Ana Margarita Vijil al ser condenada por la dictadura: “Soy presa política” 

La activista firmó de esa manera, en acto de resistencia, la condena impuesta tras un juicio espurio. Ese acto de dignidad marcó la segunda jornada de juicios políticos, en la que, además, aseguró que será una defensora de derechos humanos toda su vida. La justicia orteguista dictará su sentencia el próximo lunes. Durante el juicio la Fiscalía no presentó testigos, tan solo un video el que no se demuestra la culpabilidad de la activista.


La activista política Ana Margarita Vijil, integrante de la Unión Democrática Renovadora (Unamos) fue declarada culpable de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” en un juicio político hermético y extenso. El patrón ha sido el mismo que el de la jornada anterior: los abogados y familiares que tuvieron acceso al proceso quedaron incomunicados. La justicia del régimen sellará su sentencia el próximo lunes. Cuando le pidieron firmar el acta, la activista escribió debajo de su nombre la frase “presa política”. 

Tras la declaración de culpabilidad, Pinita Gurdián, madre de Ana Margarita, hizo público un comunicado en el que aseguró que su familia es una víctima más del régimen. “Han alterado nuestra paz y tranquilidad, creándonos tal zozobra que me ha puesto al borde de la muerte. Todo esto por haber apresado ilegalmente a mi hija, por haberla mantenido en estado de desaparición forzosa por 80 días, por haberla mantenido en una celda aislada y privada de todo por 235 días, porque hasta hace unos días apenas le pudimos dar una frazada, porque no le hemos podido pasar comida y porque está siendo juzgada por ‘delitos’ que no ha cometido, y porque no se han respetado las condiciones básicas de legalidad jurídica”, aseguró en una transmisión en vivo. 

Gurdián relató que al hacer las palabras de cierre, Vijil se declaró como “defensora de los derechos humanos” y agregó que era una labor que seguirá haciendo por el resto de su vida. La activista fue presidenta de Unamos, antes Movimiento Renovador Sandinista, uno de los grupos políticos contra el que más se ha ensañado la dictadura Ortega-Murillo por el carácter disidente de sus integrantes. 

Vijil fue arrestada el 13 de junio, junto a la comandante guerrillera Dora María Téllez, una de las figuras históricas del sandinismo en los años setenta. Ambas han sido sometidas a un aislamiento carcelario en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), lugar al que han sido confinados la mayoría de los presos políticos que el régimen encarceló en pleno año electoral. 

“Ante esta terrible situación, yo demando libertad y justicia para mi hija Ana Margarita, para mi nieta Tamara, para las más de 170 personas presas políticas, para todas las víctimas de esta tragedia y para Nicaragua entera”, agregó Gurdián. 

La defensa no dio mayores detalles a los familiares, según pudo constatar este medio. La Fiscalía dictará sentencia el próximo lunes. En la jornada anterior se supo que el Ministerio Público solicitó 15 años de cárcel para el delito de “conspiración”.

La dictadura reanudó los juicios políticos este primero de febrero, mientras familiares de detenidos y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) hicieron el llamado a un diálogo con el fin de liberar a los encarcelados. El régimen ignoró dicha disposición y apuró los procesos contra los opositores, los que –de momento– están agendados hasta el 24 de febrero. Los detenidos durante la jornada represiva que el régimen ejecutó a mediados de 2021 ascienden a 40. Desde entonces, el régimen ha radicalizado su represión y procesa a las voces críticas con alguna de las leyes creadas para cazar disidentes, como la Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo o Ley de Ciberdelitos, ambas aprobadas por la Asamblea controlada por Ortega.

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