La situación es tensa, casi a punto de “guerra fría” entre la fiscal general del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Consuelo Porras, y el presidente Bernardo Arévalo. Por un lado, la jefa del MP continúa minando el camino de los integrantes del Movimiento Semilla, partido con el que Arévalo ganó la presidencia.
Esta vez la fiscalía investiga al diputado Samuel Pérez, quien el 14 de enero logró, con ayuda de aliados, frenar el golpe de Estado, y fue él quien impuso la banda presidencial a Arévalo y a la vicepresidenta Karin Herrera.
En tanto se conocen detalles de este, que sería un nuevo proceso legal, en gran parte de la sociedad guatemalteca y diversos grupos políticos se mantiene el clamor para que Porras salga del MP.
Los pueblos indígenas se mantuvieron, en 2023, durante 106 días frente a la sede central del MP exigiendo la salida de Porras y 106 000 ciudadanos firmaron un documento pidiendo su salida. A ellos se unió Bernardo Arévalo quien, antes de asumir la presidencia, le pidió la renuncia de manera pública.
Consuelo Porras ya respondió y lo hizo a través de las redes sociales institucionales del Ministerio Público. En un video se le escucha decir que no dejará el puesto. En su lugar, contraatacó e invitó al mandatario a una reunión a la cual finalmente acudió el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
Esa jugada por algunos políticos podría considerarse como una pérdida para el gobernante; aunque él mismo respondió que no se trataba de ganar o perder.
Desde esa fecha la relación se tensó, pero cesaron las invitaciones mutuas y para estos días, Arévalo se ha concentrado en los quehaceres del despacho y tomar las acciones necesarias para brindar los resultados en los primeros 100 días de gobierno.
Mientras el Ejecutivo sigue nombrando a directores de instituciones, algunos cuestionados por ser de la llamada “vieja política”, la fiscalía mantiene su persecución contra defensores de derechos humanos, periodistas, jueces y fiscales que se mantienen en el exilio.
Aunado a ello, la persecución contra trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, la institución que tuvo a su cargo el proceso electoral 2023 y validó los resultados que dieron como ganadores a Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
Dura salida
Porras parece haber construido su casa en tierra firme, con apoyo primero de Jimmy Morales y luego de Alejandro Giammattei y los alfiles designados para cubrir con manto de impunidad las acciones de cada uno de los actores.
Las leyes en este país centroamericano dan dos salidas para ponerle fin a la gestión de un fiscal general. La remoción o destitución con causa justificada y la renuncia.
En el primer camino, el presidente de la República tiene la potestad de remover al fiscal general, aunque con una limitante siendo solo por una causa justificada.
La Constitución Política establece que esa razón justa es que se hubiese cometido un delito doloso durante el ejercicio de su función. Y le agrega que se podrá remover si existe una sentencia condenatoria y que ésta esté ejecutoriada, es decir, que se agoten los recursos legales previstos por la ley.
Con este panorama, la salida de Consuelo Porras podría demorar más de lo previsto por el mismo Arévalo.
Con este escenario pareciera que el mandatario tiene las manos atadas y que debería esperar hasta que termine el mandato de Porras que será en mayo de 2026.
FECI fracasó en 2023
En 2023 fueron las elecciones generales en Guatemala. El partido Semilla que propuso a Arévalo y Herrera como binomio presidencial no aparecía en las encuestas. La sorpresa fue en junio, cuando ambos lograron ganar un segundo lugar y colarse a la segunda vuelta de la elección presidencial.
Desde entonces, el MP empezó una persecución en contra de los miembros del partido Semilla, quienes denunciaron un intento por evitar que llegaran a la segunda vuelta. Incluso hubo allanamientos en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y secuestro de las papeletas con los resultados de las elecciones generales.
La acusación contra el ahora partido oficial del país centroamericano versa sobre supuesta falsificación de firmas de afiliados y que fueron entregados al TSE para formar dicha agrupación política.
Y no solo fue eso, se pidieron antejuicios contra los magistrados del TSE, que avalaron los resultados y se opusieron a desacreditar la elección de la primera vuelta. Actualmente cuatro de ellos están en el exilio y con orden de captura vigente.
La maniobra de un “golpe de Estado” de la FECI que dirige Rafael Curruchiche, un personaje considerado como actor corrupto por los Estados Unidos, consistía en asegurar que hubo irregularidades en la transmisión de los resultados y que así como se concretó un “fraude” para favorecer a Semilla.
Con esa acción intentó que se declararan “nulos” los resultados de las elecciones generales y así intentar que otro político vinculado con el expresidente Alejandro Giammattei pudiera llegar al poder.
Una de las promesas de campaña de Arévalo fue pedir la renuncia de Porras y acabar con la criminalización de operadores de justicia, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y políticos de oposición. Más de 50 guatemaltecos están fuera de su país.