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“Apátridas”, ¿la nueva jugada de Ortega contra los presos políticos?

Los presos políticos de Nicaragua son nacionales nacidos en territorio nacional, y no pueden perder su nacionalidad ni ser declarados apátridas, mucho menos por razones políticas. Divergentes.

Los presos políticos implican serios cuestionamientos nacionales e internacionales para el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde que el régimen comenzó a llenar las cárceles de Nicaragua con precandidatos presidenciales, estudiantes, campesinos, periodistas y activistas políticos ha tratado de justificar los encierros bajo todo tipo de señalamientos, como “golpistas”, “vende patrias”, entre otros epítetos, al que se suma el más reciente: “apátridas”. 

“Se los deberían llevar a Estados Unidos, no son nicaragüenses, dejaron de serlo. No tienen patria”, dijo Ortega el pasado ocho de noviembre de 2021, un día después de las elecciones generales sin competencia, a través de las cuales selló su permanencia en el poder junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. El mandatario sandinista achacó a los presos políticos “la falta de amor,  servidumbre y servilismo a intereses apátridas”.  Pero, ¿qué significa ser un apátrida? ¿Puede un ciudadano nicaragüense ser calificado como “apátrida” por el simple hecho de oponerse a un régimen autoritario? ¿Busca la pareja presidencial que la comunidad internacional acoja a sus opositores para librarse de ellos? 

Antes que nada, la definición legal internacional de apátrida es “una persona que no es reconocida por ningún país como ciudadano conforme a su legislación”. En términos simples, esto significa que una persona apátrida no tiene la nacionalidad de ningún país. Algunas personas nacen sin Estado, pero otras se convierten en apátridas.

La apatridia puede ocurrir por varias razones, incluida la discriminación contra determinados grupos étnicos o religiosos o por motivos de género. También por la aparición de nuevos Estados, las transferencias de territorio entre los Estados existentes y vacíos en las leyes de nacionalidad. Cualquiera que sea la causa, la apatridia tiene graves consecuencias para las personas en casi todos los países y en todas las regiones del mundo. 

Sin embargo, en la Ley N° 149, Ley de Nacionalidad explica que los y las nicaragüenses son nacionales o nacionalizados. En el caso de los nacionales son todos aquellos nacidos en territorio nacional, los hijos de padre o madre nicaragüenses, los nacidos en el extranjero de padre o madre que originalmente fueron nicaragüenses, siempre y cuando lo soliciten después de alcanzar la mayoría de edad o emancipación. De igual manera, los infantes de padres desconocidos encontrados en territorio nicaragüense y los hijos de padres extranjeros nacidos a bordo de aeronaves y embarcaciones nicaragüenses, siempre que estos lo soliciten.

En esta misma ley, en la sección II explica la pérdida de la nacionalidad. El artículo 15 expone que “los nacionales perderán la nacionalidad nicaragüense cuando en forma voluntaria se nacionalicen en un Estado extranjero, excepto que adquieran la nacionalidad de otro país centroamericano o se beneficien de un convenio de doble nacionalidad”. El artículo 16 deja en claro que ningún nacional de Nicaragua podrá ser privado de su nacionalidad por una causa distinta de la mencionada en el artículo anterior.

Igualmente, el artículo 20 de la Constitución Política declara que “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”. 

No obstante, el régimen ya tiene antecedentes de quitar la nacionalidad a personas nacionalizadas nicaragüenses. Un ejemplo es el caso de Ana Quirós quien vivió más de 30 años en Nicaragua y fue despojada de su nacionalidad nicaragüense a finales del año 2018 como represalia por su activismo. Por otro lado, los Ortega-Murillo han otorgado la nacionalidad a personas extranjeras aliadas a su gobierno, entre ellos se encuentran prófugos de la justicia como los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén junto a sus familiares. El caso más famoso de prófugos viviendo en Nicaragua y nacionalizado por Ortega, es el del italiano Alessio Casimirri, quien afronta varias solicitudes de extradición por el secuestro y asesinato del ex primer ministro de justicia italiana, Aldo Moro, en 1978.

EFE/Bienvenido Velasco

El 14 de mayo de 2013, la Asamblea Nacional aprobó dos decretos que ratifican la adhesión del país a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de las Naciones Unidas, con el fin de promover la adquisición o retención de la nacionalidad para aquellas personas que la han perdido.

“El Estado de Nicaragua está asumiendo un compromiso de proteger a las personas consideradas apátridas, para que sean protegidas en nuestro territorio nacional y respetar plenamente los derechos de las personas migrantes, de sus familias”, afirmó en ese entonces el diputado sandinista Carlos Emilio López.

El fallecido diputado sandinista Jacinto Suárez, quien presidía la Comisión del Exterior de la Asamblea Nacional en ese entonces, explicó que “se pretende defender el elemento fundamental del ser humano, a tener un nombre y una nacionalidad”.

La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas es un tratado multilateral de 1954 de las Naciones Unidas que pretende proteger a los apátridas. La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron aprobadas el 10 de diciembre de 1948. 

El Artículo 15 de la Declaración afirma queː

  • Todo individuo tiene derecho a tener una nacionalidad.
  • Nadie puede ser arbitrariamente privado de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Desde septiembre de 2016, las Naciones Unidas tiene 91 signatarios de la Convención, entre ellos Nicaragua. Por tanto, a la luz de la legislación nacional e internacional, los presos políticos de Nicaragua son nacionales nacidos en territorio nacional, y no pueden perder su nacionalidad ni ser declarados apátridas, mucho menos por razones políticas.

Un guiño para la comunidad internacional  

La Policía detiene a una activista política en Managua. Archivo.

En cambio, el régimen sandinista pretende ir a fondo con la apatridia. La vicepresidenta Murillo dijo que el cuestionado nuevo gobierno que su esposo asumirá este próximo diez de enero ha desterrado “la maldad, los odios, las indignidades, los antivalores, el apatridismo o vendepatrismo y nos estimule, y aliente y motive para caminar paso a paso en luces de horizontes comunes, luces sobre luces, en estas sagradas tierras”.

“Lo que pareciera estar detrás de esta amenaza velada es expulsar de Nicaragua a quienes no estén dispuestos a repetir el discurso del régimen, a bajar la cabeza ante la pareja presidencial. Pero por otro lado pareciera indicar que están haciendo un llamado a la comunidad internacional para que se ofrezcan a recibir a estos presos políticos, creyendo que así van a poder librarse de la oposición y el liderazgo”, dijo Ana Quirós, quien desde su expulsión habita en Costa Rica. “Nada positivo abona este discurso. Es otra forma más de violar los derechos de los nicaragüense a manifestarse en libertad”. 

El analista político, Eliseo Núñez, considera que el Frente Sandinista es un partido, que salvo al nacionalismo a la ultranza anacrónico, en el resto de cosas no tiene una ideología definida; tiene políticas económicas de derecha mezclado con populismo de izquierda, ataques antiimperialistas pero lo único que tiene es eso, el nacionalismo. 

“Como muchas de las cosas que hace el Frente, es un discurso para su propia gente… Ellos saben que el tema de haber echado presos a toda la competencia y competir solos ha afectado el orgullo, la moral de su gente porque sienten que Ortega lo que les dijo es que no son capaces de ganarle a nadie, que tenía que competir solo. Buscan como acuñar el término apátrida para justificarse ante un público que tienen alrededor, que lo único que tienen en común el Frente es ese nacionalismo”.

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