, por su labor en la lucha contra la trata de personas.
El grupo que lideraba Morazán en la Fiscalía trabajaba en una oficina especial con el equipo de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, particularmente con los departamentos de Droga, Crímenes Violentos, Delitos Informáticos y Delitos Especiales, así como el Registro de Control de la Dirección de Armas de Fuegos, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, y el Instituto de Criminalística y Estudios Forenses de la Policía Nacional. Todos asumían la tarea de producir pruebas incriminatorias, según los investigadores.
“Esta labor incluyó la elaboración de informes periciales balísticos, informes de inspección de escena del crimen y reconocimiento de personas, requisas y ocupación de equipos informáticos y otras pertenencias personales. Incluyó también la extracción de información digital y creación de perfiles falsos y publicaciones en redes sociales, falsas pruebas testimoniales y documentales y otros elementos utilizados como base para sustentar acusaciones en contra de personas opositoras o percibidas como tales”, detalla la investigación.
Antes de que se aprobara la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, en 2020, el régimen revestía los casos políticos con delitos comunes. Fue así que a los presos políticos se les dejó de imputar delitos como “terrorismo” para aplicar “traición a la patria” o “menoscabo a la integridad nacional”.
El 3 de septiembre, en una entrevista con Canal 4, la magistrada dijo que luego de 2018, el régimen tuvo que reformar leyes, como la Ley de Ciberdelitos, la Ley contra el Crimen Organizado, la Ley Antilavado y reformas al Código Penal “para proteger al Estado y a los nicaragüenses”. Guido dijo que los manifestantes cometieron “actos de terrorismo” y acciones destinadas a “atentar contra la Constitución”, que no estaban previstos en las leyes. Entonces, se reformaron leyes y se endurecieron las penas, expresó la jerarca.
Según el informe de la ONU, bajo las órdenes de Guido se exigía a fiscales auxiliares, ajenos a los casos, que firmaran acusaciones y las defendieran. Se designó a fiscales de confianza para llevar audiencias en procesos de interés político, y esto, incluso, provocó una ola de renuncias de fiscales, porque eran forzados a firmar acusaciones que no conocían. Los fiscales llegaron a presentar actas de detención con datos falsos o con omisión de datos de fecha de detención, por ejemplo.
El abogado Uriel Pineda explicó que la Fiscalía fue “un eslabón represivo determinante” dentro del andamiaje político y jurídico a partir de 2018.
Pineda consideró que el nombramiento de Guido significa que continuará la represión y la concentración del poder por parte del régimen Ortega-Murillo. “El mensaje que se envía es que el régimen hará lo que tenga que hacer para mantenerse en el ejercicio del poder”, analizó.
Guido: “Necesario enfrentar y frenar la desinformación del exterior”
El 25 de agosto, en nombre de la Corte, Ana Julia Guido respaldó las reformas constitucionales para eliminar la competencia política en Nicaragua. Ese día dijo que para garantizar que la voluntad popular se exprese libremente y sin condicionamientos ni influencias externas, “resulta necesario enfrentar y frenar la desinformación proveniente del exterior que pretende incidir en los asuntos internos y generar condiciones de desestabilización”.
La magistrada dijo que “la defensa se extiende hoy al ciberespacio” y que la transformación digital exige fortalecer ciberseguridad y soberanía digital “frente a la manipulación informativa y al uso indebido de datos y tecnologías con fines de influencia política, protegiendo así nuestros procesos electorales de interferencias externas”.
La magistrada añadió que la inteligencia artificial y la segmentación algorítmica representan nuevos desafíos, “al permitir influir en la opinión pública y en el comportamiento electoral, planteando nuevos desafíos para la protección de la soberanía de los procesos democráticos y la libre formación de la voluntad del electorado”.
El nombramiento al frente de la Corte no es un cargo menor. Incluso después de las reformas constitucionales impulsadas por el régimen en los últimos dos años, que degradaron a la Corte de poder del Estado a simple órgano estatal, este conserva atribuciones decisivas dentro del sistema político.
El abogado Juan Diego Barberena explicó que el sistema judicial “todavía tiene las llaves” del resto de órganos del Estado. Por ejemplo, pudiera declarar inconstitucionales las leyes que ha aprobado el régimen.
“Si en algún momento hubiera una transición política en Nicaragua, el órgano judicial tiene la suficiente capacidad para convertirse en un instrumento clave de un nuevo gobierno, al declarar inconstitucionales todas las leyes que el régimen ha aprobado”, analizó el abogado.
Ortega y Murillo necesitaban a alguien leal y dispuesto a cumplir sus órdenes en un órgano del Estado clave, según los especialistas consultados. La persona que lo ha demostrado durante casi medio siglo es Ana Julia Guido.