Yader Parajón y Yaser Vado González, conocido como “Muhamar” Vado González, fueron declarados culpables de los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” (en el caso de ambos) y de “propagación de noticias falsas” (en el caso de Vado González). La Fiscalía pide penas de 15 para el delito “conspiración” y cinco por el de “propagación de noticias falsas”. Ambos fueron los primeros presos políticos de la escalada represiva del 2021 en ser sentenciados. Los juicios se llevaron a cabo en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y fueron a puertas cerradas, bajo la nutrida presencia de antimotines. Los familiares de los detenidos no pudieron ingresar y los abogados fueron incomunicados. Para defensores de derechos humanos, estas anomalías van a marcar la tónica de las audiencias.
“Otra ilegalidad es que a Parajón lo juzgaron por conspiración, y ese es un delito que tiene que ser juzgado por jurado y por no un tribunal técnico”, explicó la directora del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), lo que representa otra irregularidad de la dictadura.
De esta manera la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo inicia el calendario de las acusaciones contra los presos políticos que encarcelaron en pleno año electoral. Cada día, hasta el 24 de febrero, serán juzgados entre uno y dos presos políticos según informó una fuente a DIVERGENTES. Los primeros fueron Parajón y Vado González, detenidos en momentos diferentes pero juzgados en un mismo proceso.
Para expertos en Derecho esto representa una nueva violación de la garantías procesales que el régimen ha realizado de manera sistemática desde sus detenciones. Este lunes, el Ministerio Público violó la presunción de inocencia al tildar de “delincuentes” y “criminales” al grupo de procesados.
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Parajón fue detenido el cinco de septiembre en la frontera de El Guasaule, al límite con Honduras. Es hermano de Jimmy Parajón, uno de los jóvenes asesinados durante las protestas de abril en los alrededores de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli). Tras su detención, la Fiscalía justificó su encarcelamiento “por estar siendo investigado por la Policía Nacional por tener indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055 y el Código Penal. Presuntamente ha realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua. Asimismo, ha celebrado la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.
Vado fue capturado el seis de noviembre, en las detenciones realizadas en la víspera de las elecciones sin competencia que impusieron Ortega y Murillo. Es miembro de la Unión Democrática Nicaragüense (Unamos, antes Movimiento Renovador Sandinista, MRS) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Es acusado del mismo delito, más el de “propagación de noticias falsas”.
Defensores incomunicados
Desde que ingresaron a la DAJ, los familiares no tienen noticias de los defensores, porque los abogados fueron incomunicados al entrar. “No se sabe qué está pasando adentro”, aseguró Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), quienes acompañan los juicios. “Para una audiencia es demasiado, a mí me parece que están juntando de una sola vez la audiencia para salir a la hora que se les ocurra salir condenados, y eso va a servir para seguir intimidando”, agregó la abogada.
Además, los familiares de Parajón y Vado relataron que durante el juicio se pudo constatar la presencia de antimotines. “Son mecanismos intimidatorios que logran su objetivo, pero además afectan cualquier posibilidad de legalidad que pudiera haber, eso significa que fomentan la coacción en contra de los procesados si no en contra de abogados defensores y cualquier diligencia que se realiza. Hoy ha habido un movimiento policial mayor que los otros días”, dijo Núñez.
Las anomalías en el proceso están desde la detención de los presos políticos, que en su totalidad fueron sin orden judicial y muchos bajo allanamientos violentos e ilegales. Los defensores tampoco han logrado acceder a entrevistas privadas con los acusados y algunos han sido amenazados con el fin de que abandonen los casos.
“Aquí se ha dado violación a garantía del debido proceso y constitutiva de violación a derechos humanos. No pueden quedar en impunidad, no sólo Ortega y Murillo, sino todas las cadenas de mando”, reiteró Núñez.
Este grupo de más de 40 presos políticos son acusados de “cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos”. Fueron detenidos a partir de junio, cuando la dictadura emprendió una cacería contra aspirantes presidenciales, voces críticas y activistas de oposición. El fin, según los analistas, fue allanar el camino para un nuevo mandato en el que la pareja gobernante garantizara su permanencia en el poder sin competencia política.
El anuncio de los juicios llega cuando los reos de conciencia atraviesan una delicada situación de salud; pérdida de peso, shock emocional y agudización de enfermedades crónicas son algunos de los padecimientos que debido a la precaria condición han empeorado en prisión. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió apurar las condenas tras varios meses de suspensión, en los que alegaron “exceso de trabajo” en los tribunales. Los procesos judiciales iniciaron después de que el gran capital, representado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), reafirmó sus intenciones de sentarse con la dictadura para la liberación de “tres amigos”, en referencia a los directivos de la patronal encarcelados a mediados de año.